Debate por la Ley de Medios

Dos pesos pesados y un ausente

Por Marcelo Yunes

Por peso propio del tema y por interés, el proyecto de “ley de servicios de comunicación audiovisual” ocupa el centro del debate político y, por supuesto, de la agenda mediática. En el ring están, de un lado, los Kirchner; del otro, los grupos multimedios, encabezados por el mayor, más poderoso y más histérico por la iniciativa, el Grupo Clarín. Podemos dejar de lado sin más trámite las cínicas invocaciones a la “lucha contra los monopolios” (Kirchner) y a la “defensa de la libertad de prensa contra el autoritarismo” (Clarín). El trasfondo de la disputa es, en cierto modo, la situación abierta desde la derrota electoral del oficialismo: una puja entre un gobierno burgués cada vez menos tolerado por la burguesía y una clase capitalista que no se termina de decidir entre soportarlo dos años más o tomar las medidas para sacárselo de encima, pagando un serio costo político e institucional. Pero tanto el proyecto de medios oficial como las críticas de la oposición tienen en común la negación más absoluta de un actor esencial: los trabajadores de prensa.

La pelea de los Kirchner con buena parte de los grupos mediáticos y en particular con Clarín es parte del tironeo general gobierno burgués–burguesía que busca nuevo gobierno, pero tiene a la vez un costado específico. Que hace tanto a la estrategia política de los Kirchner (con la contra de que para casi todo el mundo es un producto con fecha de vencimiento próxima) como a los planes de expansión de Clarín. Más abajo veremos eso en detalle.

Por otra parte, hay que señalar que además del peso económico propiamente dicho (Clarín es uno de los fundadores de la AEA, la entidad empresaria que nuclea a los grupos más poderosos del país), la cuestión de los medios y de su propiedad, regulación y administración tiene una importancia muy superior a la de, digamos, dos o tres décadas atrás. Los cambios tecnológicos, económicos, políticos y culturales advenidos desde la mundialización–globalización capitalista (desde los años 80–90 del siglo pasado) le confieren a la “mediasfera” un lugar de una preponderancia impensada. Sin exagerar, puede decirse que hoy los grandes grupos de medios son actores políticos y económicos (en ese orden) de primerísima magnitud. No hay más que ver el rol de los medios en proveer personajes políticos (Fujimori y Collor de Melo), crear otros (por dar un solo ejemplo, De Narváez), sostener y, sobre todo, hacer tambalear gobiernos cuando éstos no satisfacen el paladar de la gran burguesía (en América Latina, huelga dar nombres).

En consecuencia, el marco regulatorio de propiedad y de licencias de comunicación es no sólo un botín económico, sino una arena de disputa por espacios de poder político. Naturalmente, ambos planos se retroalimentan.

Qué busca la Ley de Medios del kirchnerismo

Empecemos por establecer con claridad algunos términos del debate. Un argumento usado hasta el cansancio es que hace falta una ley para derogar “la ley de la dictadura”, esto es, la 22.285 de 1980. Esto es una verdad que no llega a ser a medias; tal vez es un cuarto de verdad. Porque la realidad es que el actual marco regulatorio de la actividad de los medios de comunicación, incluyendo los requisitos para adquirir licencias, no es el de 1980, de la dictadura, sino esencialmente el de 1989, del menemismo puro.

En efecto, tanto la conformación de grupos multimedios locales como la posibilidad de ser titular de hasta 24 licencias (la ley de 1980 las limitaba a cuatro) sólo fueron posibles a partir de la ley 23.696 de “reforma del Estado”, que derogó el inciso e) del artículo 45 de la ley de la dictadura. Aunque el resto de la ley siguió y sigue vigente, los efectos sobre el panorama de propiedad y adjudicación de licencias fueron tan profundos que, a todos los efectos prácticos, es como si hubiera sido una ley nueva. El esquema legal que propone el kirchnerismo, en sus puntos centrales, es cambiar lo resuelto en 1989, no en 1980. Cambio que, por otra parte, es muy limitado, ya que apunta sobre todo a desalojar al Grupo Clarín (y algunos otros) de su posición privilegiada.

Los Kirchner no hacen tanto hincapié en esto por motivos demagógicos: suena mucho mejor decir que “hay que eliminar la ley de la dictadura”. Pero esa demagogia no es nada comparada con la de Clarín y la oposición de derecha, incluido el inefable vicepresidente Cobos. Porque aúllan como lobos que “los Kirchner quieren imponer cambios con un Parlamento viejo”, que hace falta “un análisis sereno” y que “no dan tiempo para discutir en profundidad”. ¡Qué cantidad de patrañas! Lo único que buscan es dilatar todo para que el que vote sea el Parlamento post 10 de diciembre, con el kirchnerismo en minoría en ambas cámaras.

Sobre estos angelicales defensores de la libertad hay que recordar que los cambios al artículo 45 de la ley 22.285 –que, repetimos, permitieron legalmente la conformación de multimedios, es decir, que un diario pudiera tener canales de TV y radios– se votaron en agosto de 1989 en una sesión con quórum mínimo, a la madrugada y sin el menor debate. Es decir, al mejor estilo “Congreso–escribanía”. Naturalmente, ni Clarín ni ninguno de los exaltados defensores de la “libertad de prensa” de hoy esbozó el menor asomo de queja por un procedimiento tan irregular (en verdad, perfectamente habitual en la “democracia”).

¿Cuáles son los cambios de la nueva ley? Sintéticamente: a) se divide el espacio radioeléctrico en tercios (sector privado, Estado, cooperativas y asociaciones civiles); b) se restringe el máximo de licencias por operador de las 24 actuales a 10, y se excluye a operadores extranjeros; c) el centro de la pelea con Clarín: un operador de TV por cable no puede tener licencias de canales de aire; d) se permite el ingreso de operadores de telefonía, siempre y cuando sean de capital nacional. Esto abre la puerta al llamado triple play (servicio conjunto de cable, telefonía e Internet). Lo otro: hay un año de plazo para adaptarse a los cambios. El resto es, en el fondo, negociable, como la autoridad de aplicación (es decir, quién controla).

¿Qué hay detrás de esto? Si se aprueba la ley: 1) Telefónica debe vender Telefé, por ser extranjera; 2) el Grupo Clarín, además de tener que elegir entre operar Multicanal–Cablevisión (una fusión que es otro entuerto) o Canal 13 (seguramente elegirá el cable, mucho más rentable), deberá desprenderse de varias señales de cable propias (la ley sólo autoriza una); 3) grupos como Prisa (radio Continental), Vila–Manzano–De Narváez (canal América) y Cadena 3 deberán deshacerse del excedente de 10 licencias.

Esto deja dos bocados muy apetecible: Canal 13 y Telefé deberían venderse en el plazo de un año. Por otra parte, los accionistas italianos de Telecom se están yendo de la Argentina, por lo que pasa a ser un botín mayor. Gran candidato a quedarse con Telecom, desde hace rato, es Clarín, que muere por entrar al negocio del triple play.[1] Aquí opera el gobierno en contra del grupo y a favor de empresarios amigos, como Eurnekian y Ernesto Gutiérrez. El multimillonario mexicano Carlos Slim (dueño de Claro) podría entrar vía algún socio–testaferro argentino. Por otra parte, los plazos cortos, especulan los Kirchner, obligarán a vender todas las señales de aire en cuestión a precios de oferta. Y los amigos del gobierno, como es sabido, son gente medio corta de efectivo. Es por eso que sus operaciones suelen hacerse con plata prestada o “apalancadas” (el caso de Eskenazi en Repsol–YPF).

¿Ley antimonopólica? Sí, contra el actual cuasi monopolio de Clarín en el cable –digan lo que digan los desencajados editorialistas del “gran diario argentino”– y contra la actual constelación de multimedios, donde el que no le debe favores al menemismo es porque se los debe a la dictadura militar. Pero a favor de cambiar esa articulación por otra donde los capitalistas “amigos”, o menos hostiles[2], ocupen el lugar del que los otros fueron desalojados. Por otra parte, la reserva de un tercio del espectro al Estado y de otro a las entidades del “tercer sector” (que dependerán, en buena medida, de la publicidad y/o subvenciones oficiales) mueve a los que quedarán fuera del negocio a acusar a los Kirchner de “totalitarismo” y hasta de –horror de horrores– “chavismo”. Nada que no se haya visto en los grandes medios de Bolivia, Ecuador u Honduras antes del golpe.

Los trabajadores de Prensa, convidados de piedra

En este duelo de titanes, a cual más demagógico y mentiroso, formalmente, se le ha “dado la voz” a organizaciones de todo tipo y pelaje. Por supuesto, es más democrático que asociaciones de indígenas, estudiantes, cooperativas, etc., tengan acceso a radios y canales antes que los pulpos de siempre.[3] Pero los límites llegan enseguida. El larguísimo texto de la ley (157 artículos y 168 páginas) no deja de acordarse de nadie: los empresarios grandes y los chicos, las ciudades y los pueblitos, los pueblos originarios, las cooperativas, las asociaciones civiles, las minorías, los niños, los mayores y los jubilados. Todo el mundo... salvo las personas que trabajan en los medios (que no es lo mismo que la burocracia sindical, que sí recibe alguna dádiva).

Sobre ese tema, ni los “antimonopolistas” oficiales ni los “antiautoritarios” de la oposición dicen ni pío. Los derechos de los trabajadores, el ninguneo al que se ven sometidas las noticias que tienen que ver con los atropellos de los empresarios a los trabajadores y las luchas de éstos, el corporativismo de los medios a la hora de informar conflictos en medios de prensa, el problema de la libertad de conciencia de los periodistas que trabajan en medios con línea editorial opuesta a su pensamiento, todo esto no es digno de mención ni de debate. Evidentemente, tanto los redactores como los detractores se ubican y razonan desde el punto de vista de los propietarios de los medios de comunicación.

He aquí, justamente, el tema tabú, el monstruo innombrable, el muerto en el placard: el que labura. Está fuera del debate. No existe como sujeto ni como tema para el gobierno ni para la oposición. Pareciera que los medios y las noticias se hicieran solas, o únicamente con licencia, plata, amigos poderosos y “periodistas estrella”, que suelen ser más socios del patrón que empleados de él.

Y no es de extrañar que esto sea así, porque más allá de la pirotecnia verbal de uno y otro lado (que por otra parte sólo convence a los que ya están convencidos), cuando pasamos en limpio los proyectos y los debates llegamos a lo del principio. Es decir, una disputa política y económica entre dos actores capitalistas hasta el hueso, que no se atreven a hacer parte de la cuestión a los trabajadores ni siquiera para hacer demagogia. Si los trabajadores en general y los de Prensa en particular quieren tallar –y deben hacerlo– en este debate, no les queda otra alternativa que hacerse oír de manera independiente y con sus propios “medios”. Que no son, justamente, aquellos de que trata la ley, ni tampoco los quiosquitos “alternativos” a los que es tan afecta la CTA y la UTPBA, sino las herramientas de lucha de toda la vida. Que son las que ya están usando los trabajadores de los medios actualmente en conflicto, como Crónica y otros y que deben apuntar en el sentido de que todos los medios de comunicación sean estatizados y puestos bajo el control y gestión no de los gobiernos capitalistas de turno, sino de los trabajadores.