Que el 82% móvil se aplique a todos los
jubilados
“El
texto no prevé que el haber básico siga luego la suerte
del salario mínimo, vital y móvil. En rigor, propone que
se garantice un ingreso básico equivalente al 82% del
sueldo mínimo actual, pero luego el haber se ajustaría según
el índice de movilidad general [se trata del índice que ya
viene aplicando el gobierno K] (La Nación, 14 de octubre
del 2010).
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No a la
reprivatización parcial de los aportes
Que los fondos suplementarios
vengan de los empresarios
Pero
profundicemos un poco más en lo que está en juego con esta
ley. Se trata de un tema en el que todos
muestran la hilacha. El oficialismo está decidido a
vetar la ley recientemente aprobada, contrariando su prédica
populista con una acción de “responsabilidad fiscal”.
La oposición de derecha, en este caso, se encargó de
depositar cápsulas envenenadas en el texto de la ley. No se
trata sólo de que los artículos 6 y 7 del proyecto
terminan asignando casi más dinero a las jubilaciones más
altas que a todo el resto. El artículo 12 y penúltimo
establece, como quien no quiere la cosa, que el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS, es decir, la caja grande
de la ANSeS) no puede superar los gastos asignados en el
presupuesto del año.
Esto
tiene dos consecuencias. La primera: se desvirtúa
totalmente el concepto de fondo de jubilaciones, ya que no
hay reservas hacia el futuro y sólo quedan en la caja los
fondos previstos para el año en curso. La segunda, y más
grave: obliga a la ANSeS a desprenderse
de la mitad de sus activos actuales (porque el FGS hoy
duplica los gastos que prevé el Presupuesto 2011). Al
margen del fuerte perjuicio económico y financiero que
significa vender de apuro, lo interesante es imaginar quiénes
son los potenciales compradores
de esos activos. Sí, claro: los
mismos bancos que tenían el negocio de las AFJPs. Tal
como está el proyecto, significa una reprivatización
parcial y encubierta de los fondos previsionales.
Como
se ve, en la discusión del 82% todos hablan del
“bienestar de los jubilados”, pero todos
son fieles a sí mismos: los Kirchner priorizan antes
que nada la buena salud de la caja fiscal (amén de mantener
depreciados los pisos salariales), y la oposición de
derecha representa devotamente los grandes intereses
privados, en este caso de la banca.
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Esta
madrugada del jueves 14 de octubre finalmente la oposición
logró alzarse con un triunfo en el Congreso. Más de un año
después de las elecciones de junio 2009, y a diez meses de
tener mayoría en ambas cámaras, lograron hacer ley el
proyecto del 82% móvil para los jubilados.
En
realidad, la “ley” viene con una
serie de “trampas”, más allá del elemento real que
contiene que la jubilación mínima pasaría de los actuales
1.046 pesos a 1.426.80 en el 2011.
Esto
ocurriría por única vez (en caso de no ser vetada por
Cristina) porque luego, como se ve en la cita que encabeza
esta nota, la actualización se seguiría haciendo según el
índice de la actual ley jubilatoria kirchnerista, que
marcha siempre detrás de la inflación.
Por
si esto fuera poco, hay otra
trampa: está el hecho que no
se trata de dar satisfacción a la reivindicación histórica
de los jubilados de cobrar el 82% móvil de sus sueldos en
actividad. Es decir, su reivindicación tradicional era
que al jubilarse deberían cobrar ese porcentaje de su mejor
salario activo, al tiempo que actualizarse anualmente según
la inflación. No es esto lo que propone el proyecto
opositor, sino
solamente un aumento por única vez de la mínima.
También
quedaron afuera de la ley ciertos reclamos de algunos
bloques minoritarios que para poder financiar los aumentos
jubilatorios se aumentaran las cargas patronales. Pero está claro que una oposición
que en realidad tiene como principal bandera el volver al
neoliberalismo puro y duro de los años 90, desde
ya que no va a afectar siquiera tímidamente las super
ganancias empresarias.
Por
si lo anterior fuera poco, hay grandes sospechas que, en
realidad, siquiera se juega la oposición a que esta ley lo
sea realmente: muchos especulan simplemente con que Cristina la vete y quedar con esa
bandera para el 2011.
En
todo caso, la posición del gobierno “nacional y
popular” es indefendible.
Su ley jubilatoria no es más que un fiasco. Y su política
ha sido una cerrada negativa a elevar todos los salarios
“mínimos”: sean éstos los de los trabajadores en
actividad o los jubilados. Más allá de los problemas de
“caja”, esto tiene que ver con evitar que un alto umbral de estos pisos más o
menos “universales” fuercen para arriba los salarios de
los trabajadores en actividad. Manteniendo deprimido el
salario mínimo, las jubilaciones mínimas y a millones de
trabajadores precarizados y en negro, lo que se logra es que
toda la escala salarial se mantenga bien “competitiva” a
escala internacional y haga las mieles de las ganancias
empresarias: los
capitalistas –a quienes los K en definitiva sirven–
agradecidos.
La posición de la izquierda revolucionaria
En
síntesis: desde la izquierda revolucionaria se trata de
pelear por las jubilaciones desde
una posición independiente de ambos bandos patronales.
Estamos completamente en contra que este 82% –aun con todas sus
limitaciones– sea vetado por los K.
Es
más: el aumento de todas las jubilaciones hasta el 82% de
su mejor salario en actividad, debe ser aplicada a toda
la escala de jubilados del país (salvo a las
jubilaciones de privilegio que deberían ser eliminadas, o a
las de grandes burgueses, que no deberían cobrar).
Además,
estas jubilaciones
deben ser actualizadas anualmente contra la inflación real
y los fondos necesarios para pagarlas obtenerse de un
aumento en los aportes patronales y de la estatización
total bajo control obrero de todo el sistema previsional.
Llamamos a una verdadera movilización popular por estos
objetivos.
