Durante el mes pasado visitó la Argentina el juez
Baltasar Garzón. Su paso estuvo registrado en la prensa por
su presencia en los juicios por los crímenes de lesa
humanidad (en Córdoba fue repudiado junto con el Secretario
Luis Duhalde por simpatizantes de los acusados), en la
presentación del informe anual contra la tortura del Comité
por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en La Plata,
en la visita a un predio donde funcionó un centro
clandestino de detención en Castelar. Dio su apoyo al
lanzamiento de un consejo que promueve la candidatura al
Premio Nobel de la Paz de las Abuelas de Plaza de Mayo. Además
se interiorizó del desarrollo de los juicios a través de
entrevistas con abogados, juristas y con la misma Corte
Suprema. Casi como un “cacique” de los derechos humanos
que vino a controlar “cómo iba la cosa en Argentina”.
La gloria que supo conseguir
El juez
español tiene un renombre mundial indiscutido por su
impulso a las causas contra los genocidas en Chile y
Argentina, por la extradición de Pinochet, a quien mandó a
apresar en Londres, por las causas que sostiene contra 98
militares y civiles argentinos acusados de genocidio y
porque ha solicitado la extradición de 60 más.
En la
democrática España lo castigaron por investigar los crímenes
del franquismo suspendiéndolo de la Audiencia Nacional.
Este
accionar del funcionario judicial se basa en la aplicación
del principio de “jurisdicción universal”. Según éste,
los responsables de crímenes de lesa humanidad pueden ser
procesados en cualquier lugar del universo, porque sus
delitos no sólo dañan en su país, sino a la comunidad
internacional. Con ese criterio, el juez brega porque entre
en funcionamiento pleno la Corte Penal Internacional, la que
integra como asesor externo, cuyo estatuto está firmado
desde 1998 pero aún no puede funcionar porque algunos países,
como EEUU, no han ratificado el acuerdo.
Todo esto
lo explicó muy bien frente a su auditorio en conferencias,
charlas y en una clase magistral que dio en la Sala
Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. Su exposición
se titulaba: “Justicia Penal Internacional, Derechos
Humanos y Terrorismo”.
Como los títulos
no se ponen por casualidad, los puntos allí enunciados
abarcaban los alcances más globales de su visita a nuestro
país.
Con un proyecto de ley bajo el brazo
Él mismo
lo explicó abundantemente frente a otros auditorios. En
estas ocasiones, no frente a abogados, funcionarios,
integrantes de organismos de derechos humanos, luchadores
democráticos, público en general, como fueron los ámbitos
donde el centro de sus exposiciones fue la aplicación de
justicia para con los genocidas.
Lo hizo en
el acto por el atentado a la AMIA y en el IV Encuentro de
Parlamentarios Latinoamericanos que se realizó en el Hotel
Panamericano durante los días 14 y 15 de julio. Este evento
es organizado desde el año 2007 por el Congreso Judío
Latinoamericano, dependiente del Congreso Judío Mundial.
En el acto
en la AMIA denunció al gobierno de Irán por no contribuir
con la investigación realizada por las autoridades
argentinas que lleva 16 años, con escándalos de por medio
como el del ex juez Juan José Galeano y el del comisario
mayor retirado Jorge Palacios, ambos procesados.
En el IV
Encuentro expresó: “Si no hay un consenso internacional
es muy difícil combatir eficazmente el terrorismo desde el
Estado de derecho”. …“Cada vez hay más conciencia de
que el terrorismo es un fenómeno global, universal y que
necesariamente hay que combatirlo de una forma compleja. Yo
creo que hay una conciencia internacional del flagelo pero
es verdad que todavía los países no terminan de dar forma
a lo que debe ser una respuesta”.
Su
auditorio eran los dirigentes del sionismo y legisladores de
nueve países de Latinoamérica.
El
“terrorismo” que condenaron y discutieron cómo aunar
esfuerzos para erradicar, no era el del Estado de Israel que
masacra a la población palestina ni el de EEUU de la mano
de Obama ni el asesinato de luchadores bajo el gobierno del
presidente Lobo en Honduras.
Su combate
al “terrorismo” no incluye solamente a organizaciones
armadas que levantan en su programa una lucha nacional o por
su independencia, como es el caso de la ETA o Hamas, sino
que abarca al conjunto de la lucha de los pueblos oprimidos
que se defienden de los ataques del imperialismo (yanqui o
europeo) y del sionismo, así como de sus gobiernos títeres.
Por eso el
juez español es conocido en su país por refrendar la
represión a la resistencia vasca y catalana, dando vía
libre a todas las medidas que coartan su libertad de expresión
y de actividad política. Llegó a prohibir la publicación
y la radio EGIN, medios de origen vasco de gran difusión en
todo el estado español, que mereció el repudio hasta de
las ¡Madres de Plaza de Mayo de Hebe Bonafini! que
criticaron enérgicamente esas medidas.
En este
Foro estuvieron destacados personajes de la oposición
patronal en el Congreso. Entre los más conocidos: Margarita
Stolbizer, Patricia Bullrich, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil
Lavedra.
Días
después del cónclave, estos parlamentarios presentaron un
nuevo proyecto de Ley Antiterrorista avanzando aún más en
el que presentaron los K en el 2007, condenando la protesta
social.
Así lo
denuncia en un comunicado el Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia, refiriéndose a este nuevo proyecto de engendro
represivo: “En
su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de
lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como
actos terroristas. En su artículo 2º el proyecto, tal cual
lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno
nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del
Congreso, avanza en definir cuáles serían las
organizaciones ‘terroristas’. Toda organización que
lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas
tipificadas en el artículo 1º con la intención de
‘obligar a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo’. De esta
manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización
terrorista a toda organización de estatales que pretenda
que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los
desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por
supuesto los organismos de derechos humanos que durante años
y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de
las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.
El juez
español no sólo vino a ver qué pasa. También vino a dar
“letra” a proyectos concretos.
Paremos el proyecto de los gorilas desbocados
Premio
Nobel de por medio (al cual él también está nominado por
la Fundación Saramago) el viaje del conocido defensor de
los derechos humanos revela que su función está al
servicio de la patronal y el imperialismo en defensa de sus
intereses estratégicos de clase y de salvaguarda de su
“orden”. Orden capitalista que, ante la crisis económica
mundial, la burguesía no sólo prepara a sus dirigentes políticos
y a sus fuerzas represivas para actuar en consecuencia, sino
también su legislación y sus hombres fuertes en la
“creación de esa legislación” acorde a sus intereses y
necesidades.
Esto
incluye al juez Garzón, aunque contradictoriamente y como
parte de la misma política, encarcele genocidas
latinoamericanos y juzgue a los militares franquistas, que
ya no tienen ninguna injerencia activa en la vida política
y militar de sus países.
Los
trabajadores debemos tomar entre nuestros reclamos pararle
la mano a cualquier proyecto de Ley Antiterrorista, que es
contra los derechos de los trabajadores y el pueblo, venga
de la mano de la oposición patronal o de los K.
