Editorial

El ajuste que se esconde detrás del cuento de la “pesificación”

En nuestra edición anterior decíamos que el deterioro de la economía nacional obligaba al gobierno a darse un “baño de realidad”. En las últimas semanas, este planteo se ha confirmado, instalando en el centro de la escena política la incipiente crisis económica y las encrucijadas que enfrenta el oficialismo para hacerle frente. Éste es el motivo central de las peleas que se recrean a diario en las alturas, las que tienen como base material este escenario económico que parece ensombrecerse a pasos acelerados.

La cotización del dólar: ¿un problema “cultural” o económico?

Es una obviedad que en el centro del deterioro de la economía se encuentra el problema del dólar. Su cotización contra el peso está afectada por dos lados que tienen conexión pero no son lo mismo. Por una parte, desde 2002 a esta parte, el dólar se ha venido abaratando contra el peso. Por otra parte, presiona también la nueva recaída de la economía mundial en la crisis, que socava el superávit comercial del país (la diferencia entre exportaciones contra importaciones), lo que limita la provisión de divisas y aumenta la presión para que el dólar se aprecie contra el peso.
Pero a este problema se le suma otro. Producto de las dimensiones económicas reales del país, a ningún operador económico se le ocurre considerar al peso como base o patrón del valor de las mercancías. Cualquier bien de importancia (sean propiedades, terrenos, automóviles o, incluso, productos electrónicos o electrodomésticos) se calcula por compradores y vendedores en “moneda fuerte” (el dólar) para tener cabal idea de su valor real.
De estos hechos económicos proviene la realidad de que la economía argentina sea muy “dolarizada”, en el sentido de que nadie considera al peso como reserva de valor; todo el mundo, cuando quiere atesorar en forma “líquida”, lo hace en dólares.
Es sobre estos fundamentos materiales que se alza el problema de la coyuntura actual, las presiones sobre la cotización del dólar. La realidad detrás de su escalada alcista no tiene que ver con un problema “cultural”, como lo presenta el gobierno, sino con el hecho muy real de la debilidad estructural de la economía nacional y su moneda, debilidad subrayada en una coyuntura donde se observa una incipiente crisis económica en el país, en el contexto del renovado bajón mundial. La pérdida de competitividad y el deterioro del superávit comercial presionan al aumento del dólar más allá de cualquier maniobra especulativa, que también son de esperar en estas circunstancias.  

La campaña oficial de la “pesificación” de la economía

Frente a la realidad señalada, el gobierno de Cristina Kirchner ha salido a desarrollar una campaña de impulso a una “pesificación de la economía”. A tal efecto, ha puesto al secretario de Comercio Moreno a controlar administrativamente (casi “a punta de pistola”) el mercado del dólar paralelo, de manera tal de evitar que siga escalando y se cierre la brecha con el dólar oficial (la cotización regulada por el gobierno desde el BCRA). Como golpe de efecto para esta campaña, Cristina ha declarado que “pesificaría” sus ahorros en dólares (ha declarado en esa cuenta más de 3 millones de dólares, sin contar sus múltiples propiedades, lo que la muestra como una verdadera millonaria), y exigió que otros funcionarios del gobierno hagan lo propio.
En su cruzada, el gobierno ha salido a medir espadas con los que acusa de “dolarizadores” que, en este caso, y a diferencia de 2001 (como afirma de manera confusionista deliberadamente el gobierno), no se trata de los que reclaman prácticamente la abolición de la moneda nacional y su reemplazo liso y llano por el dólar como moneda local, sino los que piden una devaluación del peso para llevar el oficial a 6 pesos.    
En todo caso, lo primero que hay que decir, es que tanto “pesificadores” como “dolarizadores” (en realidad, devaluacionistas) son fracciones patronales que buscan una u otra forma de hacerle pagar a los trabajadores los costos de la emergente crisis de la economía. El oficialismo autodeclarado “pesificador” busca hacer, como por pase de magia administrativo, que la presión sobre el dólar baje por la vía de obligar a que transacciones como las inmobiliarias, por ejemplo, se hagan en pesos. De esta manera, con la pesificación de las principales operaciones económicas, la presión sobre el dólar bajaría, y con esto su demanda y cotización.
Por su parte, los “devaluacionistas” pretenden con el aumento de la paridad del dólar bajar los salarios (y otros costos) en pesos, de manera tal de recuperar competitividad y ganancias en relación al mercado internacional. Su base social son los “caceroleros” que volvieron a aparecer la semana pasada en los barrios chetos de la Capital Federal (todavía de manera muy incipiente) con una autoconvocatoria que tuvo como centro “la libre compra de dólares” y el reclamo contra el revalúo impositivo a los ricachones del campo (¡dos reivindicaciones muy “populares”!).
El problema que tiene el gobierno con esta última salida es que una devaluación de la magnitud que reclaman los “dolarizadores” sería una presión adicional a la escalada inflacionaria que ya está viviendo el país, lo que agigantaría la carrera de precios y salarios e introduciría nuevos factores de inestabilidad social.

Cuando vuelve el ajuste y se busca “tercerizarlo”

En el escenario anterior, lo que está volviendo es el ajuste económico K, sólo que solapadamente. La política de pesificación ficticia o administrativa del gobierno resolvería sólo uno de sus problemas, el de quitarle presión al dólar por la vía de demandarlo para operaciones económicas internas. Sin embargo, el otro problema, la competitividad económica del país (y el de los gastos imparables del Estado), no avanzaría un centímetro. Es ahí donde, sutilmente, retorna la política del ajuste. La cuestión es sencilla. Si el gobierno se niega a convalidar una maxi devaluación por los efectos inmediatos que tendría sobre los precios y la “puja distributiva”, no tiene más remedio que volver sobre sus pasos anteriores a la estatización parcial de YPF (que no tuvo ningún efecto práctico de recaudación inmediata), y comenzar a implementar nuevamente el ajuste económico que esbozó en el verano pasado y dejó de lado por su caída en la popularidad. Hablando de YPF, digamos que el gobierno anunció inversiones por casi 40.000 millones de dólares para los próximos años para aumentar su producción, pero sin decir palabra sobre de dónde saldrían esos fondos…
¿Cómo funciona el ajuste en relación con la competitividad? Lo primero es que busca convalidar aumentos salariales en las paritarias por detrás de la inflación real. Ya todos los analistas económicos serios han señalado que los aumentos del SMATA, Bancarios, UOM, etcétera, si bien fueron por cifras algo superiores a lo planeado originalmente por el gobierno, está claro que quedarán por detrás de la inflación. Incluso se ha señalado que el gobierno ha convalidado relativamente pocos acuerdos para ayudar a generar ese efecto de achatamiento en los reclamos. Y no olvidemos que en materia de empleo estatal se viene hablando de desdoblamientos de los pagos, postergación de aguinaldos, pagos con patacones u otras “cuasi monedas” y medidas por el estilo. En definitiva, la caída del salario real es el primer instrumento del ajuste en los costos, un instrumento que aparece “tercerizado” porque, en definitiva, son las cámaras empresariales con los sindicatos los que fijan los niveles…
Pero el ajuste funciona y se justifica de otras maneras. El gobierno necesita avanzar en la eliminación de subsidios para achicar los gastos del Estado (y el creciente déficit viene mostrando), y, de paso, convalidar aumentos en las tarifas. Pero, a la vez, necesita resolver estos problemas haciendo aparecer a otros como los responsables. Es ahí donde entran en escena otras medidas. Por un lado, ha vuelto a la consideración la posibilidad de que se avance en el aumento tanto de las naftas (“para ayudar a la YPF nacional”) como del transporte urbano (la formación de una comisión tripartita entre el gobierno nacional, de provincia de Buenos Aires y de la CABA tendría tal objeto), medidas que auguran esa posibilidad en el caso del transporte. Pero, además, también se han puesto a la orden del día medidas de aumento impositivo en varias provincias (como la de Buenos Aires con el revalúo fiscal de los campos), de manera tal de aumentar su recaudación ante la reducción de los giros desde el gobierno nacional. A toda esta circunstancia habría que sumarle la reducción del crecimiento económico, que ya estaría golpeando sobre el consumo. Esto tendería a moderar en algo la escalada inflacionaria, y la suma de estas medidas tendría un efecto de cierta recuperación de la competitividad y reducción de gastos estatales.

Por un programa a la medida de las necesidades populares

Es clásico que, desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores, ni la devaluación ni el ajuste que “deflaciona” los precios (en primer lugar, el salario) son medidas al servicio de la clase obrera, sino solamente al servicio de los capitalistas. Es en ese contexto que se debe evaluar la cruzada gubernamental en favor de la “pesificación”. Lo que se esconde detrás de esa nueva “cruzada cultural” es el renovado esfuerzo por imponer un ajuste económico.
Por otra parte, el “relato pesificador” ni siquiera es coherente. No pasa día en que no se hable de que finalmente Kicillof (nueva estrella en el firmamento K) logre imponer una salida más “racional” aceptando un desdoblamiento cambiario, es decir, un dólar más alto para los exportadores y más bajo para importadores y los salarios; sobre los precios internos, nadie sabe realmente en qué nivel quedarían. Además, para ir cerrando la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, el ritmo autorizado de devaluación del primero está aumentando a un paso sin precedentes en los últimos años. Es decir, mientras agita su discurso “pesificador”, el propio gobierno deja que el peso se devalúe.  
Un programa al servicio de las necesidades de los trabajadores iría por un camino totalmente diferente. Ningún gobierno, por más revolucionario que fuese podría abolir la realidad del tamaño limitado de la economía nacional y el peso del dólar mundialmente. Frente a esto no hay demagogia que valga. Tampoco el criterio sería una inflación galopante o una moneda que tuviera un valor artificial. Recordemos que Lenin y Trotsky proponían más bien una moneda estable como patrón de medida real de la riqueza nacional. Pero estos criterios puramente monetarios irían acompañados de medidas de fondo, anticapitalistas, que son, evidentemente, las que el kirchnerismo nunca va a querer tomar.
En primer lugar, lo que procedería es la nacionalización completa de la banca y el comercio exterior. Es decir, el monopolio del manejo de las divisas y del intercambio de productos con el mundo debería quedar en manos del Estado bajo control de los trabajadores. En segundo lugar, en vez de bajar los salarios reales y dejar subir los precios de los productos de consumo popular, se trata de afectar las ganancias de los capitalistas: son ellos lo que deben pagar la crisis. Aumentando los impuestos sobre las ganancias u otras medidas que sean necesarias (como la expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre, despida o suspenda), se aumentarían los salarios reales y se pondría un control estricto sobre la producción, comercialización y precios de los productos básicos de la canasta familiar. Esas medidas no serían una ilusoria “pesificación”, sino verdaderamente anticapitalistas. Apuntar a una justa cotización de la moneda debe atender a la doble necesidad de que sea un patrón económico real y, al mismo tiempo, no destruya la economía nacional, esto sobre la base de hacerle pagar a la clase capitalista los costos de la crisis que su propia incapacidad ha generado.