En la primera quincena de abril de 1879, el general Julio Argentino Roca iniciaba la Campaña del Desierto. El objetivo fue combatir y terminar con las tribus indígenas que poblaban el vasto territorio que se extendía en la llamada “pampa húmeda” hacia el sur. De esta manera los terratenientes, los militares y la Iglesia se adueñaron de las tierras y del ganado que se contaba en alrededor de 300 mil cabezas en poder de los indios. Casi 150 años después los capitalistas arrasan poblaciones y pudren ríos y suelos en pos de mayores ganancias.

Bajo la presidencia de Avellaneda la necesidad de ampliar las fronteras internas se hizo prioridad. Su ministro de Guerra, Adolfo Alsina, programó una zanja que se extendería por más de 300 kilómetros para contener las incursiones indígenas. A su muerte, le sucederá en el cargo ministerial, el general Julio A. Roca, quien cambia la estrategia diseñada anteriormente por Alsina. “Si el objetivo de Alsina era el de proteger los intereses de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, el de Roca era nacional, mucho más extendido, más sistemático. También, mucho más eficaz. Estanislao Zeballos –santafesino, para más datos– fue quien le dio soporte intelectual a la campaña, y el que más insistió en advertir que, si esta tarea no se hacía a tiempo, la llevarían a cabo los chilenos o los ingleses, con la previsible recompensa en tierras.” [1]

De esta manera la apropiación de la tierra era un problema fundamental para una economía que ya delineaba su perfil agro-exportador. “En términos económicos, a la Campaña del Desierto hay que pensarla como la estrategia de las clases propietarias para fortalecer su condición dominante. Si el modelo de acumulación económica era primario-exportador, el principal insumo lo constituían las tierras. A diferencia de los Estados Unidos, esta tarea no fue realizada por granjeros, sino por el Ejército. A diferencia del país del norte, los beneficiarios de estos millones de hectáreas no serían los granjeros, mucho menos los milicos, sino los especuladores y los terratenientes”. [2] Los indios, sin posibilidades de triunfar, fueron derrotados totalmente y cuatrocientas personas se apropiaron de ocho millones y medio de hectáreas, consolidándose la oligarquía en nuestro país.

Otras “campañas” se sucedieron hacia el nordeste. Hacia los territorios chaqueños y del norte. Lo que se conoció como la “Campaña del Desierto Verde”. La misma reportó además de tierras, mano de obra barata para las industrias como la caña de azúcar y la industria vitivinícola. Los niños y las mujeres eran repartidos para el trabajo en las casas de la región y el Ejército incorporó compulsivamente personal a sus filas. Así el capitalismo argentino se iba alimentando con la voracidad que siempre lo caracterizó sin medir más consecuencias que las que afectaran sus ganancias y estableció las fronteras internas de la explotación de los recursos naturales y la población.

Las nuevas “fronteras” de la explotación

A principios de este siglo, una nueva geografía de la explotación capitalista se delinea en el territorio nacional. El boom sojero, las explotaciones mineras y el control del agua potable del Acuífero guaraní, entre las cuestiones fundamentales, vuelven a plantear un ataque a las condiciones de vida de las poblaciones pobres, muchas de ellas pertenecientes a comunidades originarias que aún subsisten en bolsones de miseria, hambre y represión.

En 1994, la multinacional Monsanto logró que se aprobara en el organismo central alimentario de Estados Unidos, con la oposición de las Agencia Nacional Alimentaria (USDA), el proceso de modificación genética de la soja. Rápidamente el nuevo transgénico se expandió. “La superficie sembrada hoy con soja RR, supera a toda el área sembrada existente en 1995. Esto implica que para llegar a los 35 millones de hectáreas actuales, se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones. Así en 2004, la superficie agrícola total era de 27 millones de has., mientras que hoy ya superamos las 35 millones de has., cifra equivalente al 12.5% de la superficie del país”. [3]

Los pools sojeros, por supuesto, no miden consecuencias a la hora de contar ganancias. La transgenia significa una importante alteración de los mecanismos de la naturaleza y actúa nocivamente sobre el sistema inmunológico y abre la posibilidad de desarrollar factores cancerígenos. Las comunidades indígenas del noreste son de las más afectadas. “En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichi, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.” [4]

Desde otro punto de vista, no menos importante, la “sojización del suelo está alterando las fronteras agro-ganaderas que se establecieron desde los tiempos de Roca. Hemos reducido nuestra producción de carne –al disminuir el área, el número de cabezas y la calidad de los campos destinados a la misma– para producir 'pasto-soja', debiendo apelar a la altamente peligrosa herramienta del feed-lot, pasando a producir carne de pésima calidad y con bajísimo nivel de seguridad alimentaria, en el país que alguna vez tuvo la 'mejor carne del mundo'. Destinamos nuestras mejores tierras a producir forraje –y ahora también agro-combustibles–, para que otros países produzcan y exporten carne, en lugar de hacerlo nosotros.” Afirma el ingeniero Lapolla.

Efectivamente, la producción ganadera ha corrido sus coordenadas hacia otras zonas de menor calidad de las pasturas. Mientras la soja avanza y derriba, a su paso, al otrora famoso Impenetrable chaqueño, los campesinos pobres y las comunidades indígenas de la zona son perseguidos por las bandas de los empresarios sojeros cuando intentan reclamar su tierra. Lapolla se queja porque de esta manera otros países pueden producir y exportar carne “en lugar de hacerlo nosotros” sin hacer distinción de clase alguna. Si lo hiciera tendría que decir, por ejemplo, que existe un capitalista argentino al que, como el conjunto de los empresarios, les importa un bledo la cuestión nacional y mucho menos la explotación y opresión que sufren los pobladores de esos lugares. Este señor es Alfredo Olmedo, a quien se lo conoce como el Rey de la Soja de Formosa. El mismo preside la compañía Olmedo Agropecuaria que es dueña de 98 mil has. En los departamentos de Anta, Metán y Rosario de la Frontera en Salta, Santiago del Estero y Formosa. Y además arrienda 10.000 más en la región.

El oro no es del moro ni de los pobres

La explotación minera, por su parte no le va en saga a la soja en la contaminación del suelo, el agua y el aire. A principios del 2001, a 5 kilómetros de la ciudad de Esquel, una investigación verificó que la empresa El Desquite había usurpado tierras para la explotación de un yacimiento aurífero. “La empresa que realizaría dicha explotación es Meridian Gold, empresa multinacional Canadiense con sede en Reno [USA] que funciona desde 1981. Dicha empresa absorbió casi la totalidad de las acciones de la empresa Argentina, El Desquite S.A”. [5] La explotación se realizaría a cielo abierto provocando un fuerte impacto ambiental y el mineral molido se trataría con cianuro, lo cual planteó la contaminación de las napas de agua y un efecto nocivo directo sobre los habitantes del lugar.

En Catamarca, el Proyecto Alumbrera de explotación de cobre y oro ha llevado a la contaminación de la cuenca del río Amanao. Los pobladores también han tenido que ir dejando también las viviendas a orillas del río Vis Vis.

“Juana Rosalinda Flores y Manuel Horacio Salas vivieron toda su vida sobre las márgenes del Vis-Vis, unos dos kilómetros más abajo del lugar en que Minera Alumbrera construyó el dique de cola, donde descarga el material contaminante, y una estación de retrobombeo que supuestamente devuelve lo que se filtra. Pero tuvieron que irse a fines de 2002. De acuerdo con lo que sostienen en la demanda civil, que se tramita en el Juzgado Federal, la llegada de la empresa los perjudicó en primer lugar económicamente, porque les impidió continuar comerciando con Farallón Negro, en Belén, y destruyó los rastrojos en los que cultivaban al construir el mineraloducto, con lo que la finca fue virtualmente arrasada sin ningún reparo o respeto por la propiedad ajena". [6]

Los ejemplos de la sojización  y la explotación minera en Esquel y Catamarca son sólo la muestra de algunos eslabones de la cadena que ata a los sectores más pobres a la miseria y el desarraigo por la rapiña voraz de los empresas capitalistas multinacionales y sus socias nacionales con la complicidad del gobierno de Cristina K. El corrimiento de la antigua frontera agro-ganadera junto a la explotación minera y la usurpación de los reservorios de agua potable en el litoral por parte de pools, holdings y otras sociedades del capital explotador, pone a la orden del día un programa estratégico y revolucionario que comience por la expropiación de los capitalistas para terminar con estas “fronteras” de miseria, hambre y muerte y ponga en pie una sociedad verdaderamente socialista, al servicio de los intereses obreros y demás sectores oprimidos.

Notas:

1- Rogelio Alaniz. Periodismo y opinión.

2- Op. cit.

3- Alberto Lapolla. Ingeniero Agrónomo genetista  [Pag. 1/2/09].

4- Darío Aranda. Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja.

5- Andrés Wulfman. Esquel, la explotación minera.

6- Diario El Ancasti de Catamarca.