Perú

La huelga general golpea a Alan García

Por Vicente Calhel

La lucha de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana contra la política entreguista y de expoliación de los recursos naturales de la región del gobierno de Alan García se ha extendido a sectores campesinos y mineros. Los medios informativos de nuestro país han ocultado deliberadamente, la actual situación política peruana y la crisis del gobierno de Alan García. La lucha de las masas peruanas es heroica y ha logrado avances sustanciales y deben ser un punto de referencia para los trabajadores de la región.

Mientras el gobierno aceptó reanudar el diálogo con comuneros de la selva, luego de la matanza de Bagua y hasta se comprometió a derogar los decretos 1090 y 1064 que atacan la propiedad colectiva de las comunidades, en  la provincia de Yauli-La Oroya se realizó un paro regional en defensa de las fuentes de trabajo en la minera Doe Run Perú.

Allí los mineros se enfrentaron a una suspensión de tareas por 90 días ante la crítica situación de la empresa que se encuentra acosada por los acreedores. La patronal minera propuso pagar el 50% de los salarios. Esto motivó la convocatoria para el 19 de junio, a un paro regional en apoyo de los trabajadores.  “El alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, sostuvo que algunas organizaciones de La Oroya han convocado un paro regional para hoy, aunque no mencionó cuáles. Piden la pronta solución del problema. En aquel momento el congresista Jorge del Castillo informó que tenía conocimiento de esta amenaza y que se trataba de un grupo reducido. ‘Yo he llegado a un acuerdo con los trabajadores. Si realizan desmanes, yo me retiro de la mesa de diálogo que se ha formado con ellos y el Ministerio de Trabajo’, explicó”. En realidad, como ocurriera con las comunidades del Amazonas, se trató de encerrar las demandas de los trabajadores en el pantano parlamentario peruano. Desde la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, su dirigente Luis Castillo expresó que el gobierno no tiene intenciones de solucionar los problemas de los trabajadores.

El paro regional incluyó el bloqueo de las rutas que comunican las ciudades de Huanuco y Pasco con Lima y Huancayo y Huancavélica con la Capital.

Pero no eran éstos los únicos puntos de conflictos. La zona de Guacara en el distrito de San Ramón, fue tomada por sus habitantes. Y campesinos apoyaban la medida llegando desde Pasco, Huanuco y Junín. De esta manera el paro en la región de Andahuaylas se consolidó y la iglesia junto a la Municipalidad de dicha localidad debió organizar una reunión con los principales dirigentes del paro.

La combatividad de la medida quedó reflejada, por ejemplo, cuando después de una semana, la periodista Vilma Ayala Rojas expresaba: “El alcalde de la localidad de Huancarama, Carlos Cavero, y el presidente comunal, Julio Palomino, fueron retenidos y azotados por algunas horas por más de 500 comuneros que llegaron a esa zona desde la ciudad de Andahuaylas. El ataque fue un acto de represalia contra las autoridades debido a que se negaron a acatar la medida de fuerza, ya que están a puertas de celebrar el aniversario de esa localidad”.

Finalmente, el gobierno logró abrir una nueva instancia de diálogo. El ministro Yehude Simón llegó a un acuerdo con los andahuaylinos tras firmar un acta de treinta y tres puntos que abarcaban la mayor parte de los reclamos. Entre ellos estaba un nuevo tratamiento de la legislación sobre los recursos hídricos de la región. En cuanto a la minería se aprobó una nueva elaboración de una propuesta para que una parte de los recursos del canon minero vaya directamente a las comunidades campesinas. Ante este acuerdo los campesinos y los indígenas habían levantado el paro.

Hacia la huelga general

Mientras el ministro Simón lograba atenuar el conflicto en esa zona, nuevos focos conflictivos seguían alimentando una llama que amenaza al gobierno con convertirse en hoguera. El martes 30 de junio la oleada de conflictos entró a la ciudad. Diversos gremios del transporte paralizaron sus unidades ante el alza de las multas por infracciones de tránsito. Esto derivó en un alza de tarifas que llegaron al 600%. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo, reconoció que la Capital limeña estaba paralizada por la medida de fuerza. Por otro lado, el paro no tuvo nada de pacífico, ya que transportistas y policías se enfrentaron en distintos puntos urbanos. “En la Carretera Central el principal piquete estuvo en el kilómetro 15, donde los policías lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon al aire para dispersar la protesta. A pocos kilómetros de allí, en la avenida Wiese, así como en el óvalo Mariátegui y Puente Nuevo, en San Juan de Lurigancho, la policía también tuvo que usar la fuerza para controlar a manifestantes que rompían los vidrios de automóviles o bloqueaban la vía con piedras. En Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, supuestos chóferes cerraban el paso a autos particulares y obligaban a bajar a la gente que había subido.” (1) Los 4.500 efectivos de la policía que se habían dispuesto para garantizar la circulación de los transportes fueron desbordados por los manifestantes que atacaban a las combis y coches “truchos” que buscaban hacer su negocio en medio del paro llevando  pasajeros por costosos pasajes. Más de un centenar de detenidos, coches volcados y policías heridos fueron la consecuencia de la huelga.

El estallido delos trabajadores del transporte de Lima indicó que la llamarada de lucha llegaba hasta las propias barbas de Alan García. Nuevos paros se registraban al interior del país. El 27 de junio había comenzado un paro en la provincia de Chumbivilcas en defensa de los recursos hídricos y contra la política de penetración minera por parte de empresas multinacionales. Levantando idénticos reclamos campesinos del Cuzco marcharon hacia la capital del departamento.

Ante esta situación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), llamó a una huelga general para el miércoles 9 de julio para protestar contra la política del presidente Alan García. El llamado a la huelga de la CGTP coincidió con un paro general de 48 horas resuelto por la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria. Dos días antes Alan García había informado que se realizarían cambios en el gabinete de gobierno, reflejando la profundización de la crisis política en las alturas.

La convocatoria al paro general tuvo centralmente dos reclamos: que el gobierno abandone su política neoliberal y otorgue un aumento salarial. Éste se hizo fuerte en la región de los Andes sureños, el centro y la Amazonia. Mario Huamán, secretario de la CGTP,  destacó que “el llamado a huelga se acató de manera absoluta en sectores como comercio minorista, textiles, agroindustria, agricultura, transporte, petróleo, pesca y educación. Los campesinos se mantienen movilizados en las regiones sureñas de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Ayacucho.” De esta manera la huelga estuvo acompañada por bloqueos de carretera y marchas en todo el país. En Puerto Maldonado, ciudad limítrofe con Brasil, fue saqueada e incendiada la sede del gobierno regional y el ministro del Interior, Luis Alva Castro, informó que se registraron 200 detenciones a escala nacional.

Una nueva situación política

Desde el estallido de la selva, la situación en Perú siguió un curso de luchas de trabajadores y comuneros en distintos puntos del país. Esto abrió una nueva situación política. Los reclamos abarcan un amplio espectro que va desde la defensa de los recursos naturales y los intereses de las comunidades indígenas y campesinas, hasta la defensa de las fuentes de trabajo, como en el caso de los mineros de la Doe Run Perú y la huelga de los transportistas. Desde otro ángulo, este paro general se realizó en el marco de un crecimiento desigual de la economía peruana. Globalmente el alza económica llega a un 10%. Pero recae en la Capital, Lima, y en algunas zonas costeras, mientras que en las zonas de la selva y la región sureña  y del este andino se profundiza el abandono por parte de las supuestas política de desarrollo del presidente García. La política del gobierno peruano no ha sido otra que  la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) propuesto por el imperialismo yanqui para toda Latinoamérica que, como sabemos, significa mayor superexplotación, marginación y saqueo a los trabajadores y sectores populares y rapiña de los recursos naturales de los países de la región.

Alan García ha debido retroceder  frente al embate de un amplio sector de las masas peruanas pero no está derrotado. El gobierno ha oscilado entre la represión y el diálogo, pero los trabajadores están estableciendo una nueva relación de fuerzas en la lucha de clases peruana. Por eso, la pelea actual de los trabajadores del país andino requiere de una centralización nacional para golpear en forma decisiva al gobierno aprista. La coordinación y la solidaridad en algunas regiones muestran las posibilidades de seguir avanzando en esta dirección y conformar un organismo obrero y popular que centralice las medidas de lucha erigiéndose en una nueva dirección política y sindical. La movilización va a continuar y su desarrollo puede fortalecer la pelea en los países vecinos. Nuestra solidaridad con trabajadores y comuneros peruanos también está puesta en esta perspectiva.

Notas:

(1). El Comercio, 1º/7/09

(2). La Jornada, 10/7/09