La “intifada del pan” muestra que la crisis mundial no terminó

Los trazos gruesos del panorama internacional siguen marcados por una crisis económica persistente. Si este año no se llega a verificar una caída en el producto bruto mundial, en todo caso lo que ya es seguro es una situación de estancamiento duradero de las principales economías del norte del mundo. Esto se va a instalar como uno de los datos destacados del año. Con EE.UU. mostrando rasgos de creciente polarización social y política (ver pág.11) y un proceso de decadencia hegemónica evidente; con una Unión Europea que a pesar de los brutales ajustes no logra escapar del todo a la eventualidad de defaults (ahora es el turno de Portugal) y de posible estallido del euro, con un Japón que vive su propio estancamiento crónico…

No se trata solamente de la situación de crisis económica del norte. La crisis es global. De ahí que en estas últimas semanas hayan estallado “rebeliones del hambre” o contra el aumento de los combustibles en países tan disímiles como Túnez, Argelia, Bolivia o Chile: “‘Intifada del pan”: así bautizó la prensa europea las protestas, con más de 50 muertos, que han estallado en las últimas semanas en Argelia y Túnez, países del Magreb especialmente afectados por la nueva crisis alimentaria mundial, fruto de un aumento de los precios que ya superó los del anterior colapso de 2008” (La Nación, 16-1-11).

Además, si bien China ha venido siendo una suerte de “locomotora” de reemplazo de EE.UU. en la economía mundial, los problemas estructurales que la desgarran podrían hacerse más visibles en cualquier giro de los acontecimientos.

En ese contexto, hay que dejar señalados algunos elementos del contexto latinoamericano. Lo más importante es que ningún gobierno se puede dormir en los laureles. Más allá de su signo político, el conjunto de ellos y de la región se ha beneficiado por el dinamismo de las exportaciones de materias primas. Esto ha configurado una coyuntura económica favorable.

Sin embargo, las contradicciones no dejan de acumularse. Los estallidos sociales como los de Bolivia y Chile así lo demuestran. Cuando Morales y Linera parecían “tocar el cielo con las manos”, el pueblo boliviano les advirtió que por más gobierno “popular” que se autoproclamen, si osan tomar medidas manifiestamente antipopulares, como el ajuste generalizado del transporte, la situación podría estallar por los aires.

No se trata solamente de Bolivia: en varios países de la región crecen las tendencias inflacionarias sobre el trasfondo de la ausencia de cambios estructurales agigantados por el déficit inversor.

¿Cuál es el significado de estallidos populares como los de Bolivia o Magallanes en el sur de Chile? Sencillo: el horno no está para bollos. Latinoamérica como un todo sigue inmersa en el ciclo de rebeliones populares, y allí donde los gobiernos pretendan descargar explícitamente una política de ajuste sobre las masas populares, la rebelión será la respuesta que encontrarán muchos de ellos.

Contradicciones económicas, normalización conservadora y disputa interburguesa

El anterior es el marco general indispensable para comprender los desarrollos en nuestro país. El gobierno de Cristina se ha venido recuperando incluso desde antes de la muerte de Kirchner. Si la inflación es el principal problema económico, igualmente la coyuntura en este terreno sigue luciendo como favorable. Sobre este trasfondo, y ante la fragmentación de todo el arco opositor, el gobierno ha encaminado todos sus pasos hacia la reelección. Para ello viene esbozando un giro conservador para satisfacer los principales reclamos de la patronal. Cristina busca así cumplir con la pendiente tarea de “normalizar” el país.

Es que, como herencia de 2001, el cuestionamiento a la propiedad privada y al monopolio de la fuerza por parte del Estado siguen a la orden del día. Se trata de los justos derechos de los explotados y oprimidos a satisfacer sus reclamos mediante la lucha. Con la creación del Ministerio de Seguridad y el intento de Pacto Social para este año, el gobierno intentará dar una respuesta con un perfil más reaccionario e incluso represivo, y también persecutorio desde el punto de vista judicial.

No le va a ser fácil. La economía no deja de acumular contradicciones. No se trata solamente del problema salarial. Se trata también de que el kirchnerismo ha mantenido las condiciones de explotación de la clase obrera heredadas de la dictadura militar y los años 90. Condiciones que los trabajadores soportan cada vez menos, como lo está mostrando la lucha histórica de los tercerizados ferroviarios.

Tampoco se soporta el vergonzoso contraste entre la acumulación de riqueza en un polo y la persistencia de una dramática pobreza en el otro: de ahí la ocupación del Indoamericano y, en general, la emergente lucha de los sin techo.

Sobre ese trasfondo, y si bien la orientación de conjunto del gobierno busca satisfacer los reclamos patronales de normalizar el país, las contradicciones por arriba subsisten. En gran medida motorizadas por la disputa electoral, que cruzará todo el año, pero también por subsistentes peleas por la redistribución de la ganancia, como se expresa en estos momentos nuevamente con el noveno paro del campo desde el 2008.

El motivo es muy simple: la Mesa de Enlace pretende la libre exportación  del trigo, medida que automáticamente aumentaría el precio del pan. No es verdad que el gobierno defienda “la mesa de los argentinos”, pero le preocupa que un aumento más generalizado todavía de los precios de la canasta familiar termine en indeseadas rebeliones como en Bolivia u otros países.

Hoy, cierto control de las exportaciones le permite desconectar en parte los precios del mercado interno de los internacionales, al tiempo que es fundamentalmente utilizado para redistribuir ganancias a los empresarios amigos de la cadena agroalimentaria. En fin, este rol de arbitraje entre los de arriba de parte del gobierno K también será parte de la disputa electoral de octubre.

El debate por la inflación

Se viene más “puja distributiva”

El INDEK ha dado su dictamen oficial: la inflación de 2010 fue del 10,9%. Las consultoras privadas, que al parecer sí viven en la Argentina, estimaron entre un 23 y un 27%. La discusión del momento se divide en dos: quién tiene la culpa y, por ende, cómo se frena.

Por lo pronto, la burocracia de la CGT quedó en parte atada a la ya un poco vieja iniciativa del pacto social. Fue así que Moyano, obediente, propuso un moderadísimo 22%. Pero su gesto de buena voluntad no tuvo la acogida esperada ni entre los empresarios, que no se animan a tirar números, ni en el gobierno, que parece haber dejado el tema en el freezer.

Al ver que la mesa de pacto social no avanza, los empresarios quieren conminar al gobierno a que la convoque o la entierre de una vez y acá no ha pasado nada. Tratando de reubicarse, gremios importantes de la CGT como la UOM ya empezaron a subir los números. Por ahora, todo se reduce a chisporroteos de declaraciones: Boudou le echa la culpa de la inflación a los empresarios y éstos contestan con el catecismo liberal. Pero es cierto que le toca mover al gobierno, o el tan mentado pacto social se muere antes de nacer.

El gobierno busca controlar la inflación moderando las paritarias, porque otro componente de la ecuación inflacionaria, la expansión del gasto público, sin duda no va a bajar. No hay magia: en un año de elecciones presidenciales, si hay que elegir entre crecimiento y consumo al estilo 2010 o control de la inflación, la decisión está cantada. La salud de la intención de voto a Cristina es la ley suprema.

Estas necesidades políticas encuentran poca comprensión en el conjunto de la clase capitalista, a la que la inflación le pone los nervios de punta. Los candidatos más del establishment salieron a tranquilizarlos diciendo que ellos van a hacer lo contrario de la demagogia kirchnerista: bajar el gasto público, contener los reclamos salariales, reducir los subsidios. Duhalde, el más desesperado de ellos, incluso subió la apuesta: prometió reventar a los gremios estatales, aeronáuticos y de servicios públicos en general. Música para los oídos de la gran patronal, hasta que miran las encuestas y constatan que Duhalde sigue frío, frío…

La burocracia cegetista por ahora espera: si el pacto social se desinfla y el índice de precios sigue tan ligero de cascos como hasta ahora, lo que se viene es un escenario parecido al de la paritaria 2010. Es decir, sin piso ni techo, y que cada gremio arregle según le dé la relación de fuerzas con su patronal… y sus trabajadores.

Del lado de la oposición de derecha, prometerle a la clase capitalista lo que quiere es fácil, porque sus demandas están a la vista. El asunto es quién le pone el cascabel al gato. Como puso de manifiesto la sucesión de cortes de electricidad, sin subsidios la infraestructura energética (y la de transporte vial y ferroviario, de paso) se desploma. Claro, la opción es reemplazar subsidios con mayores ingresos por aumento de tarifas. Pero para eso hacen falta dos condiciones: voluntad política y algo de consenso social. A gente como Macri, Duhalde o Carrió, si algo le sobra es voluntad política para hacer los deberes que les encarga la burguesía y exprimir a los trabajadores con ajuste a la vieja usanza. Lo que no abunda en la población es ganas de sufrir para beneficio de esa caterva. También aquí, el conato de crisis energética en diciembre mostró que, agotada rápidamente la paciencia, los damnificados por las empresas no dudaban en cortar calles, quemar gomas y atacar sedes.

¿Dónde están los valientes que van a anunciar el aumento del boleto de colectivo y tren al triple, de la luz al doble, de la nafta un 50% y, al mismo tiempo, “moderación” en las negociaciones paritarias? La rebelión contra el impuestazo en Bolivia, los cortes de ruta en Punta Arenas (Chile) y hasta el vuelo por los aires del gobierno tunecino,  para no hablar de diciembre de 2001, son ejemplos heterogéneos y que parecen lejos en el tiempo y en el espacio. Pero tal vez no lo estén tanto. De modo que los aspirantes a poner en vereda la inflación argentina harían bien en medir el humor regional, que muestra a gobiernos de derecha como el de Piñera y de “izquierda” como el de Evo Morales probando la amarga medicina del rechazo popular a variantes de ajuste.