El crimen de Mariano Ferreyra puso sobre la mesa un problema que actúa como espada de Damocles sobre la cabeza de millones de trabajadores: la tercerización laboral. Esta modalidad de la relación patrón- trabajador en la cual el asalariado ya no es un trabajador permanente de la empresa para la que cumple efectivamente las tareas, sino que pertenece a otra que le “presta” servicios, vino a partir del avance de la flexibilización y precarización laboral en la década menemista. Lo que implica para las empresas tener acceso a puestos de trabajo tercerizados, es pagar menos salario que al que hace la misma tarea pero es parte de la planta permanente, recortar los derechos gremiales, dejar al trabajador tercerizado siempre al borde del despido por “vencimiento de contrato” y fragmentar a la clase trabajadora (en efectivos, contratados, tercerizados) disminuyendo su capacidad de organización y lucha.

En Argentina, según estudios de varios economistas, se calcula que sobre algo más de 16 millones de personas económicamente activas, hay casi ocho millones de trabajadores en situación precaria (IDEF- CTA), y la mano de obra tercerizada es de alrededor de cuatro millones de trabajadores. Esto demuestra que el factor estructural contra el que salieron a luchar los compañeros del Ferrocarril Roca, cuando plantearon su reincoporación y pase a planta permanente, no es un problema exclusivo de los ferroviarios, sino que su reclamo cuestiona de fondo los mecanismos de superexplotación de toda la clase obrera.

El gobierno defiende la tercerización

Luego del asesinato de Mariano, el gobierno salió a hacer alharaca con un discurso de denuncia sobre “abusos” alrededor de la tercerización.  En un reportaje a Tomada, el Ministro de Trabajo dice “la tercerización en sí no es una mala palabra. El mundo está organizado de esta manera. (…) Lo que hay que hacer es ser más estrictos sobre las tercerizaciones que se hacen sobre lo que es el objeto de la empresa. No es lo mismo la tercerización de limpieza de una estación de ferrocarril que la de reparación de locomotoras” (Página 12, 8/11). Acá se revela con toda claridad el rol político de los K: ser una garantía de las relaciones de fuerza heredadas de la dictadura militar (creadora de las agencias de empleo), y el menemismo (creador de la tercerización propiamente dicha). Porque mas allá de cambiar algún rasgo escandaloso, su idea es no tocar el núcleo de la tercerización y la precarización laboral, base de las ganancias multimillonarias de los empresarios, defendiendo el empleo de subempresas para una misma estructura de trabajo. Porque así como Tomada dice que la limpieza de una estación de tren puede ser considerada una tarea por fuera del rubro ferroviario, con el mismo pretexto podría decir que el boletero es más un empleado de comercio que ferroviario porque vende tickets y así justificar la tercerización de todos los sectores y la subdivisión de todos los trabajadores. Esta lógica es la que salieron a enfrentar los trabajadores del Subte cuando consiguieron, en 2007, el pase al convenio de la UTA y su absorción en Metrovías S.A. de más de 400 trabajadores tercerizados de Taym (limpieza) y otras empresas.

Los dichos de Tomada y la pelea triunfante del Subte, en su momento, y ahora la de los trabajadores del FFCC Roca, son muestras de cómo la tercerización laboral fue un triunfo de las patronales sobre la clase trabajadora, de la que el gobierno no quiere modificar nada de fondo tampoco en este aspecto, y de cómo romper con la tercerización y pasar a planta permanente depende pura y exclusivamente de las correlaciones de fuerza y la organización y lucha de los trabajadores. Los compañeros tercerizados del Roca son hoy un gran ejemplo para todos los trabajadores. Su lucha necesariamente debe ir tanto contra el gobierno y su política de defender la precarización laboral, como de la burocracia sindical, que no sólo se alinea con el gobierno para defender sus privilegios políticos, sino que, como veremos a continuación, en muchos casos maneja jugosos negocios y concesiones como empresarios hechos y derechos.

Las relaciones carnales entre la burocracia sindical y el gobierno

Cuando Aníbal Fernández sostuvo hace unas semanas a la CGT como “columna vertebral” del proyecto del gobierno, dejó en evidencia la importancia que tiene para el gobierno el control sobre el movimiento obrero. Desde estas páginas hemos desarrollado el rol de la burocracia sindical como pilar del régimen de dominación capitalista, pero lo que saltó a la luz con la lucha de los trabajadores del FFCC Roca y el asesinato de Mariano son los vínculos concretos entre burocracia y gobierno, y cómo se necesitan y se hacen favores el uno con el otro. El gobierno K al asumir en 2003 otorgó gran parte de las subsecretarías que dependen de la Secretaría de Transporte a capos de la burocracia sindical. En las Subsecretarías de Transporte Automotor y de Puertos y Vías Navegables están Jorge González y Ricardo Luján, hombres de Moyano; en la de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, hombre de Maturano, burócrata de La Fraternidad (maquinistas de ferrocarriles). Pero aquí sólo comienza el meollo de la cuestión, ya que sólo en el rubro ferroviario, hay gente de la burocracia sindical con peso dentro de empresas del Estado: el presidente de ADIF S.E. (Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado) responde a Maturano; el Presidente Ejecutivo de Ferrocarril Gral. Belgrano S.A, el de SOF S.E. (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) y otro hombre fuerte dentro de UGOFE Línea Roca, a Pedraza (Unión Ferroviaria) [1]. A su vez, la mujer de Pedraza es la Presidenta Ejecutiva del Belgrano Cargas, llegando en algún momento a tener la misma Unión Ferroviaria la concesión del ramal. Como denunciaron los trabajadores tercerizados del Roca, no sólo la Cooperativa Unión Mercosur, que reemplaza los durmientes en el Roca (Clarín, 23/10), sino que son varios los negocios, desde numerosas empresas que brindan servicios hasta los vendedores ambulantes, que pasan por la caja y el control de la burocracia de la Unión Ferroviaria: Pedraza pone de su gente en cargos del Estado y las empresas, maneja subsidios estatales, empresas que tercerizan… y patotas que asesinan. Las palabras de Maturano, cuando dijo: “Si hay dirigentes vinculados a las empresas de tercerización, son unos hijos de puta, porque están explotando a los propios compañeros que representan” (La Nación, 24/10), con esta pintura del panorama, suenan a ironía de mal gusto.

Mantenerse en guardia por el pase a planta permanente de todos los tercerizados del Roca

La lucha de los trabajadores tercerizados del FFCC Roca, el escándalo por el asesinato de Mariano Ferreyra y las masivas movilizaciones por justicia, forzaron al Ministerio de Trabajo a reincorporar a los trabajadores despedidos del Roca, y realizar una promesa de pase a planta permanente de todos los tercerizados para enero. Esto podría significar una gran conquista, pero hasta no hacerse efectiva la medida, desde el Nuevo MAS opinamos que no hay que bajar la guardia y hay que mantenerse organizados y en lucha. A su vez sería una dura derrota para la burocracia de la Unión Ferroviaria, si se unificara la lucha de los tercerizados con los trabajadores efectivos, y se extendiera esta pelea a todas las líneas de ferrocarriles, podría abrirse la posibilidad de una verdadera revuelta antiburocrática en todo el gremio que ponga en jaque a “il capo” Pedraza y toda su patota. lo que escribiría un página de enorme importancia en el actual proceso en curso de recomposición obrera.

Esta es la tarea que ahora se pone por delante: barrer a la burocracia de Pedraza del Roca y la Unión Ferroviaria para que emerja una nueva dirección basada en los métodos de la democracia obrera e independiente de todo sector patronal; es decir, una nueva dirección clasista para los ferroviarios.

• ¡Justicia para Mariano Ferreyra!

• ¡Cárcel a Pedraza!

• ¡Pase a planta permanente de todos los contratados!

• ¡Echemos a la burocracia del Roca y la UF!

Nota:

1.- UGOFE es una sociedad entre Metrovías, Ferrovías y TBA a la cual pasó la concesión del Roca cuando fue “reestatizado” en 2007.