El ajuste también es para la Seguridad Social

El desarrollo contradictorio del sistema capitalista a nivel mundial ha llevado a que se multiplique la cantidad de seres humanos sobre el planeta; sólo entre 1970 y 2010 pasó de 2.600 millones a 7.000 millones, y además aumentará el promedio de vida: según datos de la OMS a mediados del siglo XX, alcanzaba los 48 años; en 2005 era de 65,6 años y de más de 80 años en algunos países desarrollados. (Roberto Sáenz, la dinámica del capitalismo, SoB 30)

Esto ha originado una crisis de los sistemas previsionales públicos, desarrollados en la posguerra, en el periodo conocido como del Estado del Bienestar Social: la solución implementada ha venido por el aumento de la edad jubilatoria, la baja del haber, y al aumento de las deudas públicas. Por otro lado, esto obliga al sistema de salud pública a brindar más prestaciones a un mayor número de personas; la solución ha venido por el mismo lado: menos prestaciones, menor inversión hospitalaria que la necesaria,  y por consiguiente, aumento colosal del negocio de la salud privada.

En nuestra país, esto se refleja en que el rubro  más importante del Presupuesto Nacional corresponde a las prestaciones sociales: 7 millones de jubilaciones y pensiones, más de 4 millones de asignaciones familiares y 4 millones de asignación universal por hijo.

Bajo el gobierno K se incorporaron al sistema previsional más de 2 millones de jubilados, reconociendo la situación de los que han trabajado en negro y por lo tanto no están en condiciones formales de jubilarse, debido al vicio estructural de los altos porcentajes de “informalidad laboral” que  han caracterizado la economía argentina durante las últimas décadas,  mediante la sanción de moratorias que permitían  a los trabajadores pagar los años sin aporte en hasta 60 cuotas. Como contrapartida, debido a la escasa actualización de los haberes, más de la mitad de los jubilados cobra el haber mínimo, y otro 30% cobra entre una y dos mínimas, con un haber promedio de todo el sistema de unos miserables $ 8.000 a diciembre de 2016.

Esta situación es producto de la legislación menemista que había limitado seriamente la actualización de los haberes jubilatorios, lo que fue declarado inconstitucional recién en 2009 por la Corte Suprema, mientras que en 2008 el kirchnerismo legisló un nuevo método de actualización,  pero sin reconocer ninguna actualización para atrás, lo que provocó  que hubiera, al asumir Macri, más de 300.000 causas  en trámite en el Fuero de la Seguridad Social, de jubilados reclamando la actualización de sus haberes. Una vez más, el kirchnerismo demostraba su inconsecuencia: mientras que por un lado permitía una amplia cobertura previsional, por otro convalidaba la legislación menemista que condenaba a millones a jubilaciones miserables. No sólo eso, sino que un fallo inédito; la Suprema Corte le ordenó a Cristina que “ANSeS lleve a cargo un acatamiento institucional de las decisiones de la Corte” y dejara de apelar los fallos que la obligaban a pagar reajustes jubilatorios, como una manera de dilatar su pago. Con un cinismo insuperable, el hoy diputado Diego Bossio, entonces director de la ANSeS, declaró hacer un “gran esfuerzo para pagar lo antes posible”. Cristina terminó su mandato con decenas de miles de sentencias firmes que obligaban al gobierno a reajustar jubilaciones en forma retroactiva y pagarlas: simplemente las ignoró.

Y entonces vino Macri 

El gobierno macrista de minoría parlamentaria logró la sanción de leyes importantes para su gestión, con la complicidad del bloque FpV-PJ en el Senado. Mientras los diputados kirchneristas discurseaban en contra, los senadores aprobaban. Así pasó con el pago a los buitres, la modificación de las ARTs, el blanqueo y el presupuesto. En particular, en el caso de la ley de blanqueo, el macrismo incorporó como excusa para el mismo la “Reparación Histórica” a los jubilados, que estableció la “oferta” de actualización de los haberes en 1995-2008 por un coeficiente de menos de la mitad de valor  al establecido por la Corte, a los más de 300.000 jubilados en juicio; además, en caso de no tener sentencia firme, el retroactivo sólo alcanza a los cuatro años, suponiendo quitas de hasta el 70%, de ahí, que sólo fue aceptada por el 13%  de los mismos.

El gobierno anuncia que habría además unos 2 millones de jubilados que no iniciaron juicio pero podrían hacerlo, que se verían beneficiados por la actualización del beneficio.

Según datos oficiales, ya se “beneficiaron” 1 millón de jubilados, pero 400.000 de los cuales tienen “reajustes de escasa significación”.

De cualquier modo, es tan grande la deuda social con los jubilados, que los 62.000 millones de pesos transferidos a la ANSeS producto de la recaudación por el blanqueo “le va a dar a la ANSeS los recursos que necesita y un poco más, por lo que podemos decir con tranquilidad que no va a necesitar recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad  por lo menos durante todo 2017”, según Prat Gay: o sea, a partir de 2018 va a tener que recurrir a sus reservas para pagar la actualización. Terminados los fondos del blanqueo, el gobierno presentará al sistema como inviable, y la salida que ya conocemos: reducción y ajuste (como en el caso de las pensiones por invalidez).

El problema es que no se prevén nuevos recursos para sostener al ANSeS; por el contrario, el gobierno insiste con “bajar el costo laboral e impositivo”; o sea, bajar salario y cargas previsionales y amaga como salida con el aumento de la edad jubilatoria.

Es que con una relación formal de 1.7 trabajadores aportantes activos por pasivo, (y de 1.3 si descontamos monotributistas y autónomos de escaso aporte) lo que hay que resolver es si se condena a los jubilados a la miseria de sostenerlos centralmente con ese aporte o si buscamos la forma de que puedan tener una vida digna.

Por supuesto que un paso inmediato es la regularización del empleo en negro, que permitirá aumentar la recaudación: los 4 millones de asignaciones familiares pagadas a los trabajadores formales, comparadas con los 4 millones de asignación universal por hijo pagada a trabajadores precarizados y desempleados, nos da una idea superior al 33% oficial de “empleo no registrado”.

Pero este paso necesario no será suficiente: son los grandes empresarios que acaban de blanquear 110.000 millones de dólares, que se quejan cínicamente de la “elevada presión tributaria”, los que deberán pagar los impuestos que siempre evadieron, lo que permitirá que podamos como sociedad cumplir con nuestros trabajadores pasivos.

Haber mínimo equivalente al valor de la canasta familiar

Jubilación para todxs los trabajadores en negro

82% móvil 

Pago inmediato de todos los juicios con sentencia

Marcelo Giecco

Precandidato a Senador Provincial

Dejanos tu comentario!

  • Nuestra Prensa – SoB 440

  • Suscribite para recibir las novedades y comunicados del Nuevo MAS

  • en esta edicion