La decisión del gobierno, por decreto, de aumentar la participación del Estado en los directorios de las empresas donde la ANSeS tiene parte del paquete accionario trajo previsible cola. Pero antes de entrar en la polémica, es conveniente explicar un poco qué es lo que está (y lo que no está) en juego.

¿Por qué el Estado tiene parte de la propiedad de 43 grandes empresas? Es la herencia de las inversiones de las fenecidas AFJPs, que ponían el dinero de los aportes jubilatorios, entre otros lugares, en compañías amigas. Con la estatización de las AFJPs, esas inversiones pasaron al Estado.

¿Qué es lo que cambió ahora? Que cuando esas inversiones eran privadas, había un tope del 5% para la representación de las AFJPs en el directorio, por más que su participación en el paquete accionario total fuera mucho mayor. El decreto oficial es que ahora el Estado buscará ocupar en el directorio de las empresas una cantidad de asientos proporcional a la propiedad que tiene.

Las empresas en cuestión son peces gordos: Siderar, varios bancos, compañías de servicios privatizadas, Aluar, Clarín, petroleras, químicas, alimenticias... El total de las tenencias de la ANSeS es de unos 22.000 millones de pesos.

Inmediatamente, la gran patronal y sus políticos-felpudo pusieron el grito en el cielo. Lo de siempre: que la seguridad jurídica, que la voracidad del Estado, que el atropello a las instituciones... ¡Chavismo, chavismo!, berrearon Clarín y La Nación. Enseguida, Patricia Bullrich, siempre atenta y vigilante, sacó un proyecto en defensa de estas humildes víctimas, al que se acoplaron Gil Lavedra (UCR), Pinedo y Michetti del PRO, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica.

En esta reacción visceral del conjunto de la patronal, que cerró filas alrededor del poderoso amo Techint, principal perjudicado por la medida, inciden dos factores muy relacionados pero distintos: el económico y el político.

La plata es mía, mía y mía

Parafraseando a Menem y su Ferrari, los patrones no quieren saber nada con compartir con el Estado decisiones sobre las ganancias. Porque de eso se trata. Las asambleas de accionistas deben decidir qué se hace con las utilidades (una vez hecha la reserva legal del 5%): reinvertirlas o distribuirlas entre los propietarios. Pero resulta que, desde 2008 (estatización de las AFJPs), varias empresas, especialmente Siderar, decidieron no hacer una cosa ni la otra, sino mandar las ganancias a una cuenta de “recursos no asignados”. Con este recurso, entre las 43 empresas hay 65.300 millones de pesos en una especie de limbo financiero. Si ese dinero se hubiera distribuido como ganancias a los accionistas, a la ANSeS le habrían tocado 6.300 millones.

El grupo Techint tiene un lugar prominente en este mecanismo: entre Siderar y Tenaris, tiene “no asignados” 37.600 millones, casi el 60% del total. Sólo de ese grupo, si se distribuyeran dividendos, a la Anses le tocarían 2.800 millones de pesos. En menor escala, y con distintos grados de reticencia hacia el gobierno, pasa lo mismo con las demás compañías.

La mayoría de estas empresas termina ejercicio comercial el 31 de diciembre, lo que les da plazo hasta el 30 de abril para las asambleas de accionistas. Curiosamente, algunas firmas (Telecom, Endesa) adelantaron la asamblea antes de todo este embrollo y se aseguraron la renovación del directorio sin nuevos intrusos molestos. Pero el resto no. Desde ya, no todas las empresas tienen tan mala voluntad contra el kirchnerismo: Banco Macro y Consultatio no opusieron resistencia, y hace rato que un cuadro de La Cámpora, Iván Heyn, está en el directorio de Aluar (Madanes Quintanilla, también dueño de FATE) sin conflicto a la vista. Deben ser los abanderados de la “burguesía nacional”...

La clave del conflicto en lo económico está muy claro: las compañías no quieren tomar decisiones de qué hacer con sus jugosas ganancias delante de los emisarios del Estado. Algunas, ambiciosas o resignadas, buscan cómo sacar provecho de la asociación con el Estado administrado por el kirchnerismo. Pero la mayoría, empezando por la más poderosa, Techint, le hace tanto asco a la idea que prefiere meter las ganancias en el freezer antes que participar de ellas a la ANSeS. Si hasta Clarín debería sacar más de 100 millones de su fondo de reservas no asignadas con destino a una “caja K” que, de a poco, está dando señales de que necesita refuerzos.

Del “chavismo” fantasmal al pantano del Congreso

Contra los rebuznos de la patronal, su prensa adicta y los detritos del fenecido Grupo A, no hay ni sombra de “giro chavista” en esta iniciativa del gobierno. Con toda verdad, algunos cuadros kirchneristas salieron a aclarar que se trata de una medida perfecta y razonablemente capitalista, vigente en muchos países desarrollados y sin la menor pretensión de “estatización”, como sueñan algunos incautos. Ni siquiera se llega al capitalismo de Estado; todo lo más, se propone una asociación con el Estado en minoría y donde las decisiones de fondo quedan categóricamente en manos de los dueños privados.

El propio Diego Bossio, director de la ANSeS, pone las cosas en su lugar: “No tenemos ningún tipo de conflicto de intereses con las empresas ni pretendemos tenerlo, sino todo lo contrario. Nos encanta que ganen plata, que produzcan más, que les vaya muy bien, porque nos conviene a todos, ya que se trata del ahorro de los argentinos” (Tiempo Argentino, 16-4). Y esto no es más que pura coherencia con la trayectoria del kirchnerismo, que puede forcejear con algún grupo empresario pero siempre hizo profesión de fe capitalista.

Los motivos de la movida K (y también de la urticaria patronal) no pasan sólo por los dinerillos antes mencionados, pero tampoco por un inexistente afán de “estatismo chavista”. Más bien, y también aquí fieles a su estilo, pretenden hacer valer su rol como mediadores políticos de las decisiones macroeconómicas. Pero aun si eso significa asumir responsabilidades empresarias minoritarias, jamás podría llamarse a eso estatismo, ni mucho menos “Estado empresario”.

En el fondo, lo que la burguesía resiente es que “la política” ejerza vigilancia (pero no verdadero control) sobre decisiones empresarias que para la patronal son económicas y para el gobierno hacen a la salud del “modelo”. Por eso Cristina desafió a los empresarios a que, si quieren terciar en las decisiones macro, “abandonen la corporación y hagan un partido”.

Digamos de paso que este “brutal enfrentamiento” entre el gobierno y Techint no lleva más de dos años. Hasta 2009, las relaciones entre ambos eran de lo más fluidas y nada conflictivas. De hecho, el gobierno anuncia con bombos y platillos que recurrirá “a la Justicia” para hacer valer sus derechos... pero es a la justicia comercial, no la penal. Tampoco es cuestión de cortar todos los puentes con un ex candidato a campeón de la “burguesía nacional”. Tan nacional que tiene domicilio legal en Luxemburgo para esquivar el pago de Ganancias.

Párrafo aparte merece una nueva edición del cretinismo jurídico-parlamentario del ex Grupo A, que se queja de que Cristina gobierna con decretos e ignora el Congreso. Sucede que esa venerable institución se ha convertido en un verdadero pantano. La aritmética es simple: si el gobierno quiere hacer pasar algo por el Parlamento, no tiene nada asegurado el éxito. En cambio, si la oposición de derecha quiere voltear el DNU, los números no le dan. Además, se ahorra las chicanas parlamentarias del Grupo A, furioso lobbista de Techint. Como dijo el capo de la bancada K en Diputados, Agustín Rossi, hacer aprobar la movida por ley iba a llevar por lo menos un año.

Para colmo de males, las encuestas indican que una abrumadora mayoría ve con buenos ojos que el Estado meta la cuchara en el guiso patronal. A diferencia del conflicto con el “campo”, hoy los diputados pro Techint no gozarían de mucho favor popular. Como dijo resignado el ex titular de la UIA Héctor Méndez, “los empresarios tenemos mala prensa, pero uno cosecha lo que supo sembrar”. En verdad, si algo les sobra a los patrones es prensa adicta, pero aun así las masas no parecen reconocer su desinteresado aporte a la sociedad...

En suma: difícilmente la sangre llegue al río. La patronal pataleará un poco más, la oposición de derecha sufrirá impotente y el kirchnerismo intentará abrochar un negocio económico con rédito electoral inmediato, sin cambiar ninguna regla de juego decisiva del capitalismo argentino.