La
iniciativa del diputado Héctor Recalde, asesor de la CGT,
de presentar un proyecto de ley para que los trabajadores
participen de las ganancias de las empresas está
produciendo un cruce de pirotecnia verbal entre el gobierno,
la burocracia sindical peronista y la patronal.
El
proyecto plantea que las empresas con más de 300
trabajadores deben ceder a éstos el 10% de las ganancias
netas de la producción. El cuerpo central del proyecto
estipula que corresponde participar “1 de cada 10 pesos del dinero que ganan en
limpio, después de afrontar todos sus costos y el pago de
los impuestos”. Por ende, quedan exceptuadas las pymes y,
por supuesto, aquellas que muestren un balance negativo.
De ese 10%
–correspondiente a las ganancias de producción–, el 80%
lo cobrarán los trabajadores de la empresa, mientras que el
20% restante engrosará un Fondo Solidario para trabajadores
en negro y para quienes reciben la Asignación Universal por
Hijo. El Fondo será regulado por un consejo integrado por
representantes de empresarios, trabajadores y el Poder
Ejecutivo. Los empleados cobrarán su participación en las
ganancias a fin de año, según antigüedad y categoría.
Para
Recalde, la
participación en las ganancias por parte de los
trabajadores es un derecho contemplado en la Constitución
(artículo 14 bis), junto con el control de la producción y
la colaboración en la dirección. Además, sostiene que la
participación no afectará los costos laborales y
fortalecerá el mercado interno, porque “tiene la virtud de distribuir con más equidad la riqueza, la
renta nacional”, ya que “cuando el trabajador percibe un
aumento del poder adquisitivo, lo vuelca al consumo
interno”. Inclusive, consideró que “si el trabajador
está incentivado para que la empresa tenga ganancias,
obviamente va a facilitar que la empresa tenga ganancias,
porque va a participar de ellas”. Un típico argumento
sacado de la doctrina policlasista del peronismo, según la
cual lo mejor que puede haber es la “armonía
de intereses” entre patrones y obreros.
La participación en las
ganancias por parte de los trabajadores, según Recalde, ya
funciona en México, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y
Venezuela. Y en Alemania se prevé para 2014 que la
participación de la renta empresarial esté en un piso del
4,5% (un ejemplo poco feliz en momentos en que en Europa
apuntan a un ajuste para que los trabajadores paguen la
crisis económica)
El proyecto afectaría sólo a un sector patronal. Las pymes
no estarían comprendidas en la futura ley, aunque son uno
de los sectores más negreros del empresariado. El trabajo
en negro, que a pesar de la prédica del gobierno no baja
del 35%, no disminuiría por esta iniciativa. Y ese 35%
recibiría sólo un 20% del total de ganancias
“participadas”.
La fábula del “50 y 50”
La CGT, con Hugo Moyano
al frente, apoyó en forma entusiasta a su abogado Recalde,
como era de esperar. Y como era no menos previsible, también
rápidamente se alzaron en contra las voces de
representantes de la patronal. El asesor laboral de la UIA,
Daniel Funes de Rioja, advirtió que el proyecto provocaría
la “desinversión” y desalentaría la iniciativa
privada. En tanto, Héctor Méndez, presidente de la Unión
Industrial Argentina (UIA) fue más lejos: aseguró que
Recalde “debería irse a vivir en Cuba”, expresión en
la que el gorilismo compite con la más crasa ignorancia.
El gobierno no tardó en salir al
ruedo apoyando el proyecto. Siguiendo los argumentos de
Recalde, el ministro de Trabajo Carlos Tomada expresó que
el proyecto “es un derecho constitucional que sólo espera
que se reglamente”, y aseveró que el Parlamento era el
mejor ámbito para debatir el tema. La viceministra de
Trabajo, Noemí Rial, fue más directa: sostuvo que “el
gobierno no duda en acompañar el proyecto”.
En esa línea, Néstor Kirchner, en un acto en el barrio de
La Boca, afirmó que “es fundamental la distribución del
ingreso. Les pido a los empresarios que no hablen con
desprecio de los trabajadores. Y a los trabajadores, que no
lo hagan con los empresarios nacionales. La
Argentina debe volver a 1974, cuando la distribución era de
50 y 50 (por ciento del ingreso nacional). Los
trabajadores deben poder ver el balance de las empresas”.
Así, Recalde busca
reflotar el “principio” peronista de la equidad
entre capital y trabajo, entre patrones y obreros. Lo
que ni Recalde ni en general la doctrina peronista se
molestan en explicar es cómo es posible que, incluso
si la distribución del ingreso es por “mitades”, el
capital sigue explotando al trabajo. Tampoco nos
descubren el misterio de por qué un 5%
de la población debe llevarse la misma renta que el
conjunto de los asalariados y sus familias. Pasa que, para
el “pensamiento social” peronista, y a pesar de toda la
demagogia obrerista, los
patrones siguen siendo indispensables para la organización
de la producción y para el funcionamiento de la sociedad
toda. Sin ellos,
los obreros son como ovejas sin pastor (Perón dixit).
Estrategia K: disciplinar a los empresarios… y a
los obreros
Rial
criticó la actitud de los empresarios haciendo una curiosa
distinción: “Subsumidos en la idea dominante de que el
desarrollo proviene sólo si podemos exportar nuestros
productos, antes únicamente agropecuarios y ahora también
industriales, siempre dejan a un lado el desarrollo y
calidad de vida del mercado interno, compuesto por los
trabajadores en primer lugar” (Tiempo
Argentino, 10-9).
Por
supuesto, el problema no está en que hay empresarios con
“mentalidad exportadora” y que faltan empresarios
“orientados al mercado interno”, sino que tanto
unos como otros buscan maximizar sus ganancias a partir de
la superexplotación de los trabajadores. Que el objeto
de la producción termine en el mercado local o en el
internacional no mueve un milímetro su interés en no
compartir sus ganancias con nadie.
Además,
el “consejo tripartito” compuesto por patrones,
trabajadores y Estado es una nueva versión de una película
ya muy conocida: son los mismos actores que se sientan a la
mesa para negociar las convenciones colectivas de trabajo y
las paritarias salariales. Reuniones en las que los
trabajadores no han tenido arte ni parte, ya que los Moyano,
los Yasky, los Cavalieri y los Barrionuevo garantizan en esa
mesa tanto su continuidad como burócratas como la “paz
social” que busca la patronal, y lo hacen a cambio de
migajas de tamaño variable, pero migajas al fin. El actual
proyecto busca engordar esa migaja con un 10% de las
ganancias de los capitalistas, a cambio de atornillar
y remachar la intangibilidad del otro 90%.
Cuando
Kirchner evoca nostalgioso la Argentina de 1974 omite que en
esa época estaba vigente el Pacto Social implementado por
Juan Domingo Perón en su tercera presidencia. Este pacto
entre patrones, sindicatos y gobierno, entre otras cosas,
congeló las Convenciones Colectivas de Trabajo y atacó
duramente, con represión e intervención, a los gremios y
activistas que se le oponían. No por casualidad la
propia UIA, luego de las poco tácticas declaraciones de Méndez,
anunció que estaba dispuesta a debatir el proyecto, siempre
que se diera en el marco, justamente, de un “Acuerdo
Social” (Ámbito Financiero, 15-9). No hace falta aclarar que en la versión
siglo XXI del Pacto Social (algo que ya estaba en la agenda
de Cristina en el lejano 2008, antes del conflicto con los
patrones rurales) la primera cláusula va a ser pasar
a degüello a los sectores obreros, organizados o no, que
quieran sacar los pies del plato de la repartija de la
torta en “50 y 50”.
Por
otra parte, la necesidad de mostrar
los balances por parte de las empresas, tal como reclama
Kirchner, va dirigida, de paso, contra los sectores
capitalistas que evaden impuestos. El gobierno busca así fortalecer su rol de árbitro y de guardián de un Estado con recursos
suficientes como para ejercer esa función. Pero en ningún
momento se pretende que los trabajadores tengan la menor
capacidad de decisión real
sobre los destinos de los fondos reflejados en esos
balances. En todo caso, esa “apertura de balances” va a
ser parte de las
negociaciones y componendas entre patronal y burocracia,
bajo la supervisión del gobierno.
Por
eso, los sectores combativos e independientes de la clase
trabajadora no deben
confiar ni en la verborragia kirchnerista ni en las
bravuconadas de Moyano y los parlamentarios. Además,
algunas de las experiencias ya
existentes en la Argentina de “participación en las
ganancias” distan
de ser el paraíso terrenal. Así lo demuestra el caso
de Firestone, con el que Pedro Wasiejko, burócrata del
SUTNA y la CTA, se llena la boca, pero con el cual los
obreros no se llenan los bolsillos ni nada parecido.
Es
fundamental que las organizaciones obreras independientes se
preparen políticamente para lo que se viene. Es posible que en la pulseada
se den roces más o menos serios entre la patronal y el
gobierno, pero la cuestión más estratégica pasa por otro
lado. Esto es, por cómo evitar que con el cuento de
“participar en las ganancias” el trío
patrones-burocracia-gobierno encuentre los mecanismos para redoblar
la explotación de los trabajadores. Y para eso es
decisivo entender que los
intereses de empresarios y de obreros, contra toda la
mitología peronista que ahora intentan reflotar los
Kirchner, no sólo son distintos: son irreconciliables.
