Vaya sorpresa se llevó la CGT. Después del acto en la 9 de Julio, y cuando Moyano ya la contaba para su equipo en la discusión por el proyecto de reparto de ganancias, Cristina se puso abiertamente la camiseta de la UIA y definió el partido. En la mismísima Casa Rosada, la presidenta se alineó con el reclamo de la Unión Industrial Argentina ¡del día anterior! de que, en vez de una ley, se implementara el “modelo Firestone” vía paritarias.

El lunes 9, la propuesta de la UIA fue “que se acuerde con los trabajadores en el marco de las paritarias y a través de los convenios colectivos –lo que permitiría reconocer las particularidades de cada sector– y que no sea único para todas las actividades de la economía” (BAE, 10-5). ¿Qué dijo Cristina al día siguiente? Esto: “Participar a los trabajadores de la rentabilidad de las empresas a través del convenio colectivo me parece realmente un instrumento muy idóneo. Una ley es algo general, lo general no puede ser aplicado a todo el mundo y a todas las actividades económicas” (La Nación, 11-5).

¡Exactamente, casi palabra por palabra, la posición de los patrones! (1) No es de extrañar que a José Ignacio De Mendiguren, presidente de la UIA y presente en el acto, no le alcanzaran las manos para aplaudirla. Las expresiones empleadas por la prensa para describir el estado de ánimo de los industriales tras el discurso fueron “música para los oídos”, “entusiasmo”, “estaban exultantes”. Y no es para menos, porque Cristina agregó otras definiciones que van en el mismo sentido: poner límites a las aspiraciones y a los “métodos” de Moyano y la CGT.

Empecemos por lo segundo: Cristina se quejó de paros y piquetes y sostuvo que “hay que encontrar métodos más racionales para encauzar los conflictos” para “no someter de rehén al resto de la sociedad”. Y hasta se despegó con una ironía del respaldo cegetista: “A los que me están pidiendo que sea Presidenta, les digo que me apoyen de manera contundente solucionando las cosas sin presiones o hechos que crean demasiada conflictividad, que no le hacen bien a los argentinos (…) Cuando se discuten intereses, hay que ser sensatos e inteligentes para que la discusión no termine rompiendo los intereses de todos” (ídem).

La CGT, aturdida, apenas atinó a contestar, por boca de Juan Schmid, de Dragado, que “el gobierno y los empresarios también tienen responsabilidad” por los conflictos, y lanzó un recordatorio que sonó más a queja que a amenaza: “Nunca les hicimos un paro general” (ídem).

Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio de frente del gobierno? ¿Hay tanta diferencia entre repartir las ganancias por ley y repartirlas a través de las paritarias?

Sí, hay un mundo de diferencia. Por eso los mismos empresarios pidieron ir hacia el “modelo Firestone” (2), y que el gobierno haya accedido es una clara señal de que mantiene el rumbo “normalizador” y “amigo de los negocios”, y de que la CGT puede despedirse del sueño de integrar la fórmula oficialista en 2011. La prioridad de Cristina, a todas luces, son las preocupaciones de los empresarios.

Ventajas para la patronal I: se reparte menos plata

Desde el anuncio mismo del proyecto de ley de reparto de ganancias, la patronal había puesto el grito en el cielo. Pero hay que saber discernir qué es lo que realmente les provocaba urticaria. Y por mucho que los empresarios, como el avaro de Molière, adoren el contenido de su cofrecillo de ganancias, hay algo que adoran todavía más: el monopolio de las decisiones y de la información sobre el negocio. Era eso lo que en el fondo más aterrorizaba a los capitalistas de todos los tamaños del proyecto de ley Recalde, como veremos luego. Pero empecemos por los dinerillos.

Como señaló una periodista, si sólo nos detenemos en el reparto de ganancias en sí mismo, “a priori, la iniciativa es moderada y ninguna empresa tiene de qué asustarse. Abundan ejemplos de esquemas similares en otros países genuinamente capitalistas” (Cledis Candelaresi, BAE, 5-5). Este mismo argumento adelantaron los cuadros kirchneristas, que buscaban mostrar el proyecto a la vez como progresista y perfectamente capitalista. Después de todo, “el reparto estaría limitado a grandes empresas que, en muchos casos, ya cumplen con esa consigna a través de bonus y otras herramientas (eso sí, manejadas a su arbitrio y no bajo el imperio de una ley)”; además, “las ganancias a repartir no involucran a aquellas que decidan reinvertir” (C. Candelaresi, ídem).

Entonces, desde el punto de vista del dinero a repartir, la ley, más que obligar a ese reparto que es bastante común en las grandes firmas, lo que hace es establecer para ese fondo un criterio público y general, en vez de quedar librado a la vocación “filantrópica” de cada patrón o a las condiciones de cada empresa.

Pues bien, son precisamente esas condiciones particulares las que la UIA y Cristina buscan ahora hacer valer como regla para el reparto de ganancias. No otra cosa quiere decir que se negociará por paritaria y hasta por empresa. Es por eso que la misma UIA reclamó, en vez de una ley, la generalización del “modelo Firestone”. Es decir, cada rama y hasta cada firma negocia con la burocracia del sector en cuestión, y no hay “paraguas” general para nadie.

Es evidente que esta atomización de negociaciones favorece al sector con más fuerza relativa, que es siempre la patronal. No existe un piso a repartir (el 10% de las ganancias, en el proyecto de Recalde), sino que empresarios y burócratas, con la “responsabilidad” que les pide Cristina, acuerdan repartir lo que se puede… si se puede. Porque, en el caso de Firestone, el acuerdo tiene 10 años, pero sólo en cuatro hubo distribución de ganancias.

Además, como se quejaron los propios burócratas de la CGT después del anuncio, descentralizar el reparto vía las paritarias aumenta las desigualdades, ya que perjudica más a los gremios con menos capacidad de negociación y relación de fuerzas más desventajosa. En cambio, los sindicatos (y burocracias) con mayor “capacidad de presión” estarán en mejores condiciones para pelear unas migajas más de un reparto que, como no tendrá regulación general por la vía de una ley, dependerá de la fuerza bruta que puedan desplegar las partes. Así nomás es.

Otro beneficio para la patronal es que no se establece con claridad qué parte de las ganancias se reinvierte y qué parte puede “distribuirse”. De más está decir que si la empresa esgrime el argumento de que no puede redistribuir porque va a reinvertir, el gobierno saldrá en su defensa. Justamente, la felicitación que Cristina les hizo a los empresarios en la Rosada fue “sigan invirtiendo”. En términos marxistas, el gobierno ha decidido que la acumulación de capital es mucho más prioritaria que su “redistribución”. El cacareado “fifty-fifty”, es decir, la igualación de ingresos globales de empresarios y trabajadores, se aleja sin remedio…

Por otro lado, nadie podrá desmentir a una patronal si, para no repartir, aduce tener pérdidas, o ganancias muy bajas, o planes de reinversión muy ambiciosos, aunque no se cumplan. Y no se la podrá desmentir porque no se tendrá acceso a sus números. Es este punto el que generó el mayor alivio para los empresarios y su mayor gratitud hacia Cristina.

Ventajas para la patronal II: ni el olor a “cogestión”

Como señalamos, la patronal rechazaba de plano el proyecto Recalde en primer lugar no por los pesitos, sino porque consideraban que la iniciativa abría la puerta a alguna forma de “cogestión” de los asuntos de la empresa con los representantes de los trabajadores.

No mentían los kirchneristas cuando argumentaban –en esos cercanos tiempos en que decían “vamos por todo”– que la propia Constitución habilitaba un proyecto como el del diputado abogado de la CGT. El artículo 14 bis (salido de la reforma de 1957) establece, entre otros derechos de los trabajadores, que “tendrán participación en las ganancias, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Claro que las condiciones políticas del país siempre hicieron que este punto fuese letra muerta, aunque no hacía más que seguir el esquema de otros países capitalistas desarrollados, sobre todo europeos. El proyecto Recalde estaba incluso muy por detrás de la letra constitucional. Pero alcanzó para que los capitalistas argentinos saltaran hasta el techo.

El planteo de la UIA el día anterior a la definición presidencial apuntaba precisamente a repartir las ganancias vía convenios colectivos porque de esa manera sólo se discute por plata, pero no hay acceso a la información confidencial de la empresa por parte de los representantes de la parte obrera.

En el análisis ya citado (cuyo significativo título es “Si se trata de ganancias, repartir es lo de menos”), la columnista afirma que “difícilmente haya algo que incomode más al dueño de una empresa que la obligación de participar información, no ya sobre sus balances –que en el caso de las firmas que cotizan en Bolsa son públicos– sino sobre cómo se consiguió el resultado allí plasmado, con detalles que muchas veces pueden no estar especificados en esos cuadros de resultados” (C. Candelaresi, cit.). A buen entendedor, pocas palabras bastan. Una cosa es presentar los números globales del balance, y otra muy distinta es tener que detallar manejos que, en el caso del empresariado argentino, son turbios por antonomasia: evasión de impuestos, trabajo en negro, compras y ventas no declaradas y un largo etcétera, que desde ya no se limita a las pymes, ya que las grandes lo hacen quizá con menos frecuencia, pero a mucha mayor escala.

El proyecto Recalde establecía (ya podemos hablar en pasado) que “la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y requerir información complementaria”, y la firma que no cumpliese se vería sujeta a sanciones. En verdad, “la fórmula está muy lejos de la cogestión obrero-empresarial, pero empieza a arrimarse un poco a ese modelo tan temido. (…) Como si esto no fuera suficiente para alborotar el ánimo patronal, el alcance preciso de la norma estará determinado por un consejo asesor en el que los empresarios tendrán participación pero serán minoría. Qué empresas estarán obligadas a repartir utilidades y cuáles quedarán eximidas es una sensible determinación sujeta al arbitrio de ese cuerpo” (C. Candelaresi, cit.).

Cristina, en la Rosada, liberó a los empresarios de todo este angustiante panorama de sindicalistas que piden información sensible, entes con mayoría Gobierno-CGT que los obligan a pagar y mecanismos de control del trabajo en negro y de la evasión, entre otras pesadillas. En cambio, “planteó que la distribución podría plasmarse a través de bonos por productividad” (La Nación, 11-5). Un mecanismo mucho más inocuo, y que de paso condiciona el reparto de ganancias al aumento del sudor de los trabajadores.

En resumen: los empresarios pagarán menos ya que la distribución no será general ni por ley y se negociará con la burocracia del sector; nadie cuestionará los números que den los patrones porque no estarán obligados a entregarlos ni mucho menos a dar detalles; a la burocracia sindical sólo le queda como herramienta de presión tomar medidas directas, que Cristina ya aclaró que no ve con buenos ojos porque no son “sensatas”; el interlocutor de la patronal será justamente una burocracia menos fuerte, sin el respaldo de una ley del Congreso y que acaba de recibir un severo tirón de orejas; desaparece el fantasma de la cogestión, por lavada que fuere, y Cristina guiña el ojo y palmea la espalda a los patrones pidiéndoles que “sigan invirtiendo”, que eso y no andar repartiendo plata es lo que importa de verdad.

A la UIA y demás capitalistas argentinos todavía les deben doler las manos de aplaudir a una presidenta tan “racional” y preocupada por el bienestar y los derechos de “todos los argentinos”.

Notas:

1. Y no sólo los patrones de la UIA: la CAME, representante de las medianas empresas y pymes, también mostró su beneplácito el mismo día (10 de mayo) en la Rosada, ya que iban con la misma postura que la UIA y descubrieron, en el encuentro con Cristina por el “diálogo social”, que no tenían que convencerla de nada. Por supuesto, con el nuevo esquema difícilmente les toque poner un solo peso a estos aliados del “proyecto”.

2. A esta altura, ya no es siquiera irónico recordar que fue Pedro Wasiejko, del SUTNA y número 2 de la CTA (sector oficialista), quien estableció este esquema, que la propia Unión Industrial defiende con tanto ardor como el mejor para sus intereses. Wasiejko no puede argumentar que firmó el acuerdo en plena crisis de 2001, porque jamás lo cuestionó; por el contrario, no dejó de proponerlo como “modelo”. Lo que no previó es que quienes lo tomarían como propio serían los capitalistas industriales…