Juicios a militares genocidas

¡Que se pudran en la cárcel!

Por Ana Vázquez

Si alguien hubiera escrito o dicho que el general Bussi iba a llorar mientras era televisado en todo el país, se habría comentado que estaba delirando. Pero esto pasó. Su llanto no nos conmovió, pero sí nos dio una certeza: es posible avanzar en la lucha por el castigo al genocidio. Es una tarea tan dura como pendiente.

Con el juicio en Tucumán a Luciano Benjamín Menéndez (condenado recientemente en Córdoba a cadena perpetua y cárcel común) y a Antonio Domingo Bussi, continúa la zaga de juicios a los responsables de los principales centros clandestinos de represión a lo largo y ancho del país.

Una mezcla de horror, odio y alivio emocionado conmueve a la mayoría de la población que, familiares o no de las víctimas directas de las atrocidades cometidas por los militares, viven estas jornadas como un paso hacia la justicia largamente postergada.

Justicia que, como la mayoría de los luchadores por los derechos humanos lo expresan, es tardía y retaceada, pero es, para quien lo quiera agarrar, un guante para continuar la pelea por el juicio y castigo efectivo para todos los responsables.

Contradictoria en extremo en muchos casos, como en el de Bussi, que está siendo juzgado por la desaparición, tortura y muerte contra el que fuera senador tucumano, Guillermo Vargas Aignasse. Por una desaparición y crimen, cuando el mismo acusado declara haber sido parte y conductor de un plan de exterminio orquestado desde antes de la asunción de la Junta Militar (durante la presidencia interina de Lastiri y posteriormente con Isabel Perón) contra los “terroristas de los ’60 y los ’70”, que victimizó a miles de luchadores y llevaron adelante... otros miles de integrantes de las fuerzas armadas y policiales.

La polarización se profundiza

Luego del prolongado conflicto entre el gobierno y el campo, en el cual la crisis política golpeo a los K y agudizó las tensiones, éstas se vuelven a reavivar en materia de derechos humanos.

Resuelta la pelea por las retenciones móviles, en lo inmediato, a favor de las patronales agrarias, el gobierno intenta retomar la ofensiva política con los juicios a los militares. Aunque su objetivo sea “cerrar” el tema, se reabren permanentemente heridas, debates, testimonios que involucran no sólo a los procesados sino a personajes del poder político y sindical.

El mismo juicio a Menéndez y a Bussi reabrió un debate de fondo, que los muestra no sólo como ejecutores  del plan orquestado, sino también como lo que fueron: dirigentes políticos. En el caso de Bussi, fue gobernador e intendente electo en su provincia; incluso actualmente, es odiado por muchos y respaldado por otros.

El gobierno intenta recuperar un espacio devaluado, perdido en medio del largo lock out del “campo”, acelerando los juicios y polarizando la discusión política alrededor de ellos.

Dictadura genocida vs. Democracia con justicia es la disyuntiva agitada. Los discursos de los mismos acusados, defendiendo su accionar y el de sus subordinados y acusando a los integrantes del gobierno de ser los “subversivos” de antaño que ahora están en el poder, ubica al gobierno polemizando con los sectores más de derecha y recalcitrantes, y éste lo aprovecha, acaparando la bandera contra la dictadura y por los derechos democráticos como de su exclusiva propiedad.

El cinismo K

El mismo estado o los organismos cooptados por él son querellantes o parte de la querella. Incluso en casos de “gatillo fácil” ocurridos en época de gobiernos democráticos, como denuncia la Correpi en la causa Bulacio, el mismo estado se presenta ante la justicia cumpliendo ese rol, dándose aquí la paradoja que “…una dependencia del ministerio que dirige Aníbal Fernández se disfrazaría de ‘víctima’ para intentar meterse en tal carácter en la causa en la que otra dependencia del mismo ministerio que dirige el mismo Fernández, la Policía Federal Argentina, asesinó a un pibe de 17 años.” (Boletín Correpi Nº 492).

Según remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, al comentar los dichos de Bussi ante el Tribunal, esta es una discusión sobre “el modelo de sociedad”. ¿Cuál es el modelo de sociedad que contrapone el Dr. Duhalde a la dictadura militar? ...La democracia burguesa que estamos viviendo y sufriendo en carne propia los trabajadores y los explotados de este país.

Este gobierno tiene la particularidad que es  la versión burguesa de un gobierno que surgió de la mayor crisis de las democracia patronal (el Argentinazo) y para “normalizar” esas deterioradas instituciones, y en primer lugar la presidencial. Para ello tuvo dos iniciativas: “limpiar” la Corte Suprema de Justicia y volver a poner en el banquillo de los acusados a los milicos del Proceso, reabriendo una etapa en la lucha contra el genocidio inédita en el país, que no pudieron tapar leyes, decretos, permanentes amenazas, secuestros y desapariciones como la de Julio López.

Etapa que es un proceso en el que estamos inmersos y dependerá del afianzamiento y desarrollo de la experiencia independiente de su vanguardia para que se desarrolle y masifique.

Porque lo que los funcionarios K se cuidan bien de desempolvar y meter en el debate actual es que la gran mayoría de la vanguardia que los milicos (y sus antecesores como la Triple A) aniquilaron, luchaba, aunque con distintas posiciones estratégicas y políticas, por un cambio revolucionario, donde “otro mundo era posible” solamente si se derrotaba al imperialismo y a la burguesía y triunfaba el socialismo.

Castigo a todos los milicos, independencia de K para lograrlo

Esta polarización, expresada en el debate en los estrados y en los medios masivos de comunicación, también se traslada a la vanguardia de los derechos humanos, a un sector de la sociedad sensible al desarrollo del proceso de castigo a los militares y vuelve a dinamizar el movimiento democrático que, aunque moviliza solamente a un sector, sensibiliza y reabre un debate profundo  y real en toda la sociedad. Y abre una compuerta para que los logros obtenidos se afiancen y profundicen si logramos superar el chaleco de fuerza de los límites que el gobierno quiere imponer y avanzamos en una estrategia de movilización independiente, que unifique la pelea  contra los responsables del genocidio incorporando también la defensa de los luchadores obreros y populares de hoy, contra el gobierno y la burocracia sindical.