Socialismo o Barbarie, periódico Nº 192, 27/12/10
 

 

 

 

 

 

Los incidentes de la estación Constitución

Cuando los ánimos se caldean

“La Fraternidad amenazó con parar todo si avanza la incorporación de los tercerizados. ‘No podés meter gente sin hablar con los sindicatos’ se sinceró el secretario de Transporte, Pablo Schiavi” (Adriana Meyer, Página 12, 24-12-10).

Los ánimos están caldeados y no solamente por el infernal calor veraniego de estos días. El pasado miércoles 23 de diciembre, víspera de Navidad, cuando cerrábamos nuestra edición, estallaron graves incidentes en Constitución, cabecera del Ferrocarril Roca. Desde el mediodía, un sector de compañeros tercerizados de dicha línea, acompañados por algunas organizaciones de la izquierda, realizaron un corte de vías en reclamó por el incumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acta-compromiso de pase a planta permanente que debió haberse concretado el pasado lunes 20 y que hasta el momento sigue en veremos para un amplio sector de compañeros.

En este editorial trataremos de dar una somera visión de conjunto que explique “estallidos” como el de Plaza Constitución (y otros que podrían sucederse por los cortes de luz, por ejemplo) al tiempo que proponer un curso de acción que sirva al relanzamiento de la lucha de los tercerizados ferroviarios.

Bajo el signo de la polarización social

Para entender correctamente acontecimientos como los de Plaza Constitución hay que partir por separar la paja del trigo. La circunstancia es que los hechos del miércoles 23 parecieron una puesta en escena para llevar los resultados contra los tercerizados en lucha.

La realidad es que alrededor de acontecimientos como los del Parque Indoamericano, o ahora los de la estación Constitución, sectores patronales más de derecha y los medios de comunicación que les responden, pretenden aprovecharlos para presionar al gobierno de Cristina para que vaya hasta el final en la instrumentación del giro conservador en el que está involucrado después de la muerte de Kirchner.

Parte de esta “presión” es el aprovechamiento reaccionario de determinadas circunstancias de “desborde social” para montar una escalada de provocaciones que fuerce un giro a la derecha más pronunciado en la actuación del gobierno: “Los desmanes comenzaron cuando un grupo de jóvenes levantó las persianas de la estación y entró a romper lo que se le cruzaba. Si el grupo actuó en forma espontánea o aprovechó el caldo de cultivo del malestar de los usuarios, la cercanía de la Navidad y el calor para potenciar el estallido es materia de investigación”[1].

En ocasión de la justa ocupación del Parque Indoamericano por sectores populares sin techo, se instrumentalizó a vecinos para que aparecieran manifestándose en contra de la misma, llegando al envío de patotas armadas que se cobraron las vidas de varios hermanos inmigrantes. En el caso del corte del Roca, no casualmente apareció en Constitución una banda de jóvenes saqueadores que terminaron rebalsando el vaso del hastío de los pasajeros varados por varias horas en la estación.

La realidad, a estas alturas, parece ser que maniobras provocadoras de este tipo han llegado para quedarse como parte integrante de la actual coyuntura política: un elemento que no puede dejar de considerarse a la hora de la realización de las acciones de lucha, al menos en el período próximo inmediato.

El hecho es que estamos en una coyuntura muy particular en el país. La muerte de Néstor Kirchner y el asesinato de Mariano Ferreyra terminaron abriendo un período de mayor polarización política donde la patronal está intentando imponer un giro a la derecha del conjunto de la situación sintetizada en el reclamo de “orden”: “Pocos días después del inicio de los episodios de violencia social que deparó la toma del Parque Indoamericano, la estación Constitución fue hoy testigo de un nuevo desborde, en el cual el Estado volvió a mostrar sus limitaciones para garantizar el funcionamiento de un servicio público esencial y el orden público”[2].

La circunstancia específica es que la patronal está intentando esto –acallar los justos reclamos obreros y populares– en un país donde las brasas del 2001 no se terminan de apagar del todo. Es decir, donde los explotados y oprimidos no dejan pasar impunemente que los superexploten como esclavos (el caso de los tercerizados del ferrocarril); que los dejen sin techo donde vivir (el caso de las ocupaciones de predios); o que le maten compañeros militantes como Mariano, sin poner “el grito en el cielo”.

Bajo el fuego cruzado de esta realidad polarizada de los últimos dos meses, el gobierno de Cristina K está tratando de mostrarse como “la mejor prenda de gobernabilidad”. Es el propio gobierno el que está intentando llevar adelante la agenda normalizadora concretando un curso hacia la derecha en su gestión. Claro que no deja de hacerlo con “sus propios métodos”, por así decirlo. Por ejemplo, anunciando la creación del Ministerio de Seguridad en compañía de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pero a estas alturas ya es un hecho indisimulable su vocación política por satisfacer los reclamos patronales más sentidos de cara a la búsqueda de la reelección en el 2011.

El pacto social a palos (si es necesario)

“Me detuve especialmente en lo que dice el acuerdo (con la UOCRA) de evitar medidas de violencia, como el corte de calles” (Cristina K, La Nación 21-12-10).

Sin embargo, las cosas no le están resultando tan simples. Terminada la coyuntura de “duelo” por la muerte de Kirchner, el gobierno de Cristina viene siendo reiteradamente desbordado por derecha e izquierda. El asesinato de Mariano, las muertes de los hermanos tobas en manos del gobernador K de Formosa, Gildo Insfrán, los acontecimientos del Parque Indoamericano y ahora los incidentes de Constitución, muestran a un gobierno que si bien está ensayando él mismo el giro “normalizador” de la situación del país que está exigiendo la patronal, no logra “gobernar” del todo los acontecimientos.

Es en ese contexto que hay que inscribir las dos medidas más de “fondo” que Cristina está impulsando en estos momentos. Por un lado, la proclamación de la necesidad de un pacto social. Aquí lo que pretende es ensayar un acuerdo de “paz social” que “modere” los reclamos obreros el año que viene, a la vez que le sirva como ancla para la escalada inflacionaria y para garantizar la continuidad de las súper ganancias empresarias, evitando la pérdida de competitividad que podría significar el retraso del tipo de cambio.

La idea es sencilla: garantizar –vía la burocracia sindical– que la masa de la clase obrera ocupada no salga a la pelea en 2011. Y buscan hacer esto encorsetando a los batallones pesados de la clase obrera por intermedio de unas paritarias amañadas, con índices de aumentos lo suficientemente limitados para que a la vez sirvan como “moderadores” de la creciente escalada inflacionaria, utilizando a los salarios como variable de ajuste para este objetivo[3]. El descaro es que el gobierno está impulsando esto mientras deja “flotar” libremente precios “sensibles” de la economía como en el caso de la carne –que aumentó sideralmente en 2010– o ahora de las naftas.

Es en ese camino que el 20 de diciembre pasado se firmó una suerte de “preacuerdo” o “compromiso de paz social” con un sindicato de importancia: la UOCRA de Gerardo Martínez. Esto se llevó a cabo con una puesta en escena a todo trapo en la que participó la propia Cristina Kirchner exigiendo que “se ponga fin a los cortes de calles”. El mensaje que dejó aquel evento es muy claro: aquellos sectores que por cualquier razón osen desbordar las pautas explotadoras preestablecidas verán caer sobre sus cabezas “toda la fuerza de la ley”…

Es precisamente ahí donde se instala el segundo componente de esta política de demostrar “gobernabilidad” de cara al 2011: la creación del Ministerio de Seguridad. Se trata de una iniciativa para centralizar la represión, pero haciéndolo de una manera que muestre  una cara institucional y “legitimada” del castigo al “conflicto social”. Represión que se verá incrementada en el próximo período.

El susodicho pacto social o, al menos, los acuerdos que logren por sector, serán aplicados a los palos si es necesario en el 2011: ¡ese es el mensaje navideño que subliminalmente pretende enviar Cristina!

El próximo año estará cruzado –muy probablemente– por la lucha contra este intento de hacer pagar los costos de la inflación a los trabajadores y la mano dura contra los que se atrevan a cuestionarla. Es decir, el intento de “poner orden” a todo sector que salga por fuera del gobierno y la institucionalidad y plantee sus reclamos, sean salariales, de vivienda, salud o de tierras.

Para esa perspectiva de enfrentamientos más duros y polarizados hay que preparase y de ahí la necesidad imperiosa de conformar frentes únicos de lucha.


[1] Página 12, 24-12-10.

[2] Fernando Laborda, La Nación on line, 23-12-10.

[3] El gobierno busca este objetivo mientras que deja “liberados” todos los precios que importan en la economía como acaba de ocurrir con el precio de las naftas.