En estos últimos días el debate en los medios de comunicación estuvo atravesado por la propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sobre la baja de imputabilidad. Un tema que viene siendo debatido hace algunos años, pero ha cobrado relevancia por el caso de Brian Aguinaco, joven asesinado por otro menor de 15 años en un hecho delictivo.

Es amplio el arco político que pide que la imputabilidad de los jóvenes descienda a los 14 años de edad. Pichetto, jefe del Frente para la Victoria en la Cámara alta, ha salido a apoyar el proyecto del macrismo, como también lo ha hecho el sector del massismo. Por eso mismo, ya hay tres proyectos en el Congreso sobre la baja de imputabilidad, que demuestra un interés por condenar a los jóvenes que salen a robar.

Sobre la actual ley

Pese que para la ley 22.278 del año 1980, del régimen penal de minoridad,  el joven menor a 16 años es inimputable, establece un régimen paternalista donde el menor queda a disponibilidad de jueces que deciden su futuro hasta que éste  cumpla su mayoría de edad, mientras tanto el juez puede decidir enviar al joven a un instituto penal, por ejemplo. Estos institutos, y las políticas del gobierno, no son los indicados para que los jóvenes salgan de la marginalidad. Así, el Estado tiene tres caminos, pero toma siempre el punitivo, para seguir criminalizando la marginalidad y a sus habitantes, en vez de llevar a cabo políticas que ayuden a los jóvenes de los sectores más postergados a salir del mismo, y que dé una solución de fondo al problema que significa la pobreza extrema que deben afrontar estos sectores.

Aunque la ley establezca que los jóvenes menores de 16 años son inimputables, pocas veces las cosas funcionan para proteger a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Argentina  cuenta con denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber condenado a prisión perpetua a jóvenes menores de edad a lo largo de los años de democracia.

Una estadística realizada por la Universidad Di Tella, asegura que el promedio de edad de quienes salen a robar es de 23 años, lo cual demuestra no sólo que es una falacia que el nivel de jóvenes menores a 16 años que cometen hechos delictivos es alto, sino que además deja al descubierto la intención del gobierno reaccionario y anti popular, de criminalizar a la juventud y estigmatizar a los jóvenes de los sectores populares.

No de manera casual hablamos de jóvenes pobres que cometen delitos. En el último periodo la pobreza se ha incrementado, y no sólo basta con ver las estadísticas, la realidad en los barrios se recrudece aún más: falta trabajo, falta comida en comedores y copas de leche que abastecen a cientos de familias, los pibes vuelven a las escuelas sólo por la merienda o el almuerzo que les dan, y muchos espacios recreativos han sido cerrados por el gobierno de Cambiemos.

La condena a los pibes viene de antes de mandarlos en cana, porque el propio Estado los arroja a una situación de extrema vulnerabilidad, donde ni siquiera cuentan con cuestiones elementales como una vivienda digna, alimentos y agua.  Y la represión es la única respuesta que el gobierno les da.

No es un detalle menor señalar que muchas veces la propia policía es la cabeza de las redes delictivas que libera zonas y manda a robar a los pibes, pero asesina a quien se niega a hacerlo, como a Luciano Arruga. El gatillo fácil y las “cacerías” que realiza la policía en las villas, es moneda corriente.

Gobiernan para los ricos, meten en cana a los pobres

Esta salida represiva que toma el gobierno de Macri va a contramano de dar una solución al problema de la exclusión social. Mientras gobierna para los ricos, mete en cana a los pibes pobres.

El gobierno macrista esconde detrás del discurso de la “inseguridad” el verdadero problema de la situación, que es el aumento de la pobreza y la marginalidad producto del ajuste descomunal que vienen aplicando.

No a la baja de la edad de imputabilidad!

Tefi Pe

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