El Ministerio de Trabajo de la provincia desconoce la conciliación obligatoria –

 

El lunes 2 de junio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de manera unilateral e ilegal, revocó la conciliación obligatoria que él mismo había dictado 48 horas antes. Esta medida ha constituido una escandalosa estafa jurídico-política a los trabajadores de Gestamp, y, al mismo tiempo, al conjunto de la clase obrera en la República Argentina.

En un hecho sin antecedentes jurídicos, ha borrado con el codo lo que había escrito con la mano. Se trata de un escándalo de inmensas proporciones y consecuencias que deja el llamado “derecho laboral” en suspenso: ¡a partir de ahora en más no se puede confiar e ninguna negociación ni compromiso de las autoridades, porque lo pueden incumplir cuando se les dé la gana, firmen lo que firmen!

 

La conciliación obligatoria en Gestamp

 

La conciliación obligatoria es una institución del derecho laboral que “congela” durante un lapso el estado del conflicto hasta el momento anterior al hecho que le dio origen. En el caso de los trabajadores de Gestamp, el único momento que puede ser tomado en consideración es el de los despidos, lo que significa que los trabajadores debían cesar con sus medidas de lucha y la patronal debía suspender los despidos y permitir que los compañeros reingresen a la planta y a sus puestos de trabajo.

Por regla general, esta herramienta del Estado burgués busca desmontar la lucha de los trabajadores y darle a la patronal mejores condiciones para ganar tiempo, desgastar y enfriar la lucha, y así lograr imponer los objetivos de la parte empresaria.

Hay que destacar que, formalmente, la conciliación obligatoria no es una medida que pide ninguna de las partes: es una atribución del Estado (sea nacional o provincial). Una vez que este la dicta, las partes están, en principio, legalmente obligadas a acatarla, so pena de entrar en la “ilegalidad”, algo que de todas maneras muchas veces deba hacer el colectivo de los trabajadores (no acatarla) si la conciliación está directamente puesta al servicio de cortarles su dinámica ascendente de lucha.

En la situación que nos ocupa, los trabajadores fueron injustamente despedidos y empezaron una lucha por sus derechos, lucha que está plenamente reconocida por el marco legal vigente. Incluso la medida más radical, la de la ocupación de la planta, es una acción válida que la jurisprudencia reconoce a los trabajadores como parte de la conflictividad laboral.

Como parte de esa lucha llegaron a la ocupación pacífica de la planta y por medio de esta acción forzaron al gobierno y la patronal (a desgano) a abrir una mesa de negociación. En el ínterin apareció el gobierno provincial e impuso la conciliación obligatoria con la finalidad de que las negociaciones se efectúen sin ninguna medida de lucha de parte de los trabajadores que condicione a Gestamp. No perdamos de vista que la crisis que supone la paralización de la Ford, Peugeot-Citröen y VW, y el riesgo que corría Gestamp de incumplir con estas multinacionales, eran muy grandes. Aunque la conciliación obligatoria es por definición una trampa para los trabajadores, en esta oportunidad tuvo un aspecto positivo: supuso que el Estrado provincial reconociese que estábamos ante un conflicto laboral colectivo, y no un hecho criminal penal. Este reconocimiento formal por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia fue una conquista de parte de los trabajadores y una derrota de la burocracia Verde del Smata, de la patronal y del gobierno nacional y provincial, que hasta el momento se dedicaron exclusivamente a ver cómo reprimir a los compañeros.

 

El gobierno desconoce la conciliación dictada por él mismo

 

Una vez dictada la conciliación, los trabajadores de Gestamp, en asamblea, decidieron acatarla y como muestra de su buena fe desocuparon la planta y se prepararon para ingresar a trabajar el lunes 2 según lo había dictado el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Pero allí ocurrió la canallada inédita. Una vez que los trabajadores acataron la conciliación, el gobierno provincial decidió que “no tenía más razón de ser” y la revocó. Es decir: ¡una vez que los trabajadores cumplieron con su parte, liberó a la patronal de cumplir con la suya!

La misma resolución revocatoria es una manifestación de su carácter clasista. En ella se reconoce que la conciliación dictada por la autoridad competente tenía como único objetivo desalojar a los trabajadores de la planta, y que una vez conseguido su propósito oculto, ya no tenía más razón de ser: “que a través de la inspección llevada a cabo se pudo constatar que ya no existe resistencia de los trabajadores involucrados que interrumpa el normal funcionamiento de la empresa. (…) Este organismo considera oportuno y conveniente volver a meritar las circunstancias (…). Que es evidente que el escenario fáctico difiere sustancialmente del que esta autoridad administrativa consideró al momento de tomar la decisión [conciliación obligatoria] (…) por lo tanto corresponde rever la medida dictada ante dicho cambio”.

Un verdadero escandalo que desnuda de pies a cabeza el carácter patronal del Estado argentino: ¡las normativas funcionan exclusivamente en contra de los trabajadores y en beneficio de las patronales!

En esta oportunidad, inclusive, han llegado más lejos: el Ministerio de Trabajo decidió violar todo criterio mínimo de “convivencia republicana”, puesto que ha reconocido que el dictado de la conciliación “obligatoria” fue un ardid pensado exclusivamente para desmontar la ocupación de la planta y favorecer a la multinacional española. El mismo Estado nacional se declara abiertamente aliado de las multinacionales contra los trabajadores en la Argentina.

 

Donde se acaba el derecho laboral

 

Los trabajadores debemos sacar todas las conclusiones de esta lucha ejemplar que dan los compañeros de Gestamp, que no sólo nos enseña el grado de entrega y valentía heroica de los compañeros, sino que además ha desnudado como pocas el verdadero rostro de la burocracia, del gobierno, el Estado burgués y todas sus instituciones.

No obstante esto, no nos conformamos con las “lecciones” que nos ofrece la patronal y su Estado. En la medida en que vivimos en el marco de una supuesta “república democrática”, exigimos que todos los funcionarios y organismos se ciñan al marco legal vigente que ellos mismos imponen a los trabajadores.

Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo de la provincia y Gestamp deben cumplir los términos de la conciliación obligatoria dictada el 31 de mayo, obligando a Gestamp a permitir el reingreso de los despedidos. Y exigimos la renuncia del Ministro de Trabajo de la provincia, Oscar Cuartango, y del director general de Inspección del mismo ministerio, Raúl Ferrara, que ha rubricado este escandaloso documento.

Martín Primo

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