En mayo de 2009, luego de cuatro meses de lucha de los
trabajadores y en plena campaña electoral, el gobierno se
hizo cargo de la administración de Massuh, creando la firma
Papelera Quilmes. Reinició la producción alquilando las
instalaciones de la fábrica a través de un fideicomiso del
Banco Nación. Al asumir como director de la nueva empresa,
Guillermo Moreno les habló a los trabajadores: “De ahora
en adelante, nosotros nos hacemos cargo de este proyecto;
ustedes, de casa al trabajo y del trabajo a casa”. Los
instaba así a renunciar a la autoorganización que habían
construido durante los meses de lucha: nada de asambleas,
dejen pensar y hacer al gobierno. Hay que decir que para
esto contó con la anuencia de la comisión interna de los
jornalizados, que no volvió a llamar a una asamblea hasta
que las cosas se pusieron muy feas de nuevo.
Pero el gobierno, en cuanto vio una oportunidad de romper
el contrato firmado con los trabajadores, se dispuso a
aprovecharla. Esa oportunidad llegó en marzo de este año,
cuando una jueza hizo lugar a uno de los muchos pedidos de
quiebra presentados contra Massuh. “La situación legal de
la empresa es incierta. La jueza podría determinar, si el síndico
designado así lo recomendara, que el contrato entre la
papelera y el Fondo Fiduciario expiró (…). Tras la
quiebra, la propiedad pasa a ser decidida por la justicia”
(Clarín, 27/4).
Todavía el síndico no recomendó, ni la jueza determinó
nada respecto del contrato, pero Guillermo Moreno empezó a
actuar como si éste ya hubiera caducado.
Reunió a los delegados y directivos y les dijo que
la empresa le está “costando millones” al Estado; que
si los trabajadores no arman una cooperativa ya, hay que
cerrar la fábrica; que si la arman, no pretendan que el
gobierno les pague las deudas, porque las pérdidas de la fábrica
las crearon los trabajadores al seguir cobrando el salario
aunque la empresa andaba mal. Y si no la arman, igual se va
a empezar a funcionar como cooperativa, socializando las pérdidas
mediante la rebaja de todos los salarios a 1.500 pesos. Además,
abrió retiros voluntarios con dos meses de sueldo por toda
indemnización y ordenó a los directivos la confección de
una lista de despidos.
Estas expresiones de la profunda vocación antiobrera que
tienen todos los burócratas del Estado desde la China a la
Argentina, las completó el funcionario nacional y popular
expulsando de la reunión a un delegado, que se atrevió a
recordarle que el gobierno se había comprometido a mantener
los puestos de trabajo hasta noviembre de 2011.
El Barba rebelde y el control obrero
Esta política de ajuste ortodoxo (como la llamó un
trabajador de la empresa, provocando otra rabieta del
secretario de Comercio), tan sin tapujos, hizo que el propio
Gutiérrez –intendente de Quilmes y coautor del proyecto
Papelera Quilmes– tuviera que protestar, declarándose públicamente
por la estatización de la empresa para la producción de
libros a bajo precio.
En realidad, Gutiérrez se apropió de las ideas
publicadas en una declaración anterior de los trabajadores
mensuales de la fábrica, en la que fundamentan su propio
plan para darle a la empresa una función social, previa
nacionalización. O sea que los funcionarios K pueden
pelearse entre ellos, pero ninguno, jamás, le va a dar la
palabra a los trabajadores: aun al utilizar esa palabra para
diferenciarse por izquierda del gobierno, Gutiérrez le pone
su propia firma. Esta actitud es consecuente con lo que el
mismo funcionario les propuso a los compañeros en cuanto
salió la quiebra: “Yo voy a apoyar el reclamo de
nacionalización, pero si ustedes bajan las banderas de la
izquierda, como eso del control obrero”.
Pero en el proceso de esta papelera se ve clarísimo que
el control obrero no es un saludo a la bandera de la
izquierda, sino una necesidad de primer orden: lo que se
destapa ahora respecto de la situación de la empresa, los
trabajadores lo vienen sabiendo y denunciando hace rato. Lo
que está costando es la construcción de una representación
adecuada para hacerse oír, por ejemplo, la elección de un
cuerpo de delegados por sección, que sustituya a la actual
interna de los obreros jornalizados (que en el fondo se
juega a la reprivatización) y que termine con la división
entre mensualizados y jornalizados. Superar esta división
es crucial, porque el gobierno y la Federación, vía la
interna, machacan todo el tiempo con que si hay despidos van
a ser de los mensualizados, y que entonces a los
jornalizados no les interesa. Y por más independiente que
sea la interna de los mensualizados, por más que se decida
a pelear en la calle por la nacionalización, tiene perdida
esa pelea desde el vamos si no incluye a todos los
trabajadores en la lucha, porque al gobierno y al sindicato
les sería muy fácil presentarla como una protesta de los
jerárquicos o los que ganan más. No hay que olvidar que ésta
va a ser una pelea totalmente política, contra el gobierno
y frente a la sociedad, a la que hay que convencer de que la
nacionalización de esta empresa no es una mera movida de
unos tipos privilegiados que quieren ser “ñoquis del
Estado”, como ya se está diciendo por ahí.
¿Cuál es la verdadera intención del gobierno?
Los trabajadores también vienen denunciando que el
fideicomiso no puso un solo peso en la fábrica en todo este
año de gestión (esta denuncia también fue plagiada por
Gutiérrez en su propio nombre). O sea que las quejas de
Moreno de que la empresa le está costando millones al
Estado es un cuento chino, igual que su teoría de que las pérdidas
se deben a la ineficiencia de los obreros.
La verdad, en cambio, es que el gobierno no quiso invertir
en mejorar la maquinaria obsoleta, ni las medidas
anticontaminación, ni las espantosas condiciones de trabajo
y salario.
El gobierno podría salir al paso de las patronales
papeleras nacionalizando la fábrica, modernizándola y
regulando a través de ella el precio del papel, además de,
como bien indican los trabajadores, utilizar esa producción
para abaratar los costos de la educación.
Pero las ínfulas estatistas y proteccionistas de los
puestos de trabajo del gobierno K nunca cruzan la línea de
los intereses capitalistas, y una vez cumplida la función
de propaganda electoral le soltó la mano a la empresa, y
ahora culpa a los trabajadores por no poder competir con
Ledesma, cuyo dueño, el señor Blaquier, desde el minuto
cero de la reapertura juró barrer a Massuh del mercado.
No es de extrañarse, tratándose del mismo gobierno que,
en lugar de ejercer el control de precios, pretende combatir
la inflación poniendo una pescadería ambulante.
A pesar de amenazar a los obreros con la cooperativa, lo
que en verdad quiere el gobierno es la reprivatización de
la empresa, por eso trajo a representantes de la papelera
Estrada a hacer un relevamiento de la planta. Las
conclusiones de Estrada son contundentes: hay que cerrar
tres secciones y despedir a 300 personas para empezar. Los
gritos y provocaciones de Moreno son para cansar a los
trabajadores y que se vayan yendo, haciendo lo que cualquier
patrón hace antes de vender: limpiar la fábrica de
trabajadores, sobre todo de estos trabajadores, que llevaron
adelante una lucha muy importante por su fuente de trabajo y
que encima levantan banderas “zurdas”.
La Federación del Papel de Blas Alari, a la que responde
la interna de los jornalizados, tiene la misma política: ya
se habían pronunciado en contra de la semiestatización del
año pasado.
Como están las cosas, más allá de que el gobierno
respete o no el contrato de los trabajadores hasta noviembre
del 2011, las salidas están entre la privatización, con la
consecuencia de cientos de despidos, y la nacionalización
definitiva, que es la única forma de mantener los puestos
de trabajo y a la vez hacer una fábrica eficiente desde el
punto de vista de los intereses sociales.
Pero para lograrla hay que sacar el conflicto a la calle y
embretar al gobierno, que esta vez está decidido a sacarse
la fábrica de encima a menos que los trabajadores lo
obliguen a hacerse cargo.
• ¡Abajo el ajuste menemista de Moreno!
• Nacionalización definitiva y puesta en marcha de un
plan de inversiones controlado por los trabajadores
• Plan de lucha votado en asamblea conjunta de
mensualizados y jornalizados
