El 20 de diciembre el Fiscal General de la Nación apeló el fallo que sobreseyó a los detenidos en la razzia policial del 1 de septiembre, en ocasión de la marcha al mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Se tratan de 25 páginas de una confesión de parte: los ideólogos de la burguesía vienen por todo.

Desde estas páginas venimos caracterizando un proceso de creciente polarización social, un fenómeno de “dos países” que se enfrentan cada vez con más dureza, como se demostró en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre. Esta polarización surge de la avanzada del gobierno sobre los derechos de los trabajadores que, lejos de confundir y hacer dudar a las masas, las define políticamente, hacia un lado o hacia el otro. Esa definición está volcando a sectores de los votantes macristas hacia el arco político opositor que va desde oposiciones meramente discursivas, nos referimos al espectro kirchnerista votador serial de todas las leyes de ajuste que propone el gobierno, hasta el trotskismo rojo. Se desata una batalla entonces por cuál es la estrategia a tomar para derrotar a este gobierno: la lucha en las calles organizando políticamente a cada vez más trabajadores, como venimos haciendo desde la izquierda, o esperar a las próximas elecciones, que es lo que proponen algunos sectores del kirchnerismo. Esta misma dinámica se replica en el otro polo: una lucha política está en curso para determinar quién y cómo se dirige el ataque contra los laburantes. Si bien el macrismo cuenta con una gran hegemonía, el gobierno tiene disputas internas y aparecen personajes de lo más siniestros que intentan “calificarse” como abanderados del proceso. Germán Moldes no es ningún arribista, viene construyendo un perfil de jurista de la derecha hace décadas, repasemos su prontuario.

¿Quién es Germán Moldes?

                El Fiscal General de la Nación fue denunciado en la década de 1990 por Jorge Rachid por ofrecerle coimas. Según este funcionario peronista, cuya palabra no tomamos al pie de la letra, pero que seguro refleja el tipo de operaciones que dispararon la carrera del fiscal, Moldes le ofreció una valija con dinero para “desmentir” un caso de corrupción dentro del gobierno menemista, alrededor de la privatización del Canal 11. Por supuesto, la causa contra Moldes, que también involucraba a José Luis Manzano, no prosperó.[1] José Luis Manzano, quien fue ministro de Interior de Menem, compraría luego América TV y América 24 durante esta década, haciendo varios de estos negocios con Francisco de Narváez. También se vincula a Moldes con Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE menemista, casualmente su sobrina sería propuesta por Moldes para ser nombrada fiscal adjunta de la Cámara Federal. Casualidades.

En 2013 fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, por demorar el proceso contra los acusados del encubrimiento del caso AMIA[2]. El fallecido fiscal Nisman lo señaló como el que dio la orden de no apelar el fallo que favorecía al ex ministro del Interior Carlos Corach y a un grupo de secretarios del ex juez Galeano.

En 2017 fue el centro de otro escándalo por negarse a hacer otra apelación de importancia. Fue la falta de apelación la que dejó caer la causa contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), con la cual tiene múltiples vínculos, evidentemente. También dejó en 2015 que el tiempo pase y se venza la posibilidad de apelar el sobreseimiento de Sturzenegger, actual presidente del Banco Central, por la causa del megacanje.

La apelación que sí hizo a tiempo

Todos estos casos -sólo nombramos algunos por ser los más altisonantes políticamente- nos llegan a través de la prensa, son los que llegan a hacerse públicos, pero hay que admitir que es difícil encontrar información sobre este siniestro personaje. Moldes volvió a las páginas de los diarios por apelar a la liberación de los detenidos en la razzia del primero de septiembre. El objetivo explícito de Germán Moldes es que los detenidos en casos de movilizaciones pasen un par de años en la cárcel, el objetivo es amedrentar la resistencia al ajuste. Sorprendería la cantidad de contradicciones y falacias lógicas y argumentales de la apelación si no entendiéramos que la misma no responde a la razón ni al derecho, sino a un fin político e ideológico: colaborar en la construcción de un Estado policial, represivo y persecutorio, despojando de toda su validez al derecho constitucional a la protesta social[3].

A lo largo de toda la apelación no se hace referencia alguna al legítimo derecho a la movilización como una forma válida de expresión política, se llama a los manifestantes “criminales”, “una hueste violenta y peligrosa de sujetos pendencieros y agresivos organizados”, “delincuentes”, “salvajes”, “turba de canallas y facinerosos” que formaron parte de un “iracundo tropel”: destila odio de clase. La argumentación del fallo que sobresee a algunos de los 31 detenidos en esa fecha, fallo que es apelado por Moldes, gira en torno a varios puntos. En primer lugar, se llama la atención sobre lo genérico de los informes policiales, aparentemente todos describen la situación general en la cual había personas tirando piedras y empujando las vallas, pero ningún informe da datos específicos de por qué esos individuos particulares fueron apresados, de qué se los acusa exactamente. El fallo además remarca que los policías que producen dichos informes no son los mismos que realizan la detención y ni siquiera son aquellos que trasladan a los detenidos, es decir, quien redacta el informe sobre la detención de 31 personas ni siquiera estaba en el lugar. Ante dicha situación se remite a la evidencia fílmica y fotográfica pero no se puede reconocer a ningún detenido en ninguna de las fotos ni filmaciones, motivo por el cual los sobreseen.

La argumentación del Fiscal General gira en torno a una imaginación sumamente prolífera, según la cual todos los manifestantes llevamos varias mudas de ropa para no ser identificables fílmicamente, según Moldes se trata de una planificada táctica distractiva que incluye disfraces de todo tipo:

                “Esto demuestra, que cada vez que tenemos la desgracia de asistir a un iracundo tropel, como el de la noche del 1 de septiembre, el paisaje se confunde con altas dosis de ‘travestismo’. Los actores intercambian sus atuendos entre sí para así eludir mejor la identificación y la tarea de los agentes del orden. A los que aquí nos ocupan, les tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o ‘El Zorro’.”

Muchos encontrarán un eco del tono de la Editorial de La Nación de hace algunos días donde se vincula a la izquierda con la FARC y Sendero Luminoso y no debe extrañar: es una sola la operación ideológico-mediática. Más allá de la transparente transfobia del fiscal se puede ver unos niveles de delirio bastante altos: aparentemente las carísimas cámaras fotográficas profesionales que el propio fiscal reconoce que fueron secuestradas a los detenidos serían parte de un atuendo, al igual que si llevaran una máscara con una Z y un sable de juguete. Tampoco reconoce el fiscal que hayan sido encontradas mudas de ropa entre las pertenencias de los detenidos: además de gastar miles de pesos en cámaras para hacerse pasar por periodistas los imputados comprarían ropa y luego la tirarían para distraer las investigaciones. Si los manifestantes son capaces de tamaña planificación para tirar algunas piedras, debemos estar en muchas mejores condiciones de lo que nosotros mismos percibimos. Empezando por la económica.

Germán Moldes no oculta su profundo odio hacia cualquier expresión popular en la calle ni su inmenso deseo de girar hacia una política de mano dura contra los trabajadores que se movilizan y reclaman por sus derechos:

“A mí (…) no me conmueven los cánticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho en los que se reclama ‘libertad a los presos por luchar’ cuando sé muy bien que no es precisamente por eso que están presos, las pocas veces en que realmente lo están, y que lo que deberíamos lamentar profundamente es que su prisión sea, por lo general, tan efímera y poco duradera.” (…) “Cada vez que asistimos a bochornos como los que aquí analizamos, nos amargamos al día siguiente al abrir el diario y enterarnos de las libertades de los partícipes sin más trámite que verificar su planilla de prontuario y un simple llamado telefónico a la comisaría para que les abran la puerta. Este paso fugaz por la dependencia policial lejos de constituir castigo, en ese círculo de relaciones se convierte en una mención honorífica que enriquece su curriculum.”

Es decir que a Moldes no le importa identificar efectivamente a las personas detenidas, no le importa si eran fotógrafos, manifestantes, si tiraron alguna piedra o si eso sólo lo hicieron infiltrados, el individuo no importa ante la máquina judicial: lo que se necesita es un castigo ejemplar que “eduque” a la población, que le haga temer a manifestarse. Está explícita en la argumentación de la apelación el sentido aleccionador que Moldes quiere darle a las razzias y las penas subsiguientes, la intencionalidad política detrás de los vericuetos legales:

“Los hechos que acabamos de ilustrar han recobrado hoy dolorosa actualidad. Las dos vergonzosas jornadas vividas en las inmediaciones del Congreso de la Nación en los últimos días (14 y 18 de diciembre) en ocasión del debate parlamentario por la reforma de la legislación previsional evidencian un patrón común con lo sucedido en la ocasión que originó estos actuados.” (…) “La gravedad y reiteración de la situación, la altísima posibilidad de que durante todo el año próximo (Argentina será sede de importantes eventos y reuniones internacionales) las calles vuelvan a ser zona ocupada por estas bestias.” (…) “La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes –lo que corresponde a otros Poderes del Estado-. En ellas deberán preverse como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad –mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, ‘armas tumberas’ u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados.”

Creemos que las palabras del fiscal hablan por sí solas, pero vale aclarar que la apelación termina considerando al garantismo una dañina doctrina que “no es más que el abolicionismo del derecho penal presentado y servido con edulcorante”.

Ante la organización de la derecha, ante los elaborados discursos que les pelean la conciencia a los trabajadores tenemos que redoblar la lucha en las calles. Tenemos que salir a explicarle a cada compañero que se suma a la lucha por qué peleamos, cuáles son nuestros métodos, cuáles son nuestros derechos y fortalecernos ante cada nuevo ataque. Tenemos que entender que los violentos son ellos y no abandonar ningún frente de batalla. Apostamos a la más amplia unidad de acción, a convocar a todos los honestos luchadores desencantados del kirchnerismo para darle pelea a un gobierno que no va a aflojar en su ofensiva. Desde estas páginas apostamos a construir la más amplia movilización contra la represión, contra el ajuste, contra todas las reformas antiobreras que quieran hacer pasar.

Violeta Roble

[1] http://www.eldestapeweb.com/el-hombre-que-mas-conoce-german-moldes-lo-acusa-ofrecer-coimas-n21407

[2]http://diariofull.com.ar/nota/1692/informe_los_muertos_que_guardan_en_sus_placares_los_fiscales_que_convocan_al_18f

[3] Recordemos que el derecho a la protesta social está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18, Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. También está reconocido el derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).

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