Enfrentemos la reforma política reaccionaria
del gobierno

A fines del año pasado el gobierno inició una embestida política para cambiar el sistema electoral, buscando consolidar el bipartidismo, proscribiendo a diversos partidos políticos, destacándose entre ellos los de la izquierda revolucionaria. Cristina hizo esta jugada en el marco que sectores de trabajadores empiezan a cuestionar el rol de la burocracia sindical peronista, llegando algunas experiencias a ser barridas por delegados e internas combativas donde el trotskismo empieza a tener un papel destacado. Siendo los guarismos electorales manejados a nivel nacional por el conjunto de la izquierda “roja” nada despreciables, el gobierno con este zarpazo persigue un conjunto de objetivos: acallar a esa izquierda que le empieza a cuestionar el monopolio en el movimiento obrero, traccionar esos votos para el oficialismo, sumado al de ir a un sistema electoral donde peronistas y radicales se “presten” el poder al mejor estilo de las antidemocráticas elecciones yanquis.

La reforma fue sancionada el 2 de diciembre por el Senado Nacional, y entró en vigencia el lunes 14 de diciembre luego de su publicación en el Boletín Oficial –ley 26.571–. Mediante el decreto 2004/09, el Poder Ejecutivo Nacional (Kristina en persona) "observó", es decir “vetó”, dos cláusulas transitorias de la ley de reforma política, las comprendidas en los arts. 107 y 108.

El artículo 107 suspendía hasta el 31 de diciembre de 2011 las acciones de caducidad contra los partidos políticos, sean los mismos partidos de distrito o de orden nacional. Mientras que el artículo 108 de la ley establecía que recién en el 2012 los partidos políticos no podrían presentar candidaturas a cargos electivos –ni en elecciones primarias ni en elecciones nacionales– durante la vigencia del reconocimiento provisorio.

El veto presidencial implica lisa y llanamente la caducidad de las legalidades políticas y la proscripción de todos los partidos minoritarios. Por este motivo es que desde comienzos de enero se vienen realizando reuniones amplias a fin de discutir desde el aspecto democrático cómo enfrentar la avanzada del gobierno.

De estas reuniones han participando más de 20 partidos, entre ellos: el Nuevo MAS, el PSA –partido que le da la legalidad a Pino Solanas–, Libres del Sur –ex Patria Libre–, PAIS, Partido Humanista, GEN –de Stolbizer–, Partido Federal –integrante del PRO–, PO, MST, PTS e IS, ente otros.

En este espacio se acordaron dos niveles de acción: uno propiamente político y otro de índole legal. En el primero se están discutiendo medidas a seguir, y en el segundo se ha podido avanzar más concretamente, ya que atento a los plazos legales, el día 2 de febrero del corriente se presentó en el Juzgado Federal a cargo de la doctora Servini de Cubria, un amparo solicitando una Medida Cautelar –de no innovar– y se pidió que se declarase inconstitucional el veto parcial efectuado por el Ejecutivo Nacional.

El Juzgado Federal rechazó la Medida Cautelar, sosteniendo entre otros elementos, que atento a que durante este año no hay previstas elecciones nacionales “no existe peligro inminente”, pero hizo lugar al amparo y dio traslado de la demanda al gobierno, a fin de que en un plazo de ocho días hábiles responda a los planteamientos efectuados por los partidos políticos firmantes.

En estas condiciones, de lo que se trata es de montar una campaña política en regla contra este atropello antidemocrático: hay varias ideas a este respecto, desde llevar adelante alguna movilización hasta la posibilidad del montaje de una carpa de denuncia frente al Parlamento. Al mismo tiempo, se seguirán llevando adelante los recursos ante las distintas instancias legales. Además, en el caso de nuestro partido, retomaremos en las nuevas condiciones las actividades  de afiliación de nuevos compañeros, comenzando de manera inmediata por los distritos de Capital Federal y Córdoba.