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El lunes 12 arrancó con el hecho aberrante de un nuevo caso de la aplicación de la ley del 2X1 a un grupo de genocidas. En este caso fue el Juez Federal subrogante del Tribunal Oral Federal en lo criminal N°1de La Plata, Daniel Esmoris, quien dio lugar al pedido de la defensa de los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy para que se le otorgue el beneficio del 2X1. Se trata de dos miembros penitenciarios de la Unidad Penal N°9 que estuvieron involucrado en casos de tortura y asesinatos durante la última dictadura militar. Ambos fueron condenados en el 2010 con sentencias firmes por cadena perpetua en el caso de Dupuy y 25 años de prisión en el caso de Fernández. Fue un caso de mucha importancia en la región por lo que significó la Unidad 9 durante la última dictadura, donde el propio Dupuy tenía el cargo de jefe. No sólo por el hecho de torturas sino también por el asesinato de presos políticos como el caso emblemático de Dardo Cabo. Con este fallo se abre la puerta para que muchos de los penitenciarios de la unidad 9 durante esa época pidan el mismo beneficio.

Otro avance reaccionario

Lo ocurrido con este nuevo dictamen del Tribunal no se puede entender por fuera del precedente que significó el terrible fallo de la Corte Suprema en ocasión del caso Muiña. En este caso, los argumentos que fueron esgrimidos por Esmoris han sido prácticamente copiado por los dados por Highton de Nolasco y Rosenkrantz. En él menciona que “las interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición.(..) La reforma introducida al art. 24 del Código Penal por la ley 24.390 art. 7 y 8 es ‘ley intermedia’, en tanto entró en vigencia después de cometidos los hechos que informaron su objeto procesal y fue derogada en el año 2001 (..), es decir, antes de que aquí se dictara sentencia; toda vez que dicha reforma introdujo un régimen más beneficioso, en supuestos de lapsos prolongados en detención cautelar -que superan los dos años sin sentencia, (…), importa una hipótesis habilitante de la aplicación retroactiva de la ley penal” y más abajo afirma que “Corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”. En estos argumentos se esboza un planteo meramente político ya que, desde el punto jurídico, no hay razón para aplicarle esta ley a genocidas que fueron detenidos en el 2006, muchos años después de derogada la ley del 2×1.

No es casual que haya sido Esmoris el hacedor de este avance reaccionario: en su prontuario se encuentra el de otorgamiento del beneficio de esta ley durante el 2016 en un caso de Mar del Plata.

El 2×1 y el negacionismo

Claro que este hecho no es un lineamiento político originado en el Poder Judicial. Es más bien la expresión judicial de un intento del gobierno de Macri de beneficiar a los genocidas de la última dictadura y reventar de una vez por todas la lucha por los Derechos Humanos y los juicios. Hay que recordar que la consagración de Macri como Presidente fue inaugurada por una nota en La Nación titulada: “No más venganza” acerca de liberar a los represores y meter presos a los guerrilleros de los 70. También los dichos de varios funcionarios del gobierno, el propio Presidente negando la cifra de los 30 mil desaparecidos, así como también el intento de las domiciliarias a Etchecolatz entre otras.

Sin embargo este envalentonamiento reaccionario en materia de Derechos Humanos encontró los límites que la clase trabajadora y el pueblo le pusieron a esta política. El fallo de la Corte desató el 10M, la movilización más masiva durante el gobierno de Macri y le asestó un duro golpe como así también al propio Poder Judicial. Pero al mismo tiempo, lo ocurrido con este nuevo fallo en La Plata muestra que, para el gobierno y la burguesía, ganar esta pelea es estratégica. Ellos necesitan reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad y fortalecer el aparato represivo del Estado. Los grandes capitalistas, los cuales Macri representa y de los cuales es parte, tienen plena conciencia de clase del rol que juegan las Fuerzas Armadas cuando se busca aplicar un duro ajuste hacia los trabajadores y el pueblo, como el que se viene aplicando. La burguesía y el gobierno saben que sólo por la vía de la represión van a poder aplicarlo.

Pero la movilización contra el fallo de la Corte demostró que las relaciones de fuerza entre las clases siguen vigentes y están bien enraizadas en la sociedad cuando se trata de defender los derechos humanos y enfrentar el negacionismo.

Es por eso que se hace necesario salir a las calles a derrotar este nuevo intento de beneficiar a genocidas, y como se hizo el 10 de mayo ponerle un freno a este gobierno y la justicia reaccionaria. Desde el Nuevo MAS pondremos todos nuestros esfuerzos en construir junto con el resto de las organizaciones políticas de la región una gran marcha para cumplir este objetivo.

Agustín F.

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