El
escenario interno de la economía brasileña, que no pasó
por la crisis con la misma intensidad vivida en los países
centrales, es de crecimiento del PBI y de una “sensación”
de que las cosas van bien. Sobre eso se sustenta la altísima
popularidad del gobierno. Con reservas internacionales
acumuladas en el período anterior a la crisis y con la
reducción de las tasas de interés que estaban en niveles
estratosféricos, una de las más altas del mundo, el
gobierno consiguió contener la profundización de la
crisis.
Sin
embargo, lo fundamental en el proceso de recomposición económica
fueron los ataques a la clase trabajadora: despidos masivos
en varios sectores de la economía, con reducción salarial,
reducción de impuestos para las transnacionales de la
reducción salarial, aumento de la deuda pública y
precarización de las condiciones de trabajo. Por otro lado,
está claro que ante un nuevo rebote hacia abajo de la
economía mundial, esa situación puede cambiar
completamente, en la medida en que el crecimiento del PBI se
debe, en buena proporción, a las exportaciones.
El
mantenimiento de las políticas de compensación y las políticas
anticíclicas permitieron al gobierno mantener su
popularidad en niveles altísimos: la aprobación del
gobierno de Lula llega al 78%, según datos del instituto
Sensus publicados el 14 de septiembre. Esas políticas actúan
única y exclusivamente en el ámbito de las consecuencias,
o sea, de la pobreza provocada por el régimen.
Pero
en un país en que el 30% de la población vive en situación
de pobreza y un 10% en situación de extrema pobreza –los
datos también dan cuenta de que cerca del 35% de la población
brasileña ya pasó hambre por lo menos una vez en la vida,
lo que indica que hay en el imaginario de la población un
profundo temor a volver a pasar hambre–, las políticas
asistencialistas de Lula no dan cuenta de las necesidades
vitales de la población. Políticas como el plan Bolsa
Familia generan una sensación de que las cosas están
mejorando cuando, en verdad, apenas el 3% del PIB se gasta
en educación [1] y un 3,4% en salud.
En
contraposición, el marketing oficial resulta sumamente
eficaz en la construcción de una imagen de que “Brasil es
un país de todos”, como si eso fuese posible en el
capitalismo. A decir verdad, la desigualdad social en Brasil
sigue siendo una de las más altas del mundo: de 2004 a
2008, según una investigación del IBGE, la media nacional
cayó muy poco, pasando de 0,521 a 0,518 en la escala de
desigualdad de Gini.[2]
No
nos engañamos ante la falsa
polarización que representan las candidaturas burguesas
Dentro
de ese escenario de estabilidad se encuadra la disputa
electoral de 2010. La clase dominante local y sus socios
mayores desde el inicio del actual gobierno vienen
acumulando tasas de ganancia mayores que en el gobierno
anterior. Durante el primer mandato de Lula, la ganancia de
las grandes empresas aumentó un 394%. Esto se debe al buen
panorama escenario económico internacional del primer
mandato de Lula y, también, por el control sobre el
movimiento social ejercido por el gobierno a través de los
sindicatos "pelegos" (CUT y CIA). Durante la
crisis económica no fue diferente: la reducción de los
IPS, la reducción salarial, los préstamos a baja tasa para
los grandes empresarios hicieron la “alegría general”.
En esta situación, la oposición burguesa se quedó sin
base de sustentación, sin ejes políticos para
diferenciarse del gobierno de Lula, puesto que ¿quién otro
podría prestar mejores servicios a la clase dominante? Así,
las críticas al gobierno se limitan al ámbito del gasto público,
pero, contradictoriamente, el gasto público con el capital
fue uno de los principales responsables del combate a los
efectos de la crisis mundial en Brasil.
En
estas circunstancias, no es de extrañar que no haya
polarización real entre las candidaturas con mayor
visibilidad. Las tres candidaturas principales representan a
la clase dominante, cada una más propensa a ésta o aquélla
fracción de la misma clase, pero todas defienden mantener
el capitalismo y el actual régimen político que lo
sustenta.
Dilma
Rousseff, la candidata de Lula, es la candidata de la
continuidad: se presenta como la legítima continuadora del
proyecto iniciado por su jefe y antecesor. Así, ninguno de
los fundamentos de la macroeconomía será afectado si es
electa. Serra, candidato principal de la oposición
burguesa, no puede presentar ninguna crítica contundente al
gobierno, so pena de perder votos, y porque además no tiene
de hecho un proyecto diferente. Su única diferenciación es
el control fiscal, pero eso no puede ir al centro de la
campaña porque significaría reducir el gasto. Marina
Silva, candidata del Partido Verde, se plantea como la
candidata de la defensa del medio ambiente, sin que esto
afecte un milímetro los intereses de los capitalistas. No
es casual que su vice sea dueño de la mayor fábrica de
cosméticos del Brasil (Natura). Busca catalizar un sector
medio de la población que no se ve representado por los dos
partidos mayores. Parte de ese espacio era ocupado por
Heloisa Helena, del PSOL, que no vio lugar para su
candidatura en el marco de la alta popularidad de Lula. De
manera muy oportuna, prefirió candidatearse al Senado por
su Estado.
La
división de la izquierda fragmenta la opción política
independiente de los trabajadores
Las
elecciones están marcadas por la estabilidad política y la
momentánea estabilidad económica. De esa forma, las
candidaturas que se oponen frontalmente al régimen están
enfrentando el aislamiento de las capas más amplias de los
trabajadores. Sumado a los elementos más objetivos de la
realidad, no podemos dejar de considerar qué decisiones políticas
han contribuido a agravar el aislamiento de la izquierda
radical. Para explicarlo en detalle: las políticas de la
dirección del PSOL y del PSTU de no apostar a la unificación
de la izquierda en las elecciones ante la falsa polarización
entre el PT y el PSDB agravó el cuadro de aislamiento de la
alternativa socialista frente a las elecciones y el régimen
actual. Tampoco fue distinta la posición del PCB, primera
organización con legalidad –que fue parte del frente de
izquierda e las elecciones anteriores– en lanzar
candidatura propia.
Pero
por su peso político, los principales responsables del
hecho de que los trabajadores no dispongan de una
candidatura única en las elecciones son el PSOL y el PSTU.
Las razones ya son ampliamente conocidas. Parte de la
dirección del PSOL pretendía apoyar la candidatura de
Marina Silva, maniobra política con el objetivo de
profundizar el curso oportunista de ese partido. Esa táctica
operaba así en dos frentes principales: 1) girar a la
derecha aliándose con un partido del orden burgués; 2)
liberar a Heloisa Helena para candidatearse más fácilmente
al Senado, toda vez que ese núcleo dirigente no consigue
sobrevivir sin estar fuera de los aparatos, principalmente
los del estado burgués. Pero esa maniobra no resultó.
Marina Silva y el PV no tuvieron problema en hacer una
alianza con el PSDB en Río de Janeiro, lo que inviabilizó
las intenciones iniciales de la dirección del PSOL. A
partir de allí comenzó la disputa por quién sería el
candidato de esa lista. Hubo un verdadero "vale
todo" previo a la conferencia electoral, donde hubo
hasta denuncias de fraude en la elección de los delegados,
secuestro del sitio del partido y una conferencia a la que
los delegados ligados a Heloisa Helena no asistieron. En
esta crisis interna del partido se eligió a Plínio Sampaio
como precandidato.
El PSTU, ante la negativa de Heloisa Helena en ser candidata,
se apresuró a lanzar argumentos contra la construcción de
la frente de izquierda. Argumentos que tenían como sustento
principal el hecho de que Plínio Sampaio no era el
candidato reconocido por el partido, dado que hubo una
división en la conferencia electoral del PSOL. Argumento
claramente insuficiente, teniendo en cuenta la actual
coyuntura de polarización entre las dos candidaturas que
representan los intereses del capital y la necesidad de
fortalecer candidaturas obreras y socialistas en la actual
correlación de fuerzas.
No
se trata sólo de un cálculo cuantitativo, puesto que una
nueva experiencia de frente de izquierda, evidentemente, con
un programa anticapitalista y para defender las luchas
inmediatas de los trabajadores, podría contribuir a la
unificación en otros frentes, como el sindical, por
ejemplo.
La
cuestión es que vemos en organizaciones distintas –PSOL,
PSTU y PCB– la misma lógica política, o sea, creer que
la autoconstrucción política se hace en detrimento de la
necesaria unidad entre los sectores que resisten los ataques
de la clase dominante y su gobierno, hoy representado por el
PT y Lula. Eso se manifiesta en toda la línea política de
esos sectores. Como, por ejemplo, el congreso de unificación
en Santos en mayo –al cual el PCB se rehusó incluso a
participar– que explotó por la incapacidad de esas
organizaciones de construir plataformas políticas y formas
de organización que den cuenta de las necesidades actuales
del sindicalismo combativo, es un claro ejemplo de lo que
estamos diciendo.
Llamamos
al voto crítico por los candidatos del PSTU
No
obstante, incluso en ese cuadro de fragmentación de la
izquierda, no podemos esquivar presentar una alternativa
para los trabajadores en las elecciones. Con claridad de que
el proceso electoral, dentro de los límites de la
democracia de los ricos, en verdad, no pasa de una dictadura
disfrazada. Por lo tanto, es necesario dar el combate político
presentando claramente propuestas anticapitalistas y
socialistas que apunten a la transformación profunda de la
realidad. En el caso de Brasil, a pesar de toda la
propaganda del gobierno y la clase dominante, no son pocas
las vicisitudes que atraviesan los trabajadores; basta ver
los datos relacionados con el desempleo, los salarios, la
vivienda, la salud y la educación, como los problemas
sociales en general.
Es
necesario romper inmediatamente con esa situación, mediante
propuestas como la reducción de la jornada de trabajo sin
reducción de salario, la reforma agraria radical bajo
control de los trabajadores, el no pago de las deudas
externa e interna, la suspensión de las estatizaciones y
que las empresas sean puestas bajo control de los
trabajadores y otras. Pero el conjunto de propuestas
anticapitalistas deben apoyarse en la necesidad de la
movilización de los trabajadores y la juventud. De esa
forma, la campaña electoral de los socialistas
revolucionarios no puede prescindir del llamado permanente a
la movilización, e insistir en que cualquier cambio real
depende de la lucha y del enfrentamiento a los patrones y al
régimen es fundamental. En ese sentido, a pesar de las
insuficiencias programáticas presentadas –no se da peso
alguno a la cuestión de la democracia obrera y de la
autogestión de la clase trabajadora en el proceso de lucha
anticapitalista, por ejemplo– y de la posición equivocada
contra la constitución de un frente de izquierda, la
candidatura que más se aproxima a una plataforma socialista
y con alguna representatividad en el movimiento obrero es la
de José Maria de Almeida. Por esa razón, llamamos al voto
crítico a esa candidatura y a los candidatos del PSTU.
[1]
La candidata del PT, Dilma Rousseff, propone apenas un 7% de
inversión del PBI en Educación, valor ínfimo para las
necesidades actuales.
[2]
En ese índice, cuanto más cercano a 1 es el número, mayor
es la desigualdad.
