Perú

Trabajadores, campesinos y comuneros
enfrentan a Alan García

Por Vicente Kalhel

La lucha de las comunidades indígenas de la Amazonia peruana contra la política entreguista y de expoliación de los recursos naturales de la región del gobierno de Alan García se ha extendido a sectores campesinos y mineros. Mientras el gobierno aceptó reanudar el diálogo con comuneros de la selva y hasta se comprometió a derogar los decretos 1.090 y 1.064 que atacan la propiedad colectiva de las comunidades, ha enviado fuerzas represivas a la provincia de Yauli-La Oroya donde había comenzado un paro regional en defensa de las fuentes de trabajo en la minera Doe Run Perú.

Los mineros se enfrentan a una suspensión de tareas por 90 días ante la crítica situación de la empresa que se encuentra acosada por los acreedores. La patronal minera ha propuesto pagar el 50 % de los salarios. Para el 19 de junio, había sido  convocado un paro regional en apoyo de los trabajadores. “El alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, sostuvo que algunas organizaciones de La Oroya han convocado un paro regional para hoy, aunque no mencionó cuáles. Piden la pronta solución del problema. El congresista Jorge del Castillo informó que tenía conocimiento de esta amenaza y que se trataba de un grupo reducido. “Yo he llegado a un acuerdo con los trabajadores. Si realizan desmanes, yo me retiro de la mesa de diálogo que se ha formado con ellos y el Ministerio de Trabajo”, explicó. En realidad, como ocurriera con las comunidades del Amazonas, desde el Parlamento peruano se trata de mediar. Sin embargo, desde la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, su dirigente Luis Castillo expresó que el gobierno no tiene intenciones de solucionar los problemas de los trabajadores.

El paro regional incluye el bloqueo de las rutas que comunican las ciudades de Huanuco y Pasco con Lima y Huancayo y Huancavelica con la Capital.

Pero no eran estos los únicos puntos de conflictos. La zona de Guacara en el distrito de San Ramón, fue tomada por sus habitantes. Y campesinos apoyaban la medida llegando desde Pasco, Huanuco y Junín. De esta manera el paro en la región de Andahuaylas se consolidó y la Iglesia junto a la Municipalidad de dicha localidad debió organizar una reunión con los principales dirigentes del paro.

La combatividad de la medida quedó reflejada, por ejemplo, cuando después de una semana, la periodista Vilma Ayala Rojas expresaba: “El alcalde de la localidad de Huancarama, Carlos Cavero, y el presidente comunal, Julio Palomino, fueron retenidos y azotados por algunas horas por más de 500 comuneros que llegaron a esa zona desde la ciudad de Andahuaylas. El ataque fue un acto de represalia contra las autoridades debido a que se negaron a acatar la medida de fuerza, ya que están a puertas de celebrar el aniversario de esa localidad”.

Finalmente, el gobierno logró abrir una nueva instancia de diálogo. El ministro Yehude Simon llegó a un acuerdo con los andahuaylinos tras firmar un acta de trenita y tres puntos que abarcaban la mayor parte de los reclamos. Entre ellos se encuentra un nuevo tratamiento de la legislación sobre los recursos hídricos de la región. En cuanto a la minería, se aprobó una nueva elaboración de una propuesta para que una parte de los recursos del canon minero vaya directamente a las comunidades campesinas. Ante este acuerdo los campesinos y los indígenas han levantado el paro.

Un nuevo frente de tormenta: transportistas salen a la lucha

El martes 30 de junio la oleada de conflictos entró a la ciudad. Diversos gremios del transporte paralizaron sus unidades ante el alza de las multas por infracciones de tránsito. Esto derivó en un alza de tarifas que llegaron al 600%. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo, reconoció que la capital limeña estaba paralizada por la medida de fuerza. Por otro lado, el paro no tuvo nada de pacífico ya que transportistas y policías se enfrentaron en distintos puntos urbanos. “En la Carretera Central el principal piquete estuvo en el kilómetro 15, donde los policías lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon al aire para dispersar la protesta. A pocos kilómetros de allí, en la avenida Wiese, así como en el óvalo Mariátegui y Puente Nuevo, en San Juan de Lurigancho, la policía también tuvo que usar la fuerza para controlar a manifestantes que rompían los vidrios de automóviles o bloqueaban la vía con piedras. En Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores supuestos choferes cerraban el paso a autos particulares y obligaban a bajar a la gente que había subido.” (1) Los 4.500 efectivos de la policía que se habían dispuesto para garantizar la circulación de los transportes fueron desbordados por los manifestantes que atacaban a las combis y coches “truchos” que buscaban hacer su negocio en medio del paro llevando  pasajeros por costosos pasajes. Más de un centenar de detenidos, coches volcados y policías heridos fueron la consecuencia de la huelga.

Una nueva situación política

Desde el estallido de la selva, la situación en Perú ha seguido un curso de luchas de trabajadores y comuneros en distintos puntos del país. Se abrió de esta manera una nueva situación política en el país. Los reclamos abarcan un amplio espectro, que va desde la defensa de los recursos naturales y los intereses de las comunidades indígenas y campesinas, hasta la defensa de las fuentes de trabajo, como en el caso de los mineros de la Doe Run Perú y la huelga de los transportistas. El gobierno ha oscilado entre la represión y el diálogo, pero los trabajadores están estableciendo una nueva relación de fuerzas en la lucha de clases peruana. Por eso, la pelea actual de los trabajadores del país andino requiere de una centralización nacional para golpear en forma decisiva al gobierno del aprista Alan García. La coordinación y la solidaridad en algunas regiones muestran las posibilidades de seguir avanzando en esta dirección y conformar un organismo obrero y popular que centralice las medidas de lucha. La lucha va a continuar y su desarrollo puede fortalecer la lucha en los países vecinos. Nuestra solidaridad con trabajadores y comuneros peruanos también está puesta en esta perspectiva.

(1) El Comercio, 1º/7/09.