¿Pobreza cero o trabajo cero?

El lanzamiento formal de las asignaciones de 180 pesos por hijo para trabajadores en negro, desocupados, madres solteras y personal doméstico es parte de un paquete global que algunos llaman Néstor 2011. Más cauto sería denominarlo Cristina 2010 e intentar llegar en condiciones al 2011. Se trata de un conjunto de iniciativas para fortalecer la gobernabilidad y, si es posible, dejar al candidato oficialista (Néstor o el que su sabio dedo elija) con alguna chance. La ley de Presupuesto –con el trasfondo del reacercamiento al FMI, Club de París y holdouts–, la ley de reforma política, que se comenta aparte, e incluso la ley de medios forman parte de este “relanzamiento” del gobierno post derrota del 28 de junio. Si los “triunfadores” de la oposición burguesa dejan pasar el tren por dedicarse al canibalismo recíproco, es su problema, se regodean los Kirchner.

A su vez, el decreto sobre las asignaciones no es el único instrumento de “combate a la pobreza”, que va acompañado del anuncio de programas de cooperativas. Aunque faltan confirmar datos que hacen a la “letra chica”, aparentemente el esquema sería el siguiente: los planes para cooperativas serán manejados por las intendencias (los famosos “barones peronistas del conurbano”), y la asignación por hijo se tramitaría vía la ANSeS. En suma, la distribución de la asignación por hijo sería más “automática”, esto es, asistencialismo, y los puestos en las cooperativas, en cambio, se repartirán con un criterio de clientelismo puro.

De paso, el anuncio le saca a los figurones de la oposición, todos ellos fieles representantes de los fabricantes de pobres, la bandera del “combate a la pobreza”. Lo único que les queda es quejarse del “clientelismo” (que en el caso de la asignación por hijo es dudoso), del aprovechamiento electoral que hará el gobierno (como si ellos fueran a hacer algo distinto) o, lo más ridículo, insistir en “universalizar” el ingreso, es decir, que los millonarios también cobren por sus hijos.

Una objeción un poco más seria es la relativa al financiamiento. El costo del plan es de unos 10.000 millones de pesos anuales, que saldrían de las “utilidades” de las inversiones de la ANSeS. ¡Se roban la plata de los jubilados!, braman los que defendieron la estafa del siglo de las AFJPs. En verdad, es plata del Estado, que a los efectos prácticos es una sola caja para todo. La cuestión es que ni el gobierno ni la oposición burguesa quieren tocar el bolsillo de ningún capitalista. Tampoco éstos ofrecieron su aporte desinteresado. Hacer foros para criticar la alarmante pobreza y derramar lágrimas de cocodrilo, como la hipócrita de Carrió, no le cuesta nada a la oposición burguesa. Todos fueron defensores de los ingresos de los sojeros (ningunos pobrecitos, precisamente), y ahora, cuando hubo apenas un amago de gravar la renta financiera de los parásitos de la Bolsa, el grito en el cielo de banqueros y oposición hizo archivar rápidamente el proyecto al gobierno, que tampoco venía con mucho ímpetu que digamos.

Domesticar pobres para explotar trabajadores

El gobierno, cautamente, admite que no se busca “eliminar” la pobreza, sino reducirla un poco y paliar las situaciones de indigencia más angustiante. Un objetivo tan modesto igual hizo poner los ojos en blanco a la progresía local y hasta a la Iglesia. De hecho, la Curia adhirió en general al decreto, ya que no era muy distinto del que ellos mismos proponían. Veamos un poco más detenidamente el tema.

En el fondo, lo que se admite es que los pobres seguirán siendo pobres, porque este ingreso lo que hará es reproducir un aspecto central de su situación estructural, la falta de ingreso laboral, y dejar como están los otros (carencias de vivienda, servicios, asfalto, comunicación, etc.). Es decir, a los que están fuera del “mundo laboral” se los alienta a seguir fuera del mercado de trabajo.

Algo parecido pasa con los que trabajan en negro, que rondan el 40% de la fuerza laboral. Hasta aquí llegó la cháchara de la lucha contra el trabajo informal, la prédica moralizante del Ministerio de Trabajo y las amenazas inocuas de la AFIP sobre los beneficios del trabajo en blanco. Los obreros de la fábrica de “Don Carlos”, el personaje de los spots oficiales, si tienen más de dos hijos, le van a pedir por favor que los vuelva a poner en negro. Al menos, así lograrán un “aumento de salario” (en realidad, de ingresos) que con las paritarias congeladas de hoy, ciertamente, no pueden ni soñar. La asignación por hijo es el entierro definitivo de toda campaña, real o formal, por el trabajo en blanco.

Y no es de extrañar. Porque un combate real contra la pobreza –en primer lugar la pobreza asalariada, dado que el resto roza la indigencia– implicaría mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo, y luego dar trabajo a los que no lo tienen con un plan de obras públicas, por supuesto con todos los derechos. El gobierno no pretende tal cosa, porque apuntar al pleno empleo y al trabajo formal fortalecería la situación general de los trabajadores frente a la patronal. Y el objetivo económico de todo este paquete es exactamente el opuesto: sostener y garantizar las condiciones actuales de explotación laboral.

En efecto, perpetuar el trabajo en negro, fomentar la precariedad y consolidar una franja estructural de la población como desocupada (parte del “ejército industrial de reserva” al que se refería Marx) es el mejor apoyo posible a los empresarios contra los trabajadores. La permanencia del ejército de desocupados funciona como arma de disciplinamiento laboral (la amenaza de caer al abismo social). El trabajo en negro limita no sólo los ingresos sino la defensa de las condiciones laborales, el derecho de agremiación, etc., todo lo cual facilita a la patronal redoblar la explotación.

Estrangular a los movimientos sociales

Uno de los blancos evidentes de los anuncios del gobierno son los movimientos sociales independientes que hoy gestionan y distribuyen planes sociales de diversa índole. Los Kirchner buscan reventarlos con un movimiento de pinzas: por un lado, la asignación por hijo (a cargo del Estado nacional); por el otro, las cooperativas de trabajo, con ingresos más interesantes (unos 1.300 pesos) pero concentrados en las manos de hierro de los intendentes peronistas. De esta manera, los movimientos sociales que no fueron cooptados por el gobierno y el Estado se quedarán sin el elemento central que hoy les permite agrupar compañeros: la distribución de planes de trabajo o puestos en cooperativas. Sin eso, sencillamente, los movimientos pierden sustento y razón de existir.

Como explicó uno de los caciques del GBA: “Nunca nos pareció bien que los planes los manejen ellos [los movimientos independientes]. Si tenían planes, era porque los Kirchner se los daban. Esta vez, tanto el otorgamiento de los empleos como su control están en nuestras manos, porque así lo dicta el decreto de la Presidenta, no porque nosotros lo decidimos” (Crítica, 4-11).[1]

Justamente porque está en juego su propia existencia es que varios de esos movimientos (MUL, FUL, CTD Aníbal Verón, FPDS y otros) hicieron un acampe en la 9 de Julio desde el lunes 2 durante 30 horas.

El horror de los medios gorilas por ver la ciudad bloqueada por pobres es anecdótico. No lo es tanto que como parte de los conatos de represión del gobierno nacional (Macri no tenía ningún prurito: quería matarlos a todos) haya habido balazos. Sí, de plomo: nueve balazos, aparentemente al asfalto, mientras la policía molía a palos a Antonio Vega, un militante de la CTD con HIV. Un patrullero vino expresamente a llevarse los casquillos, pero los militantes ya habían juntado las balas deformadas para llevarlas a la Justicia (Crítica, 4-11).

En parte porque la cosa ya estaba pasando de castaño a oscuro y sobrevolaba el fantasma de una represión estilo Kraft en pleno centro, los Kirchner revieron su postura inicial de “que se queden a vivir en la 9 de Julio”. Así, se llegó a un acuerdo con las organizaciones que les permite acceder al programa de cooperativas sin pasar por las intendencias. Pero no hace falta aclarar que esto continuará.[2]

Por trabajo genuino en un plan de obras públicas

Por supuesto que los movimientos sociales tienen el derecho de defender su tarea y su existencia. Por supuesto que es más democrático y transparente que la gestión de la ayuda social la hagan organizaciones independientes en vez del gobierno o la mafia peronista del Gran Buenos Aires. Pero la cuestión de fondo es qué horizonte y qué programa se propone a los cientos de miles de compañeros que no quieren caer en las garras del clientelismo peronista y tampoco se conforman con la asignación estatal.

Tanto el asistencialismo como, en mayor medida aún, el clientelismo, tratan a los “pobres” (trabajadores o no) como meros objetos pasivos, que sólo saben recibir ayuda y a los que sólo les queda agradecer, votar y seguir calladitos la boca. En esto coinciden tanto los Kirchner como la oposición burguesa y hasta, para su vergüenza, la CTA: ni se sueña con que los “excluidos” y “pobres” puedan salir del cerco clientelar/asistencial, paternalista y manipulador, para transformarse en sujetos plenos capaces de iniciativa, reclamo y control.

Ya lo hemos dicho en su momento con todas las letras, y cabe reiterarlo: aunque tácticamente resulte justo defender la cuota de planes, cooperativas, etc., a un plazo más corto que largo, ésa es una vía muerta. La estrategia debe ser otra: pelear por la inclusión de los compañeros, no como meros objetos de asistencia pública, sino como sujetos que quieren ser parte de la clase trabajadora, de sus organizaciones y sus luchas. En concreto, eso significa exigir, como medida real de combate a la pobreza, un plan nacional de obras públicas con control de las organizaciones sindicales y sociales involucradas. Esas obras, a la vez que dotarán de la infraestructura necesaria a infinidad de poblaciones, darán puestos de trabajo efectivos a los compañeros.

Que no nos vengan con cuentos de que los recursos del ANSeS no dan para todo: ¡la plata está en las ganancias de los capitalistas industriales, de los banqueros, de los sojeros, del sistema financiero, de los acreedores externos! ¡No hay más que leer los balances públicos de las compañías y de la banca para saber que siguen ganando fortunas, por más que lloren! ¡Si tanto les angustian los pobres, que dejen los llantos y las misas y pongan parte de sus millones!

No pueden pensarse por separado, como hace la CTA (ni hablar de la CGT), la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha contra la pobreza. Para los políticos patronales está muy claro que se trata de segmentos distintos de una sola clase, y que lo que se haga en un terreno repercute en el otro. Los Kirchner y la oposición ya tienen su plan común, aunque discrepen en el detalle de quién lucrará políticamente con él: algunos indigentes menos, pobreza eterna, más explotación. Ya es hora de que, de una buena vez, las organizaciones independientes de los trabajadores con y sin trabajo formulen un plan propio que realmente beneficie al conjunto de la clase obrera y que realmente afecte los intereses de los capitalistas.