La industria del juicio

El lunes pasado, Macri -al tomarle juramento al canciller Jorge Faurie- instó a «enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales, porque eso destruye la generación de empleo futuro», y señaló a «un grupo minoritario» de jueces y abogados laboralistas que «dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo», instalando en la agenda política un tema que tiene un alto nivel de reclamo por parte de los empresarios.

Según La Nación: «En el Gobierno afirman que se inician más de 100.000 juicios por año, con un costo promedio por juicio de 16.500 dólares. Hay más de 340.000 acciones judiciales en curso, por un valor de 4.500 millones de dólares.»

La anterior avanzada contra la «industria del juicio» la tuvimos meses atrás, con la modificación del régimen de ART, que el macrismo impuso a pesar de su minoría parlamentaria (una vez más, como con el blanqueo, los fondos buitre y el presupuesto, con la complicidad del kirchnerismo en el Senado). Básicamente, el trabajador ahora estará obligado a atravesar una instancia administrativa previa a la judicial, compuesta por las comisiones médicas, con el fin de que determinen el carácter de la enfermedad o accidente.

No conforme con este avance, ahora va por más

Es que hay  algunas condiciones que atraviesan desde las últimas décadas el empleo en la Argentina: el trabajo precario y en negro y las desastrosas condiciones laborales, fuente de incapacidades de todo tipo.

Producto del cambio de relaciones de fueras en el país post Argentinazo, y el desprestigio mayúsculo de todas las instituciones, Poder Judicial incluido, éste comenzó a dar algunas respuestas favorables a los trabajadores en sus reclamos individuales: reinstalación por persecución sindical, reconocimiento de los daños físicos y sicológicos causados por la falta de respeto a la higiene y seguridad laboral, ampliación de las indemnizaciones por pagos en negro o empleo en negro. Claro que todo esto no le devuelve ni la salud ni el trabajo a los compañeros, sólo los compensa parcialmente. La contracara de la justicia es el rol que juega en los conflictos colectivos, en la lucha organizada de los trabajadores: ahí se plantan como sus enemigos, a veces incluso pérfidamente haciendo concesiones parciales para finalmente bancar  a la patronal y el gobierno (recordemos el papel del Poder Judicial en Gestamp, Lear, AGR, y tantos conflictos obreros).

Y ahora viene Macri con el apoyo de toda la patronal a ponerle un límite a los juicios, no a las causas de los mismos: las condiciones laborales, que el kirchnerismo se reveló como incapaz de modificar en todo su gobierno: los altísimos porcentajes de empleo en negro atraviesan todo su mandato sin que hayan tomado una sola medida efectiva para combatirlo, no bajando en todo su mandato la tasa del 32% y en la higiene y seguridad del trabajo tampoco impidió que las fábricas tratasen a los trabajadores como material descartable.

Así, en la Casa Rosada, Macri recibió a la nueva comisión directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Miguel Acevedo, que apoyó expresamente al Presidente en este tema. «Estuvimos conversando sobre el tema laboral y estamos totalmente de acuerdo… porque esto aumenta terriblemente los costos y no va en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro».

La posición de la UIA no fue aislada. En forma unánime, las principales entidades empresarias se manifestaron en el mismo sentido: la Asociación de Bancos Argentina (ABA, agrupa a las entidades extranjeras) expresó que «el actual estado de situación se caracteriza por tener una alta litigiosidad e incentivar una verdadera industria del juicio, con consecuencias directas sobre la generación de empleo genuino y las decisiones de inversión de las empresas».

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se refirió a «la excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de justicia», que incide en el aumento del empleo informal y en la llegada de inversiones.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se refirió a una «patología de larga data», y enfatizó, igual que todos sus colegas, el «daño» que esta situación produce especialmente sobre las PyMEs. «Los juicios laborales ponen en jaque la supervivencia de las PyMEs», manifestó el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío.

«Los juicios laborales son un problema muy grave que tienen las PyMEs, sobre todo en materia de riesgos del trabajo», dijo Osvaldo Cornide, de FeCoBA. «Llegan a sumas impensadas que ponen en riesgo el capital de la empresa. Es cierto que la industria del juicio está impulsada por los estudios jurídicos. Un despido que puede costar $ 300.000 puede llegar a $ 800.000, impagable para PyMEs»,

Si hasta la Sociedad Rural, subcampeón nacional del empleo en negro, (49,4% de empleo no registrado en el sector agro, 3er. trimestre 2016 INDEC) señaló que «el sistema laboral vigente, que dio lugar a la industria del juicio, atenta contra la generación de empleo y constituye una traba importante a la inversión».

No podía quedarse atrás el campeón nacional (68,9% empleo no registrado sector construcción, 3er.trimestre 2016 INDEC): «La Cámara Argentina de la Construcción manifiesta su total apoyo a las expresiones del presidente Mauricio Macri en contra de la ‘mafia de los juicios laborales’ y a favor de la industria del trabajo registrado y en blanco», afirmó la entidad, sin transpirar ni temblar como testigo falso.

Según la CAC, «creemos que este es el camino correcto para ser más competitivos como país y promover así el clima de inversiones; eliminar la informalidad, desalentar la ‘industria del juicio’ y poner al trabajador en un rol productivo es fundamental para fomentar el progreso argentino».

Daniel Funes de Rioja, presidente de CoPAl y vice de la UIA, con una brutalidad propia de quienes se sienten representados por la máxima autoridad política, explica que por el «hiperproteccionismo legal»  la víctima termina siendo el empleo «y mucho más el empleo formal, pues la realidad muestra que más de un 30% de informalidad laboral sólo se explica por los altos costos en impuestos al trabajo, la rigidez de la normativa y la litigiosidad»: o sea, hay empleo en negro porque es más barato y es más fácil despedir y variar las condiciones laborales que en el empleo en blanco (rigidez), y encima cualquiera puede hacer un juicio. En lo único que lo vamos a corregir es en el dato: el empleo no registrado asciende al 33,8%  según el INDEC en 2016.

La unanimidad de casi todas las expresiones patronales, grandes, pequeñas y medianas, tiene una explicación material: hay más de 4.000.000 de trabajadores en negro, teniendo los establecimientos de hasta 5 empleados, el 62%  de trabajo en negro, y además, según la OIT, «la problemática de la informalidad laboral se presenta como una característica estructural del mercado de trabajo en Argentina, ya que se registran incrementos de trabajo no registrado tanto en las fases recesivas como expansivas».

El otro aspecto «litigioso», el de las condiciones laborales, se expresa hasta en el ámbito laboral al que Macri acusa de destruir empleo: los tribunales laborales están colapsados, titula La Nación: «La gente trabaja sin las más mínimas y básicas normas de seguridad e higiene, en oficinas que no pasarían una inspección»: hacinamiento, lugares sin luz ni ventilación, expedientes en el piso y suciedad a la vista.

En definitiva, con la excusa de las mafias y la industria del juicio, lo que pone Macri en  su agenda es la disminución de los costos laborales: menos indemnizaciones, menos licencias, más facilidades para despedir, rebaja de las contribuciones para jubilación y obras sociales, condiciones de trabajo más flexibles para el empleo en blanco, y como conclusión, más dificultades para que los trabajadores puedan hacer juicios.

Sergio Gurrieri

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