La creación del nuevo Ministerio de Seguridad y la designación de Nilda Garré al frente de él son claros signos políticos del gobierno. A quienes lo vean como pasos progresivos en la política de la represión institucional, sólo les podemos echar un balde de agua fría: son pasos, vía la absorción absoluta al aparato del Estado de “organismos de DDHH”, hacia una represión efectiva de la protesta obrera y popular con el menor costo político posible.

El respaldo que faltaba

En medio de los sucesos de Villa Soldati, la Presidenta anunció la creación del nuevo organismo de Seguridad. Desde ese 11 de diciembre –en el festejo por el Día de los Derechos Humanos– hasta estos días, se reflejó en un vidrio de doble aumento para que hasta un miope lo pueda ver, este salto: coptación absoluta por parte del Estado de estos organismos de defensa de los DDHH.

Aunque no sea una novedad que organismos como Madres de Plaza de Mayo (Hebe de Bonafini) y Abuelas sean nuevas secretarías del gobierno aunque conserven su “marca” pero no su “calidad”, el anuncio de la creación del Ministerio de Seguridad hecho por la Presidenta flanqueada por estas referentes, es un paso más en su adaptación total. No es sólo simbólico, o en todo caso, el símbolo es bien explícito: es el aval a la “nueva” política en materia de Seguridad del gobierno. Estuvieron al lado: no enfrente ni en la esquina. No fueron sólo a entregar los premios, fueron a ser garantías de la “nueva” represión.

Con el nombramiento de Garré, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se pasó con armas y bagajes a la administración de la Seguridad K. Esta organización (a la que perteneció la designada ministra) surge en 1979, bajo la conducción de Emilio Mignone y Augusto Conte [1], el primero del PJ y el segundo de la Democracia Cristiana y padres de desaparecidos, como organismo de derechos humanos. Estaba integrado por figuras del arco político que también participaban de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero éste era más amplio; dio cabida a abogados independientes que surgían en la pelea contra la represión. Aportaron con su equipo de abogados y personalidades a la investigación y denuncia de numerosas causas de desapariciones. Luego de presentar un informe en París el 30 y 31 de enero de 1981 denunciando el terrorismo de Estado, el 27 de febrero, sus oficinas fueron allanadas, secuestrados sus archivos y detenidos sus ocupantes y principales dirigentes.

Con la llegada de Kirchner al gobierno, acompañó la política de derechos humanos, siendo querellante y asesor en los juicios a los represores. Su principal referente público, el periodista Horacio Verbitsky presentó su libro: “Fuerzas Armadas y Derechos humanos: una relación impuesta”, donde explica su política en materia de seguridad. Un aporte a la campaña del gobierno por la relegitimación de las FFAA en el Bicentenario.

Pero con su apoyo al proyecto instrumentado desde el nuevo Ministerio, su integración pega un salto orgánico. No es lo mismo apoyar la política del gobierno que pasar a integrar política y físicamente, un organismo de Seguridad. Como no lo es para un futbolista jugar en la Reserva que en Primera división, aunque tenga puesta la misma camiseta.

El ropaje garantista y democrático

El Ministerio de Seguridad, al adquirir independencia del Ministerio del Interior, lo eleva a una jerarquía superior, en cuanto a la aplicación de sus políticas “propias” y en cuanto a su accionar.

Este cambio de rango no es otra cosa que ubicarlo con la autoridad para actuar bajo el mando directo de su flamante ministra y de la Presidenta, sin intermediarios molestos, llámense Aníbal Fernández o algún otro de menor rango. Poner el mando político “en directo”, en el centro.

 “Acuerdo para una Seguridad democrática”: este es el nombre del proyecto que impulsan llevar adelante el ex ministro de Seguridad bonaerense Arslanián; el ex jefe de la Policía Aeronáutica, Marcelo Saín, entre otros especialistas en el tema y el CELS, que no ocultaron su alegría emitiendo un comunicado titulado: “Una oportunidad histórica”. La oportunidad histórica es encuadrar a la Policía, Prefectura y Gendarmería bajo el control del poder político. “Si asumí es porque el control lo voy a tener yo y no otro funcionario”, repitió la doctora Garré. [2] Las declaraciones y resoluciones que se sucedieron a partir del momento de su nombramiento van dando imágenes en dinámica de la política garantista y democrática. Tampoco es un dato menor el nombramiento de la fiscal Cristina Camaño, a cargo de la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.

El día de la asunción en su cargo, las declaraciones se asemejaban a las pautadas para una fundación benéfica. El centro era la creación de una Dirección de Transparencia, las denuncias contra la corrupción dentro de la fuerza, la investigación de sus efectivos “malos”. “La represión no es el recurso para solucionar los conflictos que se presentan en las sociedades”, expresó la ministra. El nombrado ministro de Defensa, Arturo Puricelli, acompañó el tono: “…Lo que se tiene que hacer es trabajar para consolidar lo hecho en derechos humanos y educación”. [3]

Luego fueron dando algunas pistas. La ministra empezó a expresar preocupación por los “derechos y el bienestar”… del personal policial.

Luego del nombramiento del nuevo jefe policial fueron más explícitos. Para prevenir el delito, van a sacar a 6.000 gendarmes a patrullar las calles del Gran Buenos Aires, en el Operativo Centinela, rubricado fervorosamente por Cristina.

La otra resolución que provocó gran alboroto y encrespó al gorilaje fue la de que la Policía debe actuar desarmada ante el conflicto social. Junto con esto, resaltaron la necesidad de buscar el acuerdo antes que la violencia.

Acuerdos que, como el del Parque Indoamericano, dejó a los ocupantes con un papelito en la mano para ir a anotarse a un fantasmagórico plan de viviendas. Para lograr estos acuerdos cuentan con los punteros peronistas y los burócratas sindicales en el movimiento obrero.

Una ministra para los tiempos que corren

La ministra Garré tiene un perfil “setentista”, sustentado por el gobierno y acicateado por la derecha. Pero su gestión pública es más cercana a una política burguesa “normal”. Fue diputada peronista con Cámpora y con Isabel, siguiendo su carrera en el Frepaso posteriormente, diputada por este Frente y funcionaria del Ministerio del Interior en 1999 bajo la jefatura de Federico Storani, diputada nuevamente en el 2001 hasta desembocar como funcionaria en el gobierno K.

Una ubicación de experiencia, idoneidad y adaptación a los tiempos políticos, para un gobierno que se encamina hacia un giro conservador, donde las principales espaldas que tiene que cuidar son las de las instituciones fundamentales, entre ellas las encargadas de la represión. La doctora Garré es una buena guardaespaldas de éstas.

Notas:

1. Augusto Conte se suicidó el 5 de febrero de 1992, quebrado ante la reciente promulgación de las leyes de impunidad y el indulto a los genocidas.

2. Clarín (16/12/10).

3. Ídem.