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Perú
La "crisis de la selva” golpea a Alan García
Por Oscar Alba
 En la selva peruana de la Amazonia se está librando una
lucha a sangre y fuego. El gobierno aprista de Alan García
ha descargado una feroz represión contra las comunidades
indígenas que reclaman la derogación de decretos que
atacan sus derechos sobre las tierras de la región. No
obstante y a pesar del salvaje ataque de las fuerzas
represivas a más de 3.000 indígenas que estaban apostados
en la llamada Curva del Diablo sobre la carretera Belaúnde
Terry, los reclamos no cesaron y el gobierno ha debido
retroceder, abriendo una nueva instancia en este conflicto.
Los reclamos de
las comunidades indígenas se iniciaron el año pasado. En
2008 el gobierno peruano, con la complicidad del Congreso,
intentó lotear parte de las 200 mil hectáreas en poder de
las comunidades. Esta decisión política obedecía a
impulsar el “desarrollo” del petróleo, la madera y los
minerales. Lógicamente, para beneficio de los grupos y
empresas transnacionales que hace tiempo vienen explotando y
expoliando toda la cuenca amazónica en el marco de una
serie de leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio
(TLC) que el país andino acordó con Estados Unidos.
El acuerdo con el
imperialismo yanqui comenzó a fraguarse a mediados de 2004
con la presidencia de Alejandro Toledo y estaba destinado a
dejar de lado la Ley de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de Drogas que regía desde 2002. De esta
manera el TLC buscó eliminar todo obstáculo para el
comercio y la inversión de capitales a los pulpos
imperialistas. Finalmente, el tratado entró en vigor el 1º
de febrero de este año luego de ser firmado por George W.
Bush y Alan García respectivamente.
Desde un principio el tratado fue rechazado por los
campesinos, quienes vieron en el mismo una fuente de
atropellos a sus derechos y su tierra. Hubo movilizaciones
que fueron reprimidas duramente.
En octubre de 2007, el presidente peruano hizo público su
pensamiento sobre la explotación de los recursos naturales
en un artículo editado por el diario El Comercio de Lima
mostrando su verdadera cara y los intereses que defiende.
Allí expresó: "El viejo comunista anticapitalista del
siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y
cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser
medioambientalista" (...)
"Hay millones de hectáreas para madera que están
ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y
asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además
cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y
millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la
maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y
otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar
sin producir energía eléctrica". Con respecto a la
tierra decía en su artículo El
primer recurso es la Amazonia: “ Son 63 millones de
hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de
5.000, 10.000 ó 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no
hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Y opinaba que no se deben "entregar pequeños lotes de
terreno a familias pobres que no tienen un centavo para
invertir", y que "esa misma tierra vendida en
grandes lotes traería tecnología". Sin dudas a este
perro guardián de los intereses capitalistas no le interesa
ni que esas tierras son propiedad colectiva de las
comunidades amazónicas ni los efectos que traerá semejante
explotación sobre el medio ambiente.
En diciembre de 2007, el Congreso le otorga a Alan García
amplias facultades para legislar en función del TLC. De
este paquete legislativo, que expresa la letra escrita para
beneficio y ganancia de los grandes capitalistas, los
decretos que se destacan y que son el objetivo central de la
lucha de las comunidades indígenas, son el decreto 1064 que
establece el régimen jurídico para el aprovechamiento de
las tierras de uso agrario y permite el emprendimiento de
proyectos sin un acuerdo previo entre las partes afectadas.
Dice Raúl Zibechi (1) en La guerra por los bienes: “El DL 1083 (Promoción del
Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos
Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes
usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081,
1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación
en áreas de explotación minera, maderera y de
hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de
Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera
del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el
64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de
flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas
transnacionales. “De esta manera el gobierno peruano
sentaba nuevas bases para profundizar la expoliación
imperialista en la región del Amazonas.”
 Las
comunidades indígenas comienzan la lucha
Ante este ataque, a principios de abril 1.350 comunidades
nucleadas en AIDESEP inician un plan de movilizaciones que
se irá extendiendo por toda la región llegando a tener un
gran apoyo en la ciudad de Lima. La situación se agudiza rápidamente
y el 10 de mayo el gobierno decreta el estado de emergencia
en cinco regiones cuando la movilización indígena se
traduce en cortes de ruta y paralización de puertos y
plantas petroleras.
La lucha emprendida por las comunidades amazónicas va a
comenzar a golpear también la superestructura del régimen
democrático burgués peruano. En el Congreso aparecen
acusaciones cruzadas entre partidarios de Humala y el grupo
fujimorista y el gobierno. El 19 de mayo, la Comisión de
Constitución del Parlamento declara al decreto 1090 como
inconstitucional. Y los congresales acuerdan que el
Presidente no puede legislar en ciertas materias. El sábado
18 de abril, Darwin Paniagua de Radio La Voz de la Selva informaba: “La empresa Pluspetrol Norte anunció
la suspensión temporal de sus operaciones en las baterías
de Dorissa (Loreto), ante las manifestaciones de protesta
que protagonizan nativos de las comunidades aledañas al
lote 1AB, en el marco del paro indígena iniciado el último
jueves. A través de un comunicado, la compañía informa
que la medida tiene por finalidad retirar de ‘manera
ordenada y segura a todo su personal para salvaguardar su
integridad como corresponde actuar en esta situación’. En
la víspera, pobladores de la étnia Achuar del Río
Corrientes se movilizaron hasta los lotes petroleros
ubicados el distrito de Andoas, en la provincia Datem del
Marañón. Los manifestantes demandaron la paralización de
la extracción del crudo.” El 26 de mayo indígenas awajún
y wampis cortaron la carretera Belaúnde Terry a la altura
de la Curva del Diablo y otros 1.200 cercaron la Estación
6. Ese mismo día se realiza una masiva movilización en
Lima en apoyo al reclamo de los pobladores de la Amazonia
peruana. “Los indígenas han colocado sus canoas, sogas y
boyas para impedir la circulación de las naves
pertenecientes a las compañías petroleras arriba
mencionadas. Cabe indicar que estas acciones se enmarcan
dentro del paro indefinido iniciado el 9 de abril por 1.350
comunidades de la Amazonia para exigir la derogatoria de los
decretos legislativos que consideran atentatorios a sus
derechos y la presencia de empresas petroleras en la selva.
En la paralización toman parte pueblos originarios de Bagua
(Amazonas), Yurimaguas, Iquitos (Loreto), Puerto Maldonado
(Amazonas), Quillabamba (Cusco), Satipo (Junín) y Pucallpa
(Ucayali)”, continuaba informando Paniagua. La lucha se
sigue extendiendo y comuneros de la selva del Cuzco toman la
segunda válvula del gasoducto de Kamisea. Por su parte
empresarios y industriales y exportadores reclaman que se
“aplique la ley” para normalizar la situación en las áreas
afectadas. El gobierno a través de su ministra de Justicia
Fernández, acusa a Alberto Pizango, principal dirigente de
las comunidades, de “sublevación”.
 La represión del gobierno no detiene los reclamos indígenas
El 4 de junio la mayoría parlamentaria del gobierno
aprista (2) suspende el debate sobre la inconstitucionalidad
del decreto 1090. Era el primer paso hacia la represión del
movimiento. Al día siguiente más de 600 agentes de la
Dirección de Operativos Especiales y de las fuerzas armadas
atacan a los indígenas en la Curva del Diablo. A las 5 de
la madrugada del viernes sonaron los primeros disparos y
bombas. Cientos de policías se dirigían hacia la Curva del
Diablo donde los esperaban más de mil indígenas con
lanzas, cuchillos y algunas escopetas. Por el aire llegaban
dos helicópteros que descargaron una lluvia de bombas
lacrimógenas orientadas a crear la confusión y dispersar
al grupo principal. Las balas llegaban de varios
francotiradores apostados en áreas elevadas que disparaban
directamente al cuerpo. La confusión en el bloqueo fue
inmediata y desató una atroz estampida de indígenas por la
carretera. Pero mientras corrían cargando a sus heridos y
sus muertos, las balas y las bombas los perseguían
provocando un mayor número de bajas. (3) La represión hizo
estallar a las ciudades de la región. En Bagua, Bagua
Grande y Jaén los pobladores salieron a las calles
provocando incendios de coches y de los locales del APRA. La
policía disparó contra los manifestantes, matando a varios
y el enfrentamiento se hizo más violento. En la Estación
6, en Imacita, los manifestantes tenían de rehenes a 38
policías y ante la noticia de la represión amenazaron con
ejecutar a 9 de ellos. No obstante, la salvaje represión
desatada por Alan García no detuvo a los indígenas que
siguieron enfrentando a las fuerzas policiales y a los pocos
días volvieron a manifestarse en las distintas comunidades.
Ante la matanza de la Curva del Diablo diferentes
organizaciones sociales de países vecinos manifestaron su
solidaridad con los la lucha de las comunidades de la selva
peruana. “En una carta pública a los mandatarios de la
región, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) llamó a defender a los pueblos originarios
y ratificar su vocación de paz y justicia en el continente.
Desde el vecino país del sur, un congreso de la
Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB)
pidió al Alto Comisionado para los Pueblos Indígenas de la
Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de
Estados Americanos (OEA) el envío de un equipo de
investigadores hasta la zona del conflicto para indagar
sobre la muerte de nativos amazónicos. (4)
El
gobierno retrocede
El gobierno trató rápidamente de justificar su represión
y acusó falsamente a los indígenas de provocar el
enfrentamiento. Decretó el toque de queda en Bagua y otras
ciudades mientras que los comuneros denunciaban que dicha
medida era para que el gobierno pudiera ocultar los cadáveres
de los indígenas asesinados que ya se contaban por decenas.
El 8 de junio, El
Comercio, decano de la prensa limeña, reclamó al
gobierno el reconocimiento de sus errores y la renuncia del
Consejo de Ministros en su editorial. Actitud que se
reproduce en varios medios de difusión importantes. La
Iglesia también va a presionar a García para abrir
nuevamente el diálogo. Es que, como dijimos, la represión
aprista provocó una reacción ya no sólo en la selva sino
también en Lima. El 11 de junio fue convocada una jornada
nacional de protesta que abría un nuevo panorama político.
Porque mientras nativos desfilaban en Yurimaguas y otras
zonas de la selva central; campesinos serranos invadían el
aeropuerto de Andahuylas, pobladores de Puno, Moquegua y
Huancayo manifestaban masivamente y en Lima, jóvenes
universitarios se enfrentaban a la policía y sus bombas
lacrimógenas.
El 16 de junio el gobierno dio un giro en su política. El
ministro Simón y los jefes comunales llegaron a un acuerdo
de 12 puntos. De los cuales el primero es derogar los
decretos legislativos 1090 y 1064. Los indígenas, no
obstante, plantearon que sólo liberarán las rutas cuatro
horas por día hasta la derogación de los decretos.
“Luego de dos horas de conversaciones en la Base Aérea de
San Ramón (provincia de Chanchamayo, Junín), el Gobierno
le dio un giro de 360 grados a sus posturas de cómo
enfrentar los problemas en la Amazonía. Representantes del
Poder Ejecutivo y líderes de etnias indígenas suscribieron
un acta de entendimiento en la que los representantes del
gobierno central se comprometen a proponer, a través de un
proyecto de ley, la derogación de los decretos legislativos
1090 y 1064 antes del jueves 18 de junio; además de otros
11 puntos.”
La “crisis de la selva” llegó hasta las alturas del régimen
peruano abriendo una nueva situación política en ese país.
La decisión, el heroísmo y la fuerza de las comunidades de
la Amazonia peruana han golpeado al gobierno y al régimen
de Alan García. Lo cual traerá consecuencias políticas en
la región y, sobretodo, en su relación con el TLC,
afectando poderosos intereses políticos y económicos. El
retroceso del gobierno es un primer triunfo importante y su
costo revela la magnitud de los enemigos que enfrentan las
masas peruanas y latinoamericanas. Debemos impulsar con
fuerza la unidad de los trabajadores y los sectores
explotados de Latinoamérica para continuar esta pelea.
Pelea que en Perú tiene una expresión significativa de cómo
combatir a los imperialistas y sus gobiernos serviles.
Notas:
1- Analista internacional del semanario Brecha
de Montevideo. Docente e investigador sobre movimientos
sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina.
2- APRA: Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista,
partido gobernante.
3- Raúl Wiener. La
huelga amazónica y el gobierno de Alan García. ¿Qué
pasó en la selva peruana?
4- Franz Chávez. Inter.
Press Service (IPS) 11/06/ 09
5- El Comercio.com.pe 16/06/09
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