México: historia de sufrimientos y lucha de las mujeres

Despenalizaron el aborto en el DF

Por Ana Vázquez

En México, país donde el aborto es la tercera causa de mortalidad materna con más de 1.500 víctimas en los últimos años, se acaba de confirmar, para el DF (más de 20 millones de habitantes) el derecho a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo).

En un país, donde la vida de las mujeres no vale nada, donde las cifras de asesinatos, abusos e índices de prostitución son escalofriantes (sólo superados en América Latina por El Salvador y Guatemala), se ha conquistado en forma retaceada, este derecho. Es fundamentalmente el triunfo de 30 años de pelea del movimiento de mujeres. El gobierno del Distrito Federal (en contraposición al gobierno nacional) se vio empujado a otorgar este derecho a la libre decisión, a la salud y la vida de las mujeres, a costa de las terribles presiones de la Iglesia y de la derecha.

Una conquista con aguda resistencia

El 28 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de México ratificó la ley de la ILE. El 24 de abril del año 2007 fue sancionada por la Asamblea Legislativa con 46 votos a favor (del PRD, Partido de la Revolución Democrática, gobernante en el DF, otros bloques de izquierda y el PRI), 19 en contra del (PAN, Partido de Acción Nacional, gobernante a nivel nacional y del Verde Ecologista) y 1 abstención. Despenaliza la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación e implementa un programa para hacerlo en forma gratuita en 14 hospitales del distrito.

Al cumplirse un año de la aplicación de esta reglamentación, se realizaron 7.820 abortos en los hospitales públicos autorizados. Se produjo la muerte de una adolescente que según el parte médico, no cumplía con las condiciones para hacerlo (12 semanas de gestación). La mayoría de las que acudieron a atenderse eran jóvenes, 25 años de promedio, aunque hubo casos de niñas de 10 y mujeres de 54; el 80% habitantes del DF.

Aunque el 70% de la población se había manifestado a favor de la despenalización, las resistencias sociales y políticas no se zanjaron con su aprobación. Los mismos médicos se negaban a realizarlo y las mujeres eran maltratadas. Las presiones continuaron y se agudizaron. Tanto que a las pocas semanas de su aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (sic!) y la Procuración General de la Nación de la República interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la reforma legal. Continuó por fuera de las paredes de la justicia la lucha política a través de las diatribas de la Iglesia y los “objetores de conciencia”. Uno de sus argumentos era que muchas mujeres de otros estados irían allí a atenderse.

Sangre, sudor y pelea

Según Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las ONG que trabajaron para que el aborto deje de ser delito en la capital mexicana, en entrevista del 21/4/08 en Página 12, opina sobre los factores que influyeron para que se aprobara esta polémica legislación: “Hubo varios elementos que confluyeron para la aprobación de la despenalización en la Ciudad de México. Entre ellos se pueden destacar: el discurso del Estado laico; la lucha de más de treinta años de las organizaciones civiles feministas por el reconocimiento y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos; el carácter liberal del DF; las tendencias internacionales hacia la liberalización de las leyes que criminalizan el aborto, y los tratados internacionales que protegen derechos de las mujeres ratificados por México”.

Sin coincidir con todas las apreciaciones de la funcionaria, son un ejemplo de un reconocimiento a la pelea de las mujeres que no pueden desconocer.

Las tendencias internacionales son a que en los países donde es “legal”, cada vez es menos gratuito. Cada vez son más las trabas que se le imponen a las mujeres para acceder a este derecho, aunque estén escritas las reformas favorables en el Código Penal.

En España, donde está permitido con determinada reglamentación, el 97% se practica en centros privados y sólo el 2,9% en establecimientos públicos, lo que explica las dificultades en su acceso. En Rusia, es totalmente gratuito si el médico lo recomienda y 60 dólares si es por decisión única de la mujer.

Lo categórico es que el debate y la lucha por este derecho se remonta en México a la década del ’30, cuando profesionales médicas plantearon la necesidad de su legalización. En 1936, las doctoras Matilde Rodríguez Cabo y Ofelia Domínguez Navarro fueron las primeras en proponer reformas al Código Penal para lograrlo (Adrián Rentería Díaz, “El aborto”).

El movimiento de mujeres se potenció y desarrolló en los ’70, organizó las Jornadas Nacionales sobre Aborto que destaparon la sensibilidad hacia el tema. Movimiento que se mantuvo en los últimos años, generando adhesión masiva y una reacción permanente de los que se oponían.

Y en 1990, aunque no por razones humanitarias sino por superpoblación en la comunidad, se planteó en Chiapas por iniciativa del gobernador, pero cayó en “saco roto” por presiones de la Iglesia, organizaciones como Provida y el PAN.

En el 2006, el caso Paulina (menor violada a los 13 años a la que el Estado le negó el derecho a abortar), que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presionó al Estado mexicano y lo hizo comprometer a “proteger los mecanismos para garantizar el aborto legal a las mujeres”.

Por la movilización en las calles

Es indudable que este logro ha permitido salvar de la muerte a muchas mujeres y es una mejoría frente a la situación anterior. Mejoría parcial y solamente para un sector, de lejos una curación completa.

Las mujeres de las poblaciones alejadas, las más pobres, las pertenecientes a las comunidades indígenas, no tienen ninguna posibilidad de acceder a este derecho por el simple hecho de que no pueden trasladarse hasta allí, de ahí lo infundado del “peligro” cimentado por sus detractores.

Junto con esto, la situación de la violencia contra la mujer no se ha modificado. En Ciudad Juárez fueron asesinadas 500 mujeres en los últimos 10 años. El feminicidio es cosa de todos los días en estados como Oaxaca, donde las mujeres de las comunidades indígenas y las inmigrantes indocumentadas son las principales afectadas.

Las feministas que se reunieron en el Foro Interrupción Legal del Embarazo en el 2007. El día 27 de setiembre de ese año vaticinaron que el “ILE puede convertirse en modelo para países en América Latina”.

Pero este retaceado “modelo” no le gustó en lo más mínimo a ninguno de los gobernantes del hemisferio y menos que menos a las señoras presidentas, que no sólo no impulsaron ningún proyecto de este tipo, sino que están abiertamente en contra de hacerlo.

Es sí un punto de apoyo en la conciencia y en la capacidad de lucha de millones de mujeres para seguir la pelea hasta lograrlo, pero no confiando en las “voluntades” de los gobiernos de turno, en los discursos de los hombres y mujeres del poder que celebran el Día de la Mujer para a continuación no promover ninguna legislación que ayude a liberarla de su opresión.

Apostando sí a la movilización masiva que arranque este derecho de vida o muerte para millones de mujeres, trabajadoras y pobres.