Calderón
decretó la “extinción” de la empresa estatal Luz y
Fuerza del Centro, el despido de sus 44.000 trabajadores y
la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El
pasado 10 de octubre la selección de fútbol mexicano
derrotó a su similar de El Salvador 4 a 1, lo cual le valió
su pase directo al Mundial de Sudáfrica 2010. Esto desató
la algarabía popular en las calles del Distrito Federal, la
cual se extendió hasta altas horas de la noche.
Aprovechándose
de esta situación, el gobierno de Felipe Calderón le ordenó
a la Policía Federal mexicana que ocupara todas las
instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
en la madrugada del 11 de octubre. Horas después circuló
por Internet un comunicado de la presidencia en donde se
decretó el cierre de la empresa y el despido de sus 44 mil
trabajadoras y trabajadores.
Con
la militarización de la empresa, el gobierno le cedió el
control de la misma a la paraestatal Comisión
Federal de Electricidad, la cual no dudó un solo instante
para subcontratar los servicios de la empresa española
Iberdrola, es decir, iniciar la privatización de la
empresa.
Los
números detrás del cierre de LyFC
Para
justificar el cierre de LyFC, el gobierno de Felipe Calderón
está empleando el más trillado de los libretos
neoliberales: ¡la
inviabilidad económica de la empresa debido a los excesivos
privilegios del sindicato! –así
le llaman los burgueses al derecho a pensión y salario
justo–.
De
acuerdo a los “cálculos” oficialistas y que tanto eco
tuvieron entre los medios de comunicación de la burguesía
mexicana, el alto costo de la convención colectiva de
trabajo era contraproducente para el erario público, ante
lo cual fue necesario realizar el precipitado cierre de la
compañía. Pero de manera muy conveniente al gobierno de
Calderón y sus mercenarios de la prensa se les ha olvidado
mencionar que si los números de la empresa están en rojo
no es por culpa de las y los trabajadores, sino por los
suculentos privilegios que reciben los gerentes de la compañía
y las empresas a las cuales literalmente se les regala el
servicio de energía eléctrica.
Veamos
dos ejemplos para ilustrar lo anterior. Mientras un
trabajador o trabajadora de la electricidad debe cotizar 30
años para obtener una jubilación insuficiente ante el
elevado costo de la vida en México, un alto ejecutivo recibe
131 mil pesos de pensión mensual por tan sólo trabajar un
año y ocho meses en la compañía.[1]
Por
si esto fuera poco, la gerencia de LyFC históricamente se
ha caracterizado por una singular “benevolencia” con las
empresas privadas que reciben su servicio, muchas de las
cuales han continuado recibiendo electricidad estatal aunque
lleguen a tener cuentas pendientes de hasta ocho años.
Según
los datos aparecidos en el diario “La
Jornada”, la suma de las morosidades que tienen las
empresas privadas con LyFC alcanza la astronómica cifra de 2
mil 160 millones de pesos, y para no dejar dudas sobre
quienes son los deudores el diario detalla su origen: “La
mayoría corresponde a la industria de la transformación: fábricas
de textiles, hule, plástico, papel, madera, hierro,
aluminio, químicos y piel, aunque en la lista de morosos
también hay escuelas, gasolineras, hoteles, panaderías,
productores de hielo, bodegas, lavanderías, oficinas,
cines, cremerías y más.”[2]
Nótese
lo absurdo de la situación: ¡se acusa al sindicato de
tener gran cantidad de privilegios económicos, pero no se
dice ni una sola palabra sobre los excesivos lujos y
prebendas que se otorgan los altos ejecutivos del gobierno
en la compañía, que con menos de dos años de trabajo
tienen el resto de su existencia asegurada! ¡Para la
burguesía y el gobierno mexicano es legal que un empresario
reciba electricidad por parte del Estado aunque tenga casi
una década sin cancelar un solo céntimo por el consumo de
la misma, pero es indigno que las y los trabajadores gocen
de mejores condiciones laborales por medio de una convención
colectiva de trabajo!
Visto
lo anterior, es claro que el cierre abrupto de LyFC no se
produjo por los excesivos costos operativos de la empresa
tal y como aduce el gobierno de Calderón, puesto que para
solucionar eso bastaría con hacer efectivo el cobro de las
cuentas pendientes y suprimir de golpe los privilegios de
los ejecutivos de la empresa.
¿Por qué Calderón extinguió a
LyFC?
Desde
nuestra parte consideramos que este cierre tiene dos
explicaciones fundamentales: 1) los fuertes intereses de las
empresas transnacionales para adueñarse del gigantesco
negocio de la electricidad en la región central de México
y 2) una política de la burguesía mexicana para descabezar
al movimiento obrero mexicano.
En
cuanto al primer punto, basta con revisar los datos
generales de la zona de cobertura de LyFC, en la cual
residen unos 25 millones de personas –la cuarta parte de
la población del país– y se produce el 35% del PIB
nacional. Aunado a esto, desde hace algunos años la LyFC ha
venido sustituyendo el cableado ordinario por una extensa
red de fibra óptica, por medio de la cual es factible
ofrecer los servicios de “triple play” (televisión,
Internet y telefonía), los cuales tienen una gran
potencialidad comercial en el futuro cercano.
Las
dimensiones y potencialidad del mercado eléctrico en el DF
y regiones aledañas, hizo que LyFC estuviera en la mira de
los gobiernos neoliberales mexicanos en los últimos años,
los cuales han tratado en diferentes ocasiones de privatizar
por completo o parcialmente el servicio de electricidad, en
particular tras el ascenso al poder del PAN, puesto que
varios de sus miembros más influyentes están inmersos en
el negocio de las telecomunicaciones y la electricidad:
“A sabiendas de esto, hace ya algunos meses una empresa
privada cuyo origen es español (WL Comunicaciones) pero
cuyos accionistas nacionales principales son dos ex
secretarios de energía (Fernando Canales Clariond y Ernesto
Martens) firmó acuerdos con la paraestatal para hacer uso
de dicha red de fibra óptica. Sin embargo, el contrato
colectivo de la paraestatal señala que “si a una empresa
se le concede el usufructo de alguna infraestructura de Luz
y Fuerza del Centro, el sindicato tendría el derecho de
tener una concesión espejo para dar el mismo servicio.”
Así, el sindicato solicitó ejercer su derecho a brindar
servicios de comunicación a través del tendido eléctrico
en un mercado creciente cuyo volumen de ventas se estima en
decenas de miles de millones de pesos. Este, y no otro,
parece ser el motivo de encono de la administración
calderonista con el SME.”[3]
Pero
como señalamos líneas atrás este cierre no se puede
interpretar solamente como una maniobra del gobierno de
Calderón para hacer un poco más de dinero; sería muy estúpido
de parte suya exponerse políticamente a un potencial
conflicto con uno de los principales sindicatos del país
tan sólo para favorecer los negocios de algunos de sus
allegados políticos. El otro causante del cierre de LyFC
–y quizá el principal– es la intencionalidad
política de la burguesía mexicana por descabezar al
movimiento obrero mexicano, para lo cual está atacando
directamente a una de sus organizaciones más
representativas.
Esto
no es una mera especulación, sino que resulta evidente en
la misma forma como procedió el gobierno para implementar
la privatización: envió
las tropas de la policía federal para que tomara el control
absoluto de la compañía y despidió a poco más de 40 mil
trabajadoras y trabajadores.
Esta
política de confrontación directa con el movimiento obrero
no se produce sobre la nada, sino que viene precedida de una
serie de medidas políticas y económicas encaminadas a
facilitar esta embestida anti-obrera. Esto quedó en
evidencia con la reciente publicación de un documento elaborado durante la administración
Fox, donde resulta claro que desde el 2003 la burguesía
mexicana tenía entre sus planes desmantelar a LyFC, pero
que optó por esperar cautelosamente el momento idóneo para
esto debido a que el SME representaba un obstáculo
peligroso: “La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC)
se inició desde la administración de Carlos Abascal
Carranza como Secretario del Trabajo y Previsión Social, en
el sexenio de Vicente Fox, quien elaboró un proyecto para
dar por terminado el Contrato Colectivo de Trabajo con el
Sindicato Mexicano de Electricistas (…) sin embargo, el
presidente Vicente Fox tomó la determinación de aplazar
dicha liquidación (…)“Entre las posibles salidas se
plantearon los siguientes escenarios: 1) La
vía unilateral o “vía rápida” que hacía referencia a
la imposición de las estrategias empresariales a través de
procedimientos con mayor o menor apego a la legalidad
laboral, así como diversos costos (tanto económicos como
sociales y políticos); 2) La vía de la concertación
considerada la “única salida”…“Una tercera se refería
al status quo, “escenario muy fácilmente de llegar por
dos caminos: absteniéndose
de actuar en espera de mejores oportunidades en el ámbito
económico y político o por el fracaso de cualquiera de
las alternativas recién consideradas”.[4] (la negrita es
nuestra)
Tal
y como se puede apreciar en esta cita, el entonces gobierno
mexicano de Vicente Fox delineó la táctica que actualmente
está aplicando su sucesor presidencial, que consistió en
esperar el mejor momento posible para implementar la
privatización de manera unilateral y asumiendo el costo político.
Y ese momento propicio se le presentó con el estallido de
la crisis económica mundial, frente a la cual ha tenido que
impulsar una serie de medidas fiscales “draconianas”
encaminadas al aumento en el costo de la vida y al recorte
del gasto público, esto para no tocar los intereses de la
burguesía mexicana. Pero además contó con el favor de la
“lucha contra el narcotráfico”, gracias a la cual el
factor militar o policial se ha convertido en un elemento
cotidiano en la vida del país.
El
movimiento obrero y popular ante el cierre de LyFC
Ante
el ataque del gobierno de Calderón contra la LyFC y el SME,
el movimiento sindical y popular mexicano ha demostrado una
gran vigorosidad. La mejor muestra de ello es la monumental
marcha que se llevó a cabo el pasado 15 de octubre en las
calles del DF, a la cual asistieron más de 3 millones de personas, convirtiéndose en la movilización más
grande en la historia reciente de México.
A
pesar de esta potencialidad de la resistencia contra la
privatización, la dirección del SME, encabezada por Martín
Esparza Flores, ha tenido una orientación profundamente
legalista, puesto que está centrando todas las expectativas
en una salida judicial y legislativa al conflicto. Esto se
aprecia claramente en el Oficio Circular. No. 23233 del
SME, donde se habla de las “acciones jurídicas y legales
llevadas a cabo por la dirección del Sindicato, para
detener y revertir el ilegal decreto de Felipe Calderón por
medio del cual se extingue Luz y Fuerza del Centro”, pero
no se dice ni una sola palabra con relación a una
estrategia para organizar la huelga general contra la
privatización.
Esto quedó mas claro aún durante la Asamblea
Nacional
de la Resistencia Popular llevada a cabo el pasado 24 de
octubre, la cual contó con la participación de una gran
cantidad de organizaciones sindicales, estudiantiles y
populares. A pesar de esto, la dirigencia del SME se empeñó
en dejar para la próxima Asamblea Nacional del 5 de
noviembre la decisión final sobre la convocatoria una
huelga nacional contra la privatización, mientras tanto
continuaba con sus acciones legales para “revertir” el
cierre de la empresa.
Lo anterior no debe de resultar extraño, considerando que
la dirección del SME está vinculada directamente con el
Partido de la Revolución Democrática, que más allá de su
discurso izquierdista es un pilar del Estado burgués
mexicano.
Frente a esto, desde la Corriente Socialismo o Barbarie le
hacemos un llamado a las y los trabajadores del SME, al
movimiento sindical y demás sectores sociales que estén
contra la privatización, que la única forma de detener la
privatización de LyFC es mediante
la movilización en las calles y no en los tribunales o el
parlamento burgués. Por ello, consideramos que la próxima Asamblea Nacional
del 5 de noviembre debería asumir como tarea fundamental la
preparación de una gran Huelga Nacional contra el gobierno
de Felipe Calderón, la cual no sólo esté circunscripta a la defensa de la
electricidad, sino que levante un programa de lucha nacional
que permita aglutinar al conjunto de sectores obreros y
populares contra el gobierno del PAN.
Notas:
1.
De acuerdo a la tasa de cambio que se registra en la
página lobbiz.com, esa cantidad en dólares sería de
$9.836 mensuales.
2.
Fabiola Martínez. Empresas
privadas deben a LFC $2 mil 160 millones. Periódico La
Jornada. Lunes 26 de octubre de 2009.
3.
Arturo A. Peña. Sindicato
Mexicano de Electricistas. Lo que realmente está en juego.
Tomado de http://www.kaosenlared.net/
4.
María del Pilar Martínez. Planearon
cierre de Luz y Fuerza en el 2003. El Economista.
Martes, 03 de Noviembre de 2009. Tomado de
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/portada.
