Declaraciones de Graciela Fernández Meijide

Hoy como ayer: Juicio y castigo a todos los culpables

Por Ana Vázquez

Con motivo de la presentación de su libro “La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina” hizo declaraciones sobre su contenido, referido al genocidio en la Argentina.

Opinó que debería haber una reforma al Código Penal, que permitiera rebajar las condenas a aquellos militares que revelaran el destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio.

El otro aspecto al que se refirió fue sobre el número de víctimas de la dictadura. Manifestó que no estaba comprobada la cifra de 30.000, cuando la CONADEP (Comisión Nacional Desaparición de Personas) sólo recibió 9.000 denuncias.

A la señora Meijide le secuestraron uno de sus hijos de 17 años que pertenecía al agrupamiento Juventud Guevarista. Nunca supieron más nada de él.

En medio de su búsqueda incesante, ingresó a la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Fue miembro de su mesa ejecutiva y luego, en el gobierno de Alfonsín, integró la CONADEP.

La Asamblea, creada en 1975, en plena escalada represiva del gobierno de Isabel Perón, recibía denuncias sobre atentados a los derechos humanos y presentaba los reclamos ante las autoridades. Lo integraban miembros de los partidos políticos y de las iglesias metodista y católica. Lo hacían a título personal, no representando a sus organizaciones. El doctor Alfonsín era uno de ellos, junto a otras figuras de los partidos tradicionales. Otros eran miembros de partidos menores, como el Socialista de Alfredo Bravo o la Democracia Cristina, a la que pertenecía el doctor Augusto Conte Mac Donnell. También participaba un integrante del Partido Comunista. La señora Meijide la integró sin pertenecer en ese momento a ningún partido político, aunque es conocido su paso posterior por el Frepaso y la Alianza.

La APDH era el organismo más superestructural, canalizaba denuncias, pero no reunía ni organizaba a los familiares de las víctimas. Era el más conservador desde el punto de vista político porque en él se expresaban, con matices, las variantes patronales en la política hacia los derechos humanos.

El resto de los organismos de derechos humanos que actuaban y que se fueron creando a partir del golpe militar eran dirigidos por el PC o sectores de la Iglesia, a excepción de las Madres de Plaza de Mayo que surgieron totalmente independientes. Posteriormente se formó el CELS, también conformado por integrantes de partidos políticos.

Las Madres y la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas eran las que agrupaban fundamentalmente a los familiares no solamente con tareas de asistencialismo, sino que apuntaban a organizarlos.

Tal fue así que cuando la movilización democrática contra los milicos empezó a despuntar, fueron las Madres, en primer lugar, y la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, los que estuvieron al frente del proceso de movilización y confluyeron con la vanguardia popular y juvenil que salió a pelearle a la dictadura.

¿Cómo establecer toda la verdad?

En el transcurso de esos años, hubo varias consignas que dividieron aguas y fueron motivo de duras polémicas en el movimiento democrático.

Del 76 al 80 (año en que vino la OEA a nuestro país) la de aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, cuando había posibilidades de rescatar a un sector con vida.

Posteriormente, las de: Verdad y Juicio y castigo a todos los culpables. Fueron las consignas que sellaron la unidad de la lucha democrática contra la dictadura.

La Asamblea no las levantaba, porque no estaba a favor de desarrollar la movilización contra la dictadura. Las tomó como propias cuando el proceso ya estaba en desarrollo, para tratar de frenarlo y encauzarlo hacia una salida que no dañara a las instituciones, incluida la institución militar. Las consignas se impusieron en las calles y esa lucha denodada fue la que arrancó el Juicio a las Juntas y el enjuiciamiento del puñado de genocidas que hoy están presos.

Como furgón de cola de la concertación burguesa “democrática” con los militares, el 8 de marzo de 1983, cuando éstos estaban por entregar el poder, elaboran un documento que dirige al Ministerio del Interior y al Equipo de Pastoral Social. O sea, al gobierno militar y a la Iglesia. En él proponen que los militares entreguen en un plazo (de 10 y de 30 días) a los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados a la Comisión Permanente del Episcopado. Asimismo, proponen que el gobierno entregue a la Corte Suprema de Justicia la información sobre los hábeas corpus interpuestos con resultado negativo (todos) y otro informe a la mencionada Comisión del Episcopado dirigido al Congreso de la Nación, el cual sería entregado a 30 días de iniciadas las sesiones en las Cámaras.

Proponían que todo se arreglara en las alturas y en secreto, que el pueblo no conociera lo que había ocurrido en los campos de concentración ni hubiera castigo a todos los responsables.

Ese era el momento de luchar por la Verdad, cuando los militares estaban en retirada y había una amplia movilización democrática. Las verdades parciales que se lograron conocer posteriormente fueron consecuencia de esa movilización.

El cuestionamiento a la cifra de desaparecidos no escapa a nadie que es con la clara intención de poner en duda la magnitud del genocidio.

Las cifras oficiales (no de los organismos ni de los partidos de izquierda) hablan de 30.000 porque se tienen en cuenta las denuncias efectuadas en su momento, las 9.000 registradas en la CONADEP y un cálculo estimativo de las que no llegaron a hacerse.

¿O no es acaso conocido que muchas familias carentes de recursos o por miedo no llegaron a reclamar? ¿O que en algunas sólo quedaron niños o ancianos? ¿O que otros familiares murieron de tristeza y desamparo? ¿O no es cierto que los militares impusieron el terror y era más que riesgoso buscar el paradero de un familiar, un amigo, un compañero?

Ante los aires de “campo” que se instalaron en el país, ya salieron los “memoriosos” golpistas a hablar de cifras y hacer cálculos, darle prensa a la señora Meijide, para sembrar la duda de que, al final... no fue para tanto. Y si no fue para tanto... podemos dar por concluido el tema.

Eso es lo que intentan hacer desde hace 33 años. Desde la ley 22.068 de presunción de fallecimiento que impuso el general Viola en el 79 para intentar certificar la muerte de todos los desaparecidos, hasta los que reclaman (a viva voz o por lo bajo) desde la derecha más reaccionaria, que hay que terminar con los juicios a los militares.

Ponen, también, blanco sobre negro, la necesidad de seguir levantando el castigo a todos los culpables de los secuestros y crímenes de ayer y de hoy, como el de Jorge Julio López y el de Carlos Fuentealba.