Socialismo o Barbarie, periódico Nº 134, 28/08/08
 

 

 

 

 

 

Los K, abogados de Marsans

Las trampas de la “estatización” de Aerolíneas

Por Marcelo Yunes

Lo que ya podría llamarse “affaire” Aerolíneas Argentinas está dejando más de una enseñanza sobre los criterios del gobierno K a la hora de encarar los problemas “estratégicos”, incluidos los de la caja estatal. ¿Quién gana y quién pierde con este nuevo acto de “recuperación de la soberanía”?

El debate público y también parlamentario sobre la estatización de Aerolíneas mostró algunas aristas poco usuales para lo que venía siendo la tónica. De paso, pone de manifiesto qué elementos han pasado a la categoría de “negociables” en esta coyuntura post paro del campo y post “voto no positivo” de Cobos.

Es sabido que el detonante de toda la situación es el virtual colapso de la prestación del servicio en manos del Grupo Marsans. Por esa razón, prácticamente no hubo discusión respecto de la decisión de “estatizar” Aerolíneas, sino más bien respecto de las condiciones, plazos y, especialmente, montos implicados. Una vez más, un operador privado (vaciador, en realidad) termina dejando en banda un servicio básico y le tira el muerto a toda la sociedad. Si se pretende tener servicio aéreo, el Estado debe sacar a patadas a Marsans y asumir el control efectivo: a regañadientes, todo el mundo –gobierno y oposición burguesa– tuvo que admitirlo.

Por supuesto, la intención inicial del gobierno fue hacer las cosas de la manera menos traumática posible. De allí que el acta-acuerdo firmado con el Grupo Marsans gracias a los oficios del secretario de Transporte Jaime y del ministro De Vido establecía condiciones bien “lavadas” para el traspaso. Contra la prédica oficialista, el acta resguardaba todo lo posible los intereses del grupo español. Pero cuando se envió al Parlamento el proyecto de ley que sancionaba todo lo actuado y abría alegremente el camino para una reprivatización (esto es, un simple cambio de operador privado), la cosa se complicó.

No sólo la oposición, sino parte de la propia bancada K se negó a tragar semejante sapo. Y cuando todo amenazaba con transformarse en un segundo Waterloo parlamentario para los K, se abrió la negociación que permitió la aprobación de la estatización en Diputados con margen bastante holgado. ¿Qué cambió en el medio? Básicamente dos cosas: se eliminó la cláusula de reprivatización y el acta-acuerdo no fue avalado explícitamente (aunque tampoco rechazado, lo que lo deja en una especie de limbo legal a la espera de nuevas negociaciones). El otro punto controversial, el precio de la compañía (o, lo que en este caso es casi lo mismo, el monto de la deuda a asumir por parte del Estado), quedó como potestad del Congreso. Vaya por dónde se está cumpliendo la promesa de Cristina de “mejorar la calidad institucional”...

Curiosamente, la oposición aparecía a la “izquierda” del gobierno, echando sapos y culebras contra Marsans, y negándose en redondo a aceptar la deuda de la compañía. Se vivieron momentos de surrealismo político cuando nada menos que Federico Pinedo, jefe de la bancada del PRO, se puso a hablar de “expropiación”. Claro que en seguida fue llamado al orden por declaraciones de Macri pidiendo la reprivatización, pero es una muestra de que últimamente cada debate público se ha transformado en un festival de “péguele al gobierno desde cualquier ángulo, que todo es gratis”.

Para los vaciadores, plata fresca; para los jubilados, haberes viejos

La solución de compromiso de Diputados puede ser de corta vida; en el Senado ya se habla con más de ganas de algún tipo de “expropiación” (al uso K, desde ya) a medida que las cifras del vaciamiento de Aerolíneas se hacen más y más escandalosas. Recordemos que en el lejano 1991, cuando se privatizó la compañía, ésta tenía flota propia de unos 30 aviones totalmente pagados y superávit operativo de 30 millones de dólares anuales. Tras pasar por las manos de Iberia (Estado español) y, desde 2001, de Marsans, Aerolíneas no tiene una sola nave propia, y de las que están alquiladas cerca de la mitad no operan por falta de mantenimiento mínimo.

Naturalmente, para que esto fuera posible se dieron un compendio de vistas gordas desde Menem-Cavallo hasta Kirchner-De Vido-Jaime. Lo increíble del caso es que a esta altura de la difusión de la estafa de que fue objeto el Estado y la sociedad argentinas, todavía haya que salvaguardar los “derechos” de los buitres de Marsans. De más está decir que el “socialista” Rodríguez Zapatero puso el grito en el cielo contra los “ataques” a una honorable empresa española... aunque luego de la tragedia del aeropuerto de Barajas el tono fue un poco más medido. Claro, resulta que Spanair, la compañía que operaba el avión estrellado, había pertenecido a Marsans hasta hace poco, y el grupo no sería nada inocente de la situación de vaciamiento financiero y de decadencia que sin duda influyeron en el accidente.

En todo caso, la ambigüedad del dictamen de Diputados deja a salvo la estrategia del gobierno de tirarle al Grupo Marsans el hueso más grande posible. Y el artículo 1 de la ley votada en la Cámara baja habla claramente de “rescate” de la empresa, algo a lo que se aferrarán los españoles para hacer valer sus “derechos”.

¿De cuánta plata estamos hablando? El pasivo global de Aerolíneas y Austral ronda los 850 millones de dólares. Probablemente se termine abrochando por bastante menos. No hace falta decir que, pese a todos los perjurios oficiales, el dinero que Marsans se llevará en la mano saldrá de las arcas del Estado. Tampoco hace falta decir que los aullidos de la oposición tienen por objeto no precisamente evitar al erario público un agujero que no corresponde, sino especular con una derrota política de los K que empiece a ponerlos en posición expectante frente a la opinión pública, pensando ya en las parlamentarias del año que viene.

A todo esto, y sin hacer mucho ruido, el gobierno sigue en campaña por la redistribución del ingreso. Ahora le toca a los jubilados, que se verán “beneficiados” con una particularísima versión de la “movilidad” de los haberes. Como es sabido, hasta ahora no hay ninguna cláusula de ajuste automático de jubilaciones, que quedan libradas a la voluntad del gobierno de turno. Por suerte, Cristina se ha puesto manos a la obra para reparar esa injusticia, y pergeñó un sistema de “actualización” jubilatoria que es mucho peor que lo que hay hoy.

En efecto, la gran estafa consiste en que los haberes se ajustarán no por el índice de los salarios ni por el de la recaudación tributaria, sino por el más bajo de los dos. De esa manera, aunque cada uno de esos índices, o el índice combinado, evolucionen de manera pareja respecto de la inflación, el haber jubilatorio se va a “actualizar” sistemáticamente a la baja, como demuestra con toda sencillez el periodista económico Ismael Bermúdez (Clarín, 25-8). Como la aplicación del índice de ajuste es semestral, bastarán unos pocos años para licuar un porcentaje sustancial del haber jubilatorio inicial. De esta manera, semejante movilidad “automática” es potencialmente más perniciosa que la discrecionalidad actual, porque, a diferencia del evidente carácter irregular de ésta, el saqueo al ingreso de los jubilados tendría un mecanismo de sanción perfectamente legal.

Lo de siempre: cacareos “nacionalistas” y “populistas” para terminar pagando fortunas a empresarios extranjeros vaciadores a expensas de los reales sectores populares postergados. Eso es lo malo de las fábulas K: tanta moraleja repetida ya aburre. Se impone entonces el impulsar la expropiación lisa y llana de la compañía (expropiación a la que se opone el gobierno K por intermedio de Jaime), sin pagar un peso por la misma ni haciéndose cargo de un centavo de la deuda de los vaciadores, poniéndola inmediatamente bajo el control de sus trabajadores.