CRISIS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El “grito” de Biolcati

El revalúo del impuesto inmobiliario rural le ha generado a Scioli una mini crisis política producto de la puesta en primera plana de su interna con el kirchnerismo, que, cruce verbal con Mariotto mediante, lo forzó a candidatearse para el 2015, generando además la irrupción de un nuevo reclamo campestre a la Legislatura, transformado luego en un cese de comercialización, mas efectista que real, y la nacionalización del conflicto.
Estas disputas en las alturas tienen como trasfondo y causa real la grave situación financiera de la provincia, compartida en general con la mayoría de los gobiernos provinciales.
Si bien el déficit creciente de la provincia de Buenos Aires no es algo novedoso, sí lo son las dificultades que encuentra para sobrellevarlo, ahora que la Nación, su principal acreedor y financista, está abocado a la tarea primordial de juntar dólares, crisis internacional y ajuste económico mediante.
Sin embargo, el elemento central de la nueva Ley es la autorización a la provincia para endeudarse por $2.400 millones adicionales, parte de los cuales serán destinados a los municipios, y por U$S 200 millones con organismos internacionales de crédito.
El otro eje es la expectativa de recaudar unos $2.600 millones adicionales, básicamente con el incremento del impuesto a los ingresos brutos a los grandes contribuyentes y la eliminación de la exención a la televisión por cable, el incremento del impuesto de sellos y finalmente el incremento del impuesto inmobiliario rural, del cual se espera recaudar 450 millones adicionales.
Como se puede notar, el renglón que se ha llevado los principales títulos, el inmobiliario rural, es el de menor significación económica. Y no podía ser de otra manera, ya que la recaudación del mismo en 2011 representó solo el 2% de los recursos tributarios de origen provincial(1). De hecho, el impuesto automotor o el de sellos lo triplican.
Llegamos así a la escandalosa revelación de que un auto medio de $65.000 de valor paga $2.000 anuales de patente, mientras que un campo de 100 has en la zona núcleo, la más cara de la provincia, de entre U$S 1.500.000 y U$S 2.000.000 de valor, pagaba $8.000 de inmobiliario.
Según los voceros del revalúo, calificado por sus gestores como un hecho histórico ya que habría que remontarse a 1955 para su anterior antecedente, el mismo implicaría una suba promedio del 40% de impuesto. De ser así, ni siquiera recuperarían los modestos valores de la década anterior, que promedió un 3,5% de los ingresos tributarios provinciales, cuando casualmente o no, comenzaron a disminuir a partir de 2008, colocándose en el 2%.
El decreto y posteriormente la ley, actualizan los valores de los campos, según la zona. Así Salto, Chacabuco y Rojas se valúan a $68.800 la hectárea, Colon-Pergamino a $64.500 y Junín-Arenales a $51.500: estas son las valuaciones más elevadas de la provincia, con lo que tomando el dólar oficial de $4,50 los valores oscilarían entre U$S 15.000 y U$S 11.000 la hectárea, lo que los acerca a la realidad, aunque permanezcan subvaluados.
Más allá de esto, lo central sigue siendo el valor ridículamente bajo que pagan los propietarios rurales, a pesar del ajuste, en comparación con los otros impuestos que paga la sociedad.
A pesar de los elevados valores de la soja, la caída de la cosecha en casi 10 millones de toneladas con respecto al año pasado (2) producto de los factores climáticos, ha provocado que la burguesía agraria no tolere que a la caída de su renta extraordinaria se sume el pago de un impuesto adicional, por menor que sea. Así argumentan falsamente que la elevación de las valuaciones fiscales los llevaría además a pagar más impuestos nacionales (3) , con lo que vuelven a la carga con el cuento que “a este nivel de impuestos se hace inviable la producción”, “estamos al borde de la desaparición de los productores chicos y medianos”.
En definitiva, los ruralistas vuelven a la carga en medio de una creciente tensión económica cuya expresión más visible son el problema del dólar y la inflación, que también los afecta por partida doble: la detención del boom inmobiliario, sector al que volcaron sus monumentales ganancias, y la imposibilidad de atesorar dólares como alternativa de inversión.

Marcelo Buitrago