Los sujetos sociales del conflicto agrario

Bandidos Rurales

Por Marcelo Buitrago

Cuando León Gieco hizo su disco dedicado a personajes como Bairoleto y Mate Cocido, prófugos de la justicia que asaltaban a empresas como La Forestal y Bünge & Born o secuestraban estancieros, despertando la simpatía popular en el interior del país, probablemente recogía las tradiciones orales de su niñez en el corazón de la pampa gringa santafesina, donde el chacarero que arrendaba su campo, vivía en él junto a su familia, siendo ésta su principal fuerza de trabajo, y era parte importante, como actor económico, de la producción agropecuaria pampeana.

Sin embargo, en el largo período desde fines de los 30 a fines de los 80, muy bien descriptos por Javier Balsa en El desvanecimiento del mundo chacarero, profundas transformaciones se dieron en la región pampeana. Del predominio de los arrendatarios familiares, se pasó primero al de los propietarios familiares. Los agricultores hicieron ganadería, los criaderos e invernadores diversificaron sus actividades y se produce la concentración de la agricultura avanzando las explotaciones medianas sobre las más pequeñas, acompañado por una creciente disminución de explotaciones, el aumento de su superficie y en las inversiones de capital, basadas en la fuerza de trabajo asalariada, reducida, pero ya sin ser explotaciones familiares.

El abandono de las explotaciones como lugar de residencia y los cambios en los modos de vida, producen el despoblamiento del campo. Todo este proceso se potenció con el nuevo marco de apertura y desregulación de los 90. Los que sobrevivieron en la región pampeana, o son rentistas, o tienen un capital y un nivel de ingresos que los califican muy lejos de la tradicional “pequeña burguesía” que explota su propia fuerza de trabajo.

La alternativa ha sido convertirse en compradores de servicios: el 65% de los "productores" contrata la cosecha, y otro tanto la siembra y fumigación. Cuando el "pequeño productor" dice: “estoy cosechando”, en realidad expresa que está controlando al contratista para que éste realice correctamente su tarea (y de paso no se lleve algún camión con grano).

Por otro lado, el desarrollo de la escala productiva no le deja demasiadas alternativas: el precio promedio de una cosechadora en 2007 fue de $ 512.000 y el de un tractor $ 140.000, con lo que además se sobre capitaliza, ya que excede ampliamente sus necesidades.

Si a pesar de la reactivación del mercado de maquinaria agrícola a partir de 2002 (622 cosechadores vendidas ese año contra 2.415 promedio en 2003/2007) con incorporación de tecnología de punta como monitores de rendimiento con GPS, monitores de proteína, tolvas autodescargables, nuevos cabezales, etc., se calculan en U$S 465 millones (según INTA Manfredi) las pérdidas por ineficiencia en la cosecha de soja y maíz, salta a la vista la imposibilididad de continuar operando con los viejos equipos si algún nostálgico se resistiera al nuevo modelo. Siembra directa, fertilizantes, soja transgénica-glifosato, cosecha altamente profesionalizada, donde lo usual es que en los grandes establecimientos de más de 5.000 has. quien supervisa directamente el manejo de la cosechadora sea... un ingeniero agrónomo.

El Censo Agropecuario 2002 es inapelable. Entre el 88-2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias en el país, y la región pampeana explica el 66% de este total. Aquí además la escala promedio se incrementó en un 35%, pasando de 400 a 533 hectáreas, siendo las explotaciones de hasta 500 has. las más afectadas por la desaparición de establecimientos. En este rango hubo una caída de un 34% de cantidad de establecimientos y de un 26% de superficie, y como contrapartida aumentaron en cantidad y superficie los establecimientos más grandes (ver cuadro Nº 1).

Cuadro Nº 1

Hoy, la producción agrícola ganadera pampeana está concentrada en menos manos que nunca, y el rol que Argentina tiene en el mercado mundial es el de exportador de aceite y harina de soja, más que de grano, rol reservado a Brasil. A tal efecto se han instalado a la vera del Paraná en el Up River cercano a Rosario las más modernas plantas procesadoras del mundo, con una capacidad de molienda superior aun a las plantas estadounidenses, principal productor mundial de soja (ver cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2

No conforme con los actuales niveles de producción, este actor económico se venía planteando pasar de una media de 70 millones de toneladas de producción de granos en 2001-2/2003-4 a un escenario para 2015 de 115 millones de toneladas de producción.

Pero para poder procesar ese volumen es necesario invertir en infraestructura: rutas, red ferroviaria e hidrovía, puertos, almacenamiento y ampliación del parque de camiones, lo que la misma Fundación Producir Conservando estima en U$S 6.500/7.000 millones (ver cuadro Nº 3).

Cuadro Nº 3

Además el nuevo paquete tecnológico implica un uso industrial de fertilizantes, que se encuentra en déficit aun a los actuales niveles, los que sería necesario duplicar para evitar que para entonces los rindes se desplomen.

Al reclamo de estas obras, que el gobierno parecía no atender, se sumó la convicción que estaban contribuyendo en exceso de sus pares a la “recuperación económica” y que ya era momento que la renta extraordinaria volviera en su totalidad a sus dueños “naturales”.

Pero, ¿cómo lograrlo en el marco de una Argentina que viene del ciclo de rebeliones populares? ¿Cómo reclamar por sus ganancias y sus rentas cuando uno de los pilares del milagro K ha sido la postergación salarial y la continuidad del trabajo en negro?

Cuando Miguens clamaba por un “plan agrícola ganadero” no se refería sólo a la baja de las retenciones, sino también a todas las inversiones que estos liberales le exigen al Estado, para ampliar sus ganancias.

Uno de sus pilares clásicos, los medios de comunicación y los intelectuales y economistas a sueldo, siempre estuvieron a su disposición. Un ejemplo de ello es el trabajo de Llach, Harriague y O’Connor, “La generación de empleo en las Cadenas Agroindustriales”, donde afirman sin ponerse colorados que en 2003 este sector genera 5.500.000 puestos de trabajo, un 35,6% del total de ocupados en el país. Con una metodología más cercana al rigor mortis que al rigor científico, no dudan en meter por la ventana todo trabajador que pase cerca para obtener el resultado adecuado, que confiesan sin remordimientos: “se espera que este trabajo contribuya a otorgarle a este sector (el agroindustrial) la importancia crucial que tiene”.

Lo que resultó inesperado aun para los propios dirigentes de las entidades que llevaron adelante la protesta en 2008, fue la reacción de todos los “pequeños productores”, rentistas algunos, compradores de servicios otros, pero todos muy lejos de ser considerados productores en el sentido económico del término.

Cuando los dirigentes pensaban volver a las rutas después de Semana Santa, se encontraron con miles de ¿chacareros? que se pusieron a cortar rutas sin ningún fervor católico, pero sí fanatizados por la vigencia de los mercados internacionales, o sea, que me paguen más alquiler, y que los impuestos los paguen otros, brindando una impensada y maravillosa “cobertura popular”.

Como factor adicional, lograron además capitalizar la bronca en todo el interior pampeano contra los K, polarizando duramente contra el gobierno. Así, lo que comenzó como una protesta sectorial, se transformó en una conmoción social. También desnudo los límites del progresismo K. Lo que se presentó como una fórmula irrenunciable de distribución de riquezas (las retenciones) ocultaba que éstas habían sido usadas por gobiernos tan progresistas como el de Onganía. Asimismo, nacionalización del comercio exterior de granos y carnes, expropiaciones aunque a escala minúscula, planes de colonización, el Estatuto del Peón Rural, medidas del primer peronismo dentro del campo del nacionalismo burgués, quedaron a años luz siquiera de ser analizadas.

Por otro lado, el ignorar como posible punto de apoyo a los obreros rurales, el sector peor pago de los trabajadores argentinos, donde se registra el mayor índice de trabajo en negro y que son sometidos junto a sus familias a un asesinato lento y silencioso con las fumigaciones a mansalva que requiere el modelo soja transgénica-glifosato, demuestra el rol que el proyecto K le asigna a la clase trabajadora: meros espectadores de cómo su sacrificio permite la recuperación empresaria, a los que hay por las dudas tener bajo control, de ahí su preferencia por la CGT, que cumple la función con mucha más eficacia que sus hermanos menores de la CTA.

La alianza Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA, Coninagro vino a certificar la total identificación de la amplísima mayoría de los productores pampeanos con la cúpula más concentrada de la producción.

Son éstos los nuevos bandidos rurales, pero que viven en Puerto Madero, contando eso sí con una comparsa a la que le hicieron creer que los precios internacionales de la soja eran para siempre, los que sueñan con un país en el que sobran millones de personas.

Y para pararles la mano el gobierno K debería avanzar más allá del cobro de impuestos, sobre la sagrada propiedad privada, rompiendo los límites que tiene como representante general de la patronal.

En momentos que la crisis internacional ha hecho pasar a segundo plano el sueño campestre, es necesario para los trabajadores adoptar una posición de independencia de clase. No es de la mano de ningún sector patronal, ni tampoco de un gobierno cuyo objetivo central ha sido recuperar la institucionalidad perdida en 2001, la manera de que las riquezas generadas en el país beneficien a la inmensa mayoría de quienes realmente las producen. Porque en última instancia, estamos hablando del trabajo no pagado que una clase le extrae a otra.

(*) En todo este escrito nos referimos a la producción agropecuaria pampeana, que concentra el 89% de la superficie implantada de cereales y oleaginosas del país. Otra realidad, estructura social y económica se da en la región extrapampeana, tomando como ejemplo Santiago del Estero, donde de 21.000 explotaciones la mitad no tiene límites definidos, y de las que lo tienen, el 36% tienen menos de 25 hectáreas. No por casualidad allí se dan organizaciones campesinas como el MOCASE, prácticamente inexistentes en la región bajo análisis.