por Diego Marcos

Hace ya un año, Rodrigo Correa (14) volvía a su casa luego de jugar a la pelota. Se bañó, saludo a su familia y salió con los amigos a caminar por su barrio, Billinghurst. A un par de cuadras de su casa se cruzó con Hugo Pos, oficial del GAP con un prontuario de excesos y “rebeldía” en esta fuerza, según le contó la fiscal de la causa a Julio Correa, padre de Rodrigo. El oficial, de civil y sin identificarse (según los testigos del hecho), empezó a dispararles a Rodrigo y sus amigos por la espalda matándolo e hiriendo a sus amigos. Luego de esto fue a hacer la denuncia a la comisaría 5° de Billinghurst, aduciendo que fue en defensa propia ante un robo. Fueron 15 las vainas encontradas en el lugar del asesinato perteneciente al arma reglamentaria de Pos y nada que incriminara a Rodrigo o sus amigos. Las pericias dieron como resultado que Pos disparó todo el cargador de su arma reglamentaria a una distancia de 32 metros.

Con bombos, carteles, banderas y cantando “las balas que nos tiraste van a volver” la familia, amigos y vecinos de Rodrigo Correa se movilizaron el pasado martes 17 por las calles de Billinghurst, San Martin. Marcharon desde su casa hasta donde fue asesinado para rendirle homenaje y pedir justicia, a un año de su fusilamiento. De allí fueron hasta la comisaría 5° que se encontraba vallada y protegida por infantería, con escudos y armas.

“Si mi hijo fuera algo de lo que dicen los medios me quedaría en casa, no saldría” cuenta Julio, el padre de Rodrigo, previo a la movilización. “Iba a ver a Chaca con el primo, le gustaba mucho el futbol. Tenía una zurda tremenda. También le encantaba andar en bici y hacer willy. Era un pibe normal de 14 años, nada más.”

Represión y amedrentamiento como política de Estado

El fusilamiento de Rodrigo no es un hecho aislado. Se dio en un municipio que destina sólo el 6% del presupuesto al desarrollo social y más del doble a seguridad (1). El partido de San Martín cuenta no sólo con la policía bonaerense y la montada (sumando la gendarmería a pedido de Patricia Bullrich), sino también más de 1000 cámaras de seguridad y su propia policía municipal. Esta suerte de militarización lejos está de traer tranquilidad a sus habitantes y sobre todo a los más jóvenes, más bien busca perpetuar la brutalidad e impunidad policial, como sucedió en el femicidio de Araceli Fulles, en el que estuvieron implicados policías de la bonaerense.

Todo esto en el marco del gobierno reaccionario de Mauricio Macri y la política de “seguridad”, o sea, represiva, a cargo de la ministra Bullrich, que desde su asunción endureció el accionar del aparato represivo estatal. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publicó un informe en febrero de este año que muestra las cifras de los casos de personas asesinadas por el Estado. Para ese entonces, en 721 días del gobierno de Macri las fuerzas represivas habían asesinado a 725 personas (un 44% del total por gatillo fácil), siendo este el gobierno que más asesinatos produjo desde la vuelta de la democracia. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos” le dijo Macri a Chocobar el pasado febrero, inaugurando la doctrina que lleva el nombre del policía que fusiló por la espalda a Pablo Kukoc. Todo un gesto político que legitima y ampara el gatillo fácil y la violencia policial.

Desde estas páginas acompañamos y nos solidarizamos con los familiares y amigos de Rodrigo. Sólo la más amplia movilización y organización independiente van a frenar el atropello de las fuerzas represivas asesinas contra los jóvenes en los barrios. Exigimos ¡Justicia por Rodrigo y cárcel al yuta asesino de Pos!

(1) http://www.sanmartin.gov.ar/noticias/se-aprobo-el-presupuesto-2018-en-san-martin-con-beneficios-para-jubilados-y-pymes/

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