La gran lucha de los
trabajadores de Kraft ha sido acompañada desde los medios
como una hecatombe en el tráfico porteño. El periodismo de
los medios masivos de comunicación viene buscando volcar la
opinión de las masas contra las acciones y movilizaciones
de los compañeros de Kraft y las que han realizado el
movimiento estudiantil, el activismo obrero y popular y las
organizaciones de izquierda en su apoyo. Lejos de ser
inocente, esta forma de presentar la lucha obrera ayuda a la
criminalización y judicialización de la protesta social y
constituye la principal operación mediática para desplazar
del centro de la escena los reclamos de los trabajadores de
Kraft.
“Una política antipiquete”, así definió Macri a
su Policía Metropolitana a la luz de los cortes que
realizaban los trabajadores de Kraft. El Jefe de Gobierno
pretende utilizar al reformado Código Contravencional en un
instrumento para castigar con penas acumulativas de prisión
o multas al pueblo porteño a la hora de hacer sentir sus
reclamos en las calles. Al mismo tiempo, busca seguir por
otros medios con la campaña de la seguridad, en torno a la
necesidad de “orden público” frente al “caos de tráfico”
generado por los “innumerables” cortes que se habrían
producido estas últimas semanas.
En el tema de los cortes, el gobierno K ha jugado, para
variar, a dos puntas. Por un lado, intenta diferenciarse
permanentemente del macrismo, planteando que nunca fue política
del gobierno reprimir o judicializar la protesta social,
siendo, como atestiguan los organismos de derechos humanos
independientes como CORREPI, el gobierno con más presos políticos
desde el 83, que ha reprimido a los petroleros de Las Heras,
a las y los trabajadores del Casino, del Subte, etc.
Por otro lado, Cristina, desde Córdoba, llamó a
terminar con los cortes y con “la
organización para impedir el ejercicio del derecho de los
otros: a circular, a que el otro estudie, trabaje, que el
otro haga”. Como si no tuviera ninguna responsabilidad en
las condiciones en que las y los obreros de Kraft fueron
echados. Como si no tuviera responsabilidad en que una
poderosísima multinacional yanqui quiera reventar las
conquistas laborales para hacerle pagar la crisis a la clase
trabajadora. Cristina acusa a los trabajadores de que están
organizados para impedir derechos ajenos, cuando están
defendiendo su fuente de trabajo heroicamente en el marco de
la peor crisis que ha sufrido el capitalismo en décadas y
cuando la están haciendo responsable en los hechos de la
situación que están atravesando, con sus movilizaciones y
cortes. Semejante respuesta frente a un justísimo reclamo
obrero muestra el carácter podridamente antiobrero y
antipopular de este gobierno.
Poner las
responsabilidades donde van
Los
cortes y el tránsito son la excusa que dan para no ocuparse
de los problemas que llevan a estas protestas, esto es en el
caso de Kraft, que una patronal imperialista quiere
flexibilizar a fondo las condiciones de trabajo en el
principal cordón industrial del país, que 160 personas van
a perder su empleo y que cientos de familias se van a quedar
sin ingresos. La respuesta que tienen es crear causas
contravencionales, o incluso inventar causas penales, para
reprimir a la organización y la lucha, llevando a la vía
judicial reclamos sociales y políticos, en vez de darles la
solución y el encuadre que les corresponde.
Ni
Macri ni el gobierno nacional pretendían hacerse cargo de
la lucha de las y los obreros de Kraft. Tuvieron que hacerlo
porque, gracias a la movilización y a la represión
televisada, su lucha ha tomado relevancia nacional e
internacional. De otra manera, no se hubiesen hecho cargo,
así como Macri no lo hace con la mayoría de las manifestaciones
que ocurren en la Ciudad, en respuesta a sus ajustes a la
educación, la cultura y la salud, o a su política de
reprimir a los más pobres (UCEP, desalojos) y a las luchas.
El problema del tránsito
es ajeno a los cortes
Todo porteño sabe que es un problema estructural: la red de transportes, y especialmente los
servicios públicos (trenes, colectivos y subtes) de la
Ciudad y el Gran Buenos Aires simplemente
están colapsados. Al no poder conseguir financiamiento
a sus prometidas inversiones en el transporte, Macri ha
encontrado un chivo expiatorio en la protesta social a un
problema que no puede solucionar, y el gobierno nacional ya
dejó en claro hace tiempo que no se hace responsable ni le
interesa que los porteños pierdan varias horas por días en
viajar al trabajo o a los lugares de estudio.
La judicialización de la protesta social es parte del
programa político de Macri y su campaña de “orden público”
en una ciudad para ricos y turistas, donde no se vean ni
pobres ni manifestaciones. No por nada Macri compartía el
espacio político con Sobisch, el asesino de Carlos
Fuentealba. El gobierno K siempre ha respondido que busca
hacer de Argentina un “país normal”, y para eso coptó,
encarceló, judicializó y reprimió a miles de luchadores
obreros, estudiantiles y populares.
No todos los piquetes
son iguales
La derecha argentina festeja los cortes de ruta de los
patrones del campo como “republicanismo” y, junto con el
gobierno nacional, condenan judicialmente los reclamos de
los trabajadores y de los sectores populares, que según
ellos no tienen una explicación racional y generan el
“caos de tránsito”, o simplemente son parte de la “máquina
de impedir” que, también por motivos también
inexplicables, se dedica a hacerle la vida imposible a este
gobierno antiobrero y antipopular. Los abanderados de la
seguridad y el gobierno nacional, responsables de los
problemas sociales y políticos que ellos mismos, como
patrones y Estado patronal generan, responden
sin soluciones reales y con
judicialización y represión a los problemas que el pueblo
trabajador tiene. La lucha de las y los obreros de Kraft
es un ejemplo histórico de cómo luchar para conseguir
respuestas reales a esos problemas.
