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Los
K, abogados de Marsans
Las
trampas de la “estatización” de Aerolíneas
Por Marcelo Yunes
Lo
que ya podría llamarse “affaire” Aerolíneas Argentinas
está dejando más de una enseñanza sobre los criterios del
gobierno K a la hora de encarar los problemas “estratégicos”,
incluidos los de la caja estatal. ¿Quién gana y quién
pierde con este nuevo acto de “recuperación de la soberanía”?
El
debate público y también parlamentario sobre la estatización
de Aerolíneas mostró algunas aristas poco usuales para lo
que venía siendo la tónica. De paso, pone de manifiesto qué
elementos han pasado a la categoría de “negociables” en
esta coyuntura post paro del campo y post “voto no
positivo” de Cobos.
Es
sabido que el detonante de toda la situación es el virtual
colapso de la prestación del servicio en manos del Grupo
Marsans. Por esa razón, prácticamente no hubo discusión
respecto de la decisión de “estatizar” Aerolíneas,
sino más bien respecto de las condiciones, plazos y,
especialmente, montos implicados. Una vez más, un operador
privado (vaciador, en realidad) termina dejando en banda un
servicio básico y le tira el muerto a toda la sociedad. Si
se pretende tener servicio aéreo, el Estado debe sacar a
patadas a Marsans y asumir el control efectivo: a regañadientes,
todo el mundo –gobierno y oposición burguesa– tuvo que
admitirlo.
Por supuesto, la intención inicial del gobierno fue hacer
las cosas de la manera menos traumática posible. De allí
que el acta-acuerdo firmado con el Grupo Marsans gracias a
los oficios del secretario de Transporte Jaime y del
ministro De Vido establecía condiciones bien “lavadas”
para el traspaso. Contra la prédica oficialista, el acta
resguardaba todo lo posible los intereses del grupo español.
Pero cuando se envió al Parlamento el proyecto de ley que
sancionaba todo lo actuado y abría alegremente el camino
para una reprivatización (esto es, un simple cambio
de operador privado), la cosa se complicó.
No sólo la oposición, sino parte de la propia bancada K
se negó a tragar semejante sapo. Y cuando todo amenazaba
con transformarse en un segundo Waterloo parlamentario para
los K, se abrió la negociación que permitió la aprobación
de la estatización en Diputados con margen bastante
holgado. ¿Qué cambió en el medio? Básicamente dos cosas:
se eliminó la cláusula de reprivatización y el
acta-acuerdo no fue avalado explícitamente (aunque tampoco
rechazado, lo que lo deja en una especie de limbo legal
a la espera de nuevas negociaciones). El otro punto
controversial, el precio de la compañía (o, lo que en este
caso es casi lo mismo, el monto de la deuda a asumir por
parte del Estado), quedó como potestad del Congreso. Vaya
por dónde se está cumpliendo la promesa de Cristina de
“mejorar la calidad institucional”...
Curiosamente, la oposición aparecía a la “izquierda”
del gobierno, echando sapos y culebras contra Marsans, y negándose
en redondo a aceptar la deuda de la compañía. Se vivieron
momentos de surrealismo político cuando nada menos que
Federico Pinedo, jefe de la bancada del PRO, se puso a
hablar de “expropiación”. Claro que en seguida fue
llamado al orden por declaraciones de Macri pidiendo la
reprivatización, pero es una muestra de que últimamente
cada debate público se ha transformado en un festival de
“péguele al gobierno desde cualquier ángulo, que todo es
gratis”.
Para
los vaciadores, plata fresca; para los jubilados, haberes
viejos
La solución de compromiso de Diputados puede ser de corta
vida; en el Senado ya se habla con más de ganas de algún
tipo de “expropiación” (al uso K, desde ya) a medida
que las cifras del vaciamiento de Aerolíneas se hacen más
y más escandalosas. Recordemos que en el lejano 1991,
cuando se privatizó la compañía, ésta tenía flota
propia de unos 30 aviones totalmente pagados y superávit
operativo de 30 millones de dólares anuales. Tras pasar por
las manos de Iberia (Estado español) y, desde 2001, de
Marsans, Aerolíneas no tiene una sola nave propia, y
de las que están alquiladas cerca de la mitad no operan por
falta de mantenimiento mínimo.
Naturalmente,
para que esto fuera posible se dieron un compendio de vistas
gordas desde Menem-Cavallo hasta Kirchner-De Vido-Jaime. Lo
increíble del caso es que a esta altura de la difusión de
la estafa de que fue objeto el Estado y la sociedad
argentinas, todavía haya que salvaguardar los
“derechos” de los buitres de Marsans. De más está
decir que el “socialista” Rodríguez Zapatero puso el
grito en el cielo contra los “ataques” a una honorable
empresa española... aunque luego de la tragedia del
aeropuerto de Barajas el tono fue un poco más medido.
Claro, resulta que Spanair, la compañía que operaba el avión
estrellado, había pertenecido a Marsans hasta hace poco, y
el grupo no sería nada inocente de la situación de
vaciamiento financiero y de decadencia que sin duda
influyeron en el accidente.
En todo caso, la ambigüedad del dictamen de Diputados
deja a salvo la estrategia del gobierno de tirarle al Grupo
Marsans el hueso más grande posible. Y el artículo 1
de la ley votada en la Cámara baja habla claramente de “rescate”
de la empresa, algo a lo que se aferrarán los españoles
para hacer valer sus “derechos”.
¿De cuánta plata estamos hablando? El pasivo global de
Aerolíneas y Austral ronda los 850 millones de dólares.
Probablemente se termine abrochando por bastante menos. No
hace falta decir que, pese a todos los perjurios oficiales, el
dinero que Marsans se llevará en la mano saldrá de las
arcas del Estado. Tampoco hace falta decir que los
aullidos de la oposición tienen por objeto no precisamente
evitar al erario público un agujero que no corresponde,
sino especular con una derrota política de los K que
empiece a ponerlos en posición expectante frente a la opinión
pública, pensando ya en las parlamentarias del año que
viene.
A
todo esto, y sin hacer mucho ruido, el gobierno sigue en
campaña por la redistribución del ingreso. Ahora le
toca a los jubilados, que se verán “beneficiados”
con una particularísima versión de la “movilidad” de
los haberes. Como es sabido, hasta ahora no hay ninguna cláusula
de ajuste automático de jubilaciones, que quedan libradas a
la voluntad del gobierno de turno. Por suerte, Cristina se
ha puesto manos a la obra para reparar esa injusticia, y
pergeñó un sistema de “actualización” jubilatoria que
es mucho peor que lo que hay hoy.
En efecto, la gran estafa consiste en que los haberes se
ajustarán no por el índice de los salarios ni por el de la
recaudación tributaria, sino por el más bajo de los dos.
De esa manera, aunque cada uno de esos índices, o el índice
combinado, evolucionen de manera pareja respecto de la
inflación, el haber jubilatorio se va a “actualizar” sistemáticamente
a la baja, como demuestra con toda sencillez el
periodista económico Ismael Bermúdez (Clarín,
25-8). Como la aplicación del índice de ajuste es
semestral, bastarán unos pocos años para licuar un
porcentaje sustancial del haber jubilatorio inicial. De esta
manera, semejante movilidad “automática” es
potencialmente más perniciosa que la discrecionalidad
actual, porque, a diferencia del evidente carácter
irregular de ésta, el saqueo al ingreso de los jubilados
tendría un mecanismo de sanción perfectamente legal.
Lo de siempre: cacareos “nacionalistas” y
“populistas” para terminar pagando fortunas a
empresarios extranjeros vaciadores a expensas de los reales
sectores populares postergados. Eso es lo malo de las fábulas
K: tanta moraleja repetida ya aburre. Se impone entonces el
impulsar la expropiación
lisa y llana de la compañía (expropiación a la que se
opone el gobierno K por intermedio de Jaime), sin pagar un
peso por la misma ni haciéndose cargo de un centavo de la
deuda de los vaciadores, poniéndola inmediatamente bajo el
control de sus trabajadores.
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