Colombia

Uribe quiere la paz... de los cementerios

Por Claudio Testa

En la historia de Colombia, los “acuerdos de paz” jamás fueron respetados. En todo el siglo XX, desde la Guerra de los Mil Días (1899-1902) hasta hoy, la norma ha sido que cada “acuerdo de paz” en los numerosos conflictos armados del siglo XX, era seguido de la matanza de muchos de los que se había “pacificado”, sobre todo si se trataba de luchadores populares.

Así pasó con buena parte de las guerrillas liberales de la Guerra de los Mil Días. Lo mismo sucedió con los guerrilleros campesinos que enfrentaron victoriosamente al sanguinario régimen conservador de Ospina Pérez (1946-50) y de Laureano Gómez (1950-53), y creyeron en la “paz” y las “amnistías” que ofrecía el general Rojas Pinilla al tomar el poder en 1953.

Una de las últimas y más trágicas experiencias fue en la década del ‘80, cuando las FARC, en negociaciones con el presidente Belisario Betancur, intentaron pasar a la actividad política legal y electoral, constituyendo la Unión Popular (UP). El resultado fue la masacre de 4.000 de los candidatos de la UP, incluido su candidato a presidente.

El verdad las FARC iban marchando hacia una integración legal al régimen burgués, como lo harían poco después las guerrillas de Centroamérica, cuyos antiguos jefes hoy engordan como diputados, funcionarios y ministros... fieles servidores con barniz “progresista” del capitalismo y el estado burgués. En Colombia, por el contrario, mediante ese baño de sangre, cortaron un proceso que apuntaba en ese sentido.

¿Por qué las cosas serían ahora diferentes? En primer lugar, gran parte del aparato del estado –su médula, las FFAA y policiales– han hecho del paramilitarismo y del sicariato su modo de existencia. En Colombia sigue siendo un buen negocio asesinar gente, desde dirigentes sindicales para que no molesten a las empresas, hasta campesinos para quitarles la tierra o impedirles que la recuperen. Con cierta razón, Salvatore Mancuso, el único jefe paramilitar con algún nivel político y cultural, definió al régimen político colombiano como “paramilitarismo de estado”.

En la burguesía colombiana hay evidentemente sectores que desearían tener un “país normal” y que se expresan en las tentativas de la Corte Suprema en relación a los paramilitares y la llamada “parapolítica”. Pero, al mismo tiempo, el capitalismo colombiano es, en América Latina, en donde más se han desarrollado los sectores lúmpenes, relacionados con el narco. Estos comprenden no sólo a “nuevos ricos” sino a venerables familias tradicionales, comenzando por la del presidente Uribe, cuyas relaciones con los paramilitares han ido siempre de la mano con las del narcotráfico.

El peso que han ido ganando en la burguesía colombiana esos sectores mafiosos, no influye precisamente en el sentido de buscar soluciones “pacíficas” a los problemas políticos, como sería un acuerdo negociado con las FARC. Ellos, además, “sintonizan” con las tradiciones de amplias fracciones de la vieja burguesía colombiana, cuyos abuelos y bisabuelos hicieron fortunas masacrando a los  campesinos colonizadores que extendían la “frontera” agrícola para apoderarse de sus tierras.... Hoy este mecanismo sigue funcionando tal cual, como lo testimonia la masa de desplazados y los millones de hectáreas que les robaron.

Por último, una anécdota para ver qué chances de ser respetado tendría un “acuerdo de paz”. En Colombia hay todo un movimiento de desplazados que reclama la tierra que les han robado los narco-paramilitares. En ese sentido, el Congreso ha dictado leyes de incautación de esos bienes mal habidos y su devolución a los campesinos.

En diciembre de 2004, Uribe en persona entregó a un grupo de desplazados 500 hectáreas de tierras recuperadas de un jefe narco preso en EEUU. Los campesinos estaban encabezados por Julio César Molina, un líder que se había hecho famoso por los reclamos de tierras que había encabezado. Hoy, los campesinos han sido otra vez expulsados. Molina cayó asesinado en mayo pasado. Era así uno más de los 89 líderes de desplazados muertos en los últimos cuatro años. [1]

Esto nos lleva a un hecho aun más significativo: después de la “desmovilización” del 2002 y el posterior encarcelamiento de sus jefes más notorios, los “paracos” se han reorganizado públicamente en toda Colombia, bajo el nombre “Águilas Negras”. Por supuesto, el gobierno no hace nada al respecto.

En estas condiciones, ¿un “acuerdo de paz” podría ser algo más que un “papel mojado”?

1.- Datos de la revista Semana, Bogotá, 21/06/08.