Hacia fines del mes pasado el norte de nuestro país se vio conmovido con las ocupaciones de terrenos en Jujuy por parte de familias carentes de viviendas. El hecho se agravó cuando en la mañana del 28 de julio los ocupantes fueron reprimidos por efectivos de la policía. La salvaje represión se cobró la vida de tres ocupantes: Félix Reyes Pérez, Víctor Heredia y Ariel Farfán, pertenecientes a la Corriente Clasista y Combativa. También murió un policía. Hubo más de treinta heridos, incluidos chicos y se realizaron decenas de detenciones.

Más de quinientas familias acamparon en terrenos pertenecientes a la Empresa Ledesma, que posee en la provincia 157.556 hectáreas, constituyéndose en la mayor empresa terrateniente y latifundista de Jujuy. La familia Blaquier, dueña de la misma, tiene una nefasta historia de explotación y represión a los trabajadores y la población jujeñas. Y una vez más, junto a los gobiernos nacional y provincial apela a los gases lacrimógenos y las balas de plomo para terminar con las medidas y reclamos que llevan adelante los trabajadores y el pueblo.

El problema habitacional es estructural

En los últimos años el problema habitacional se ha agudizado a partir de la sojización del campo y ha empobrecido a grandes sectores de pobladores del Norte. En la localidad de El Libertador, donde se realizaron los últimos acampes, la situación se ha vuelto muy crítica. Desde hace casi cinco años, las familias del lugar esperaron que se cumpla el compromiso que hizo la Empresa Ledesma de entregarles esas tierras. No obstante la familia Blaquier dejó la promesa en el olvido. Entre los acampantes había un número importante de pobladores originarios, que al igual que los habitantes de La Primavera, en la provincia de Formosa, vienen sufriendo la explotación y la marginación social por generaciones.

En El Libertador, de las 155.556 hectáreas que posee Ledesma, sólo 38.000 están cultivadas con caña de azúcar. Mientras que el resto del 40% de  la concentración de tierras está en manos del Ingenio La Esperanza (Roggio), Ingenio Río Grande-La Mendieta y La Forestal del Norte. En tanto que más de 33 mil familias se encuentran sin vivienda en la Provincia, de las cuales solo la mitad está tramitando su pedido de vivienda. San Salvador, El Libertador General San Martín, Perico y Palpalá son las localidades que registran los índices más altos del déficit habitacional jujeño.

En el caso de la Empresa Ledesma, la familia Blaquier también posee industrias papeleras, de carnes, granos, glucosa y petróleo y tiene fluidas relaciones con el gobierno de Cristina Kirchner. Al punto que Nicholson, uno de los principales ejecutivos de la empresa formó parte de la delegación que acompañó a la Presidenta en su viaje a Brasil. Y el gobierno de Cristina ha otorgado a Ledesma un cupo de etanol de 48.996 metros cúbicos, el más importante cupo de este biocombustible. De esta manera han sido moneda corriente las buenas relaciones de los Blaquier con los gobiernos de turno, tanto de la Provincia como del país.

Una pelea unida a los reclamos obreros

La lucha por la vivienda, un fenómeno que no es privativo del pueblo jujeño, ya que se reproduce en distintos puntos del país y en sectores superexplotados y oprimidos, debe estar unida a la pelea del conjunto de los trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. El trabajo genuino, más allá de la mentirosa pintura que hace el gobierno kirchnerista, sigue siendo un reclamo vigente como fuente central para comenzar a terminar con las plagas sociales y económicas que descarga el capitalismo sobre los trabajadores, ocupados y desocupados. En el terreno de la vivienda, “entre 2005 y mayo pasado, el gobierno nacional ha destinado a organizaciones sociales, entre las que destaca el Movimento Tupac Amaru de Milagro Sala unos 1.200 millones de pesos para que se construyan viviendas, además de los fondos que permitieron al FONAVI levantar unas 5.000 casas. En total con esos recursos podría haberse cubierto la mitad del déficit habitacional, resolver el problema de 25.000 hogares, pero apenas se construyeron 9.000 casas” [1].   Ahora el gobernador Barrionuevo ha dicho que va a expropiar unas 40 hectáreas a Ledesma para realizar viviendas. ¡Extraña expropiación esta que asegura una fuerte indemnización a los chupasangres de los Blaquier! Así los trabajadores y pobladores quedan a merced de los vaivenes políticos clientelares y las falsas promesas gubernamentales. Por eso es necesario pelear, en forma independiente, por un Plan Nacional de Vivienda que parta de la expropiación de tierras y latifundios de las grandes empresas que detentan el poder económico y político en el país.

Por otro lado, el asesinato de los compañeros que acampaban tiene miras de perderse en la nebulosa burocrática de la justicia burguesa. Tan solo la renuncia de algún funcionario ha ocurrido, pero aún no hay acusados ni investigación seria en curso. Hay que organizar una comisión independiente de familiares y representantes de quienes ocupaban legítimamente los terrenos que investigue y marque a los culpables directos  e intelectuales de la represión.

Nota:

1. Matías Longoni, Clarín, 13/8/11.