A poco más de 23 años de la masacre de
Ingeniero Budge, el asesinato de Diego Bonefoi de un tiro en
la cabeza, y luego de Nicolás Carrasco y Sergio José Cárdenas
por la feroz represión descargada contra los que se
movilizaron en repudio, vuelven a abrir el debate sobre
la política de gatillo fácil que efectúa el Estado como
forma de control social. Cuestión que se combina, en el
caso de Bariloche, con las masivas marchas reaccionarias de
apoyo a la policía asesina.
La situación social de Bariloche es muy
contradictoria, más allá de todas las apariencias. La
potente “industria” del turismo genera la perpetuación
de una situación social en la cual la mayoría de la
población queda fuera de este circuito, y se ve obligada a
vivir de “changas”. Los trabajadores que viven de esta
actividad, se pueden separar en dos categorías: una minoría,
altamente calificada; y una gran mayoría, flexibilizada,
que encuentra trabajo en los restaurantes, bares, hoteles.
En toda esta estructura, la policía que asesinó
a Bonefoi juega un rol muy particular.
A la par que asesina, tortura y detiene al azar a los
jóvenes en los barrios pobres; en el centro actúa como
perro de caza, controlando que nadie “del alto” se le
acerque a un turista para pedirle plata, comida, etc. Sacándolos
a patadas del centro. Lógicamente, esto responde al negocio
millonario. La masiva marcha reaccionaria a favor de la
policía es un reflejo de esto. Organizada por las cámaras
empresarias, se movilizaron los comerciantes, la pequeña
burguesía acomodada y todos aquellos que viven del negocio
del turismo.
Sin embargo, este aspecto se combina con otro más
general, que hace al rol de la policía en los barrios
obreros y pobres, y al rol del gobierno K en todo esto, que
en los últimos tiempos viene profundizando la criminalización
de la protesta social. Lleva adelante causas contra
trabajadores, estudiantes, tiene preso a Roberto Martino por
manifestarse contra el Estado genocida de Israel y utiliza
la represión cuando no puede contener las luchas obreras
por medio de la burocracia sindical; a su vez, a nivel de
los barrios obreros, populares, sigue garantizando que la
policía asesine impunemente, como forma de disciplinamiento
social.
El gobernador Saiz, responsable de los
asesinados, junto al Intendente Cascón y a la policía,
habla de “no politizar la tragedia” respondiéndole a
quienes pedían su renuncia. Sínico y caradura. ¿No son
políticas la feroz represión y los dos asesinatos, a manos
de la policía y el BORA, mientras velaban los restos de
Bonefoi? ¿No es político el pedido al gobierno nacional de
la Gendarmería, y la movilización de policías desde
Viedma y Roca? ¿No son políticos los casos diarios de
gatillo fácil? Desde el Nuevo MAS creemos que se debe
profundizar en la politización. Es el propio sistema
capitalista el que necesita para su funcionamiento la
represión y los asesinatos. Exigimos: Juicio y castigo a
los responsables materiales y políticos de la masacre;
retiro inmediato de la policía de los barrios;
desmantelamiento del aparato represivo del Estado.
