En las próximas elecciones presidenciales en
Uruguay, se plebiscitará la permanencia de la Ley de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Por esta
reglamentación, quedaron sin ser juzgados por los crímenes
cometidos, los militares que gobernaron el país desde 1973
a 1985. Esta ley fue aprobada en 1986 y refrendada en forma
plebiscitaria 3 años después.
A pocos días de los comicios, la Corte Suprema de
Justicia de ese país declaró inconstitucional dicha ley, a
raíz de una presentación efectuada en octubre del año
pasado sobre el caso de Nidia Sabalsagaray, asesinada en
1974 en un cuartel militar. Esta resolución habilita a la
justicia a seguir la investigación en esta causa.
Como preludio, el gobierno uruguayo se pronunció en
febrero de este año a favor de declarar también su
inconstitucionalidad.
Esta norma tiene la particularidad que le permite al
Poder Ejecutivo “tener la llave” para abrir determinadas
causas que considera que no están comprendidas en esta ley
de perdón para los militares.
Esto hizo que el gobierno de Tabaré juzgara a
algunos militares. Lo hizo con nueve ex militares y policías,
así como los ex dictadores Gregorio Alvarez y Juan María
Bordaberry y su ex canciller Juan Carlos Blanco.
Por supuesto, estas medidas “de justicia a
cuentagotas” en un país que sufrió una dictadura
sangrienta como la argentina, con operativos conjuntos con
las fuerzas armadas de este país, que dejaron miles de
luchadores y militantes asesinados, no alcanzan para lavarle
la cara al Frente Amplio.
Siendo gobierno y teniendo la mayoría parlamentaria,
no derogó esta reaccionaria norma, ni impulsó los juicios
para que los asesinos vayan a la cárcel.
Pero esta reivindicación está viva en el pueblo
uruguayo y es por eso que el Frente y su Corte la
desempolvan antes de las elecciones: de lo que se trata es
de imponer la anulación total de toda la legislación cómplice
con la impunidad y lograr el castigo efectivo de todos los
asesinos.
