Inflación, salarios en baja y “redistribución” entre ricos

A la economía K se le cae el maquillaje

Por Marcelo Yunes

La mentira oficial de la “distribución del ingreso” se deshace como nieve al sol ni bien cotejamos los datos de la evolución del salario con los de la inflación real (que no queda otro remedio que estimar por aproximación). En consecuencia, las cifras finales varían según quién haga el cálculo de la inflación, pero el resultado final es invariable: pierden los trabajadores por buena diferencia, y en algunos casos por goleada.

El deterioro salarial en cifras

Para el período abril 2007-abril 2008, las estimaciones van del 22% (IERAL) hasta el 30% (Estudio Broda), pasando por el 24% (Prefinez o 25,4% para la canasta básica alimentaria (Equis). En todos los casos, hay que recordar que la inflación de los artículos de consumo popular es claramente más alta, por lo que el impacto sobre el bolsillo obrero y popular es aún mayor, como veremos luego. Si se considera el primer cuatrimestre de 2008, para Ecolatina la inflación del período fue del 9,1%, lo que, anualizado, queda cerca del 30% (La Nación, 18-5). Salvo excepciones, consultoras y economistas de todas las tendencias ya ven “jugada” la inflación de este año, con un piso cercano al 25%.

Frente a este panorama, dos cifras indignan por su falta de contacto con la realidad. Una es la del INDEK, que a la ridiculez del 8,5% de inflación para todo 2007 le agrega el absurdo del 2,5% para el período enero-abril de este año (o, midiendo de abril 2007 a abril 2008, un 8,9%. Una burla). La otra es el impresentable 19,5% de aumento salarial que Moyano buscó –y en buena medida, hasta ahora,  logró– imponer como pauta general para el conjunto de las negociaciones paritarias.

Incluso un asesor laboral de la burocracia sindical como Lucio Garzón Maceda, que intenta dibujar un 25% real de aumento en las paritarias, tiene que reconocer que los acuerdos quedaron por debajo de la inflación, especialmente aquellos que, en su “escalonamiento”, dejan el primer aumento para dentro de unos meses (ídem).

Otro elemento a tener en cuenta es la evolución de las tradicionales diferencias salariales por sector. En los últimos años se viene verificando una tendencia: los salarios de los sectores que venían en el fondo de la escala (agro, construcción, gastronómicos) crecieron en términos relativos más que los de los sectores mejor pagos (bancarios, ciertas industrias). El resultado es un cierto achatamiento de la pirámide salarial, en el que se destacan pocos sectores que “hagan punta” con aumentos grandes que puedan generar un efecto arrastre en el resto.

Como ya señalamos en otras oportunidades, la “recuperación” del salario llegó hasta 2006, para retroceder algo o bastante (según el gremio) en 2007 y apuntar a la baja generalizada en 2008. El ex secretario de Hacienda de Alfonsín, Mario Brodersohn, calculó que “en 2005 el salario real aumentó un 11,7%; en 2006, un 8,9%, y en 2007, suponiendo una inflación real del 17%, aumenta un 1,8% (…) se prevé en 2008 una caída del salario real” (Clarín, 4-5). No coincidimos con Brodersohn en su conservadora estimación de la inflación de 2007 –si fuera, digamos, del 20%, el saldo sería una baja del salario real global, en vez de un leve aumento–, pero de todos modos la tendencia está muy clara.

En estas condiciones, sólo el chaleco de hierro de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero impide una ola de reclamos generalizados, que igual se hacen ver allí donde se puede escapar a ese control, como mostró el corte de FATE, Terrabusi y otras fábricas de la zona norte del GBA. Por otra parte, la propia burocracia pone las barbas en remojo y, a su manera, reclama cifras más altas (como ahora la UOM y Alimentación) o se prepara para pedir revisiones de los acuerdos, aunque la tinta con que se firmaron aún no se secó.

¿Y las condiciones de trabajo?

Un efecto colateral de la discusión salarial sin número fiable de referencia (el “masomenómetro”) y, sobre todo, con el lastre del 19,5% que puso Moyano al conjunto de las paritarias, es que las negociaciones tienen menos margen para incluir el tema condiciones de trabajo. Salvo, por supuesto, cuando lo instala la propia patronal bajo la forma de acuerdos atados a la “productividad”. Al respecto, el consenso entre los empresarios es abrumador: sin aumento de la productividad, no hay más aumento del salario real. Un ejemplo de esto es un informe del IAE (think tank patronal), que advierte que “para que la situación sea sostenible, la clave a tener en cuenta es la productividad, tanto por el bienestar de los trabajadores [¡sí, justo!] como por la competitividad de las empresas (…) es necesario que, en términos reales, la evolución de los salarios esté alineada con las ganancias de productividad” (Clarín, 20-4).

Así, quieren obligar a la parte obrera a elegir entre la sartén y el fuego: asistir al deterioro acelerado del salario o aceptar que se redoble de la explotación, porque para la patronal “productividad” no significa casi nunca inversión en tecnología y sí, siempre, un mayor desgaste de las fuerzas físicas y mentales del trabajador.

El propio Garzón Maceda, abogado de la burocracia, se queja del escenario que se abre cuando el centro de la negociación paritaria está puesto en el monto del reclamo salarial. En la medida en que la seguridad laboral, el alarmante aumento de los accidentes de trabajo, las condiciones de semiesclavitud laboral en cuanto a horarios y turnos y muchos otros temas que hacen a la salud y la calidad de vida del trabajador pasan a segundo o tercer plano, “nos transformamos en sindicatos del pan y la manteca” (La Nación, 18-5). Como se ve, la burocracia ya abre el paraguas antes de que lluevan acuerdos que legalicen la entrega de condiciones de trabajo.

Pobres cada vez más pobres… aun con salario

Entre los números-fábula del INDEK figura la persistencia de la caída de los niveles de pobreza. En verdad, esos niveles bajaron entre 2003 y 2006, pero ya en 2007 la tendencia se desaceleró. Como no hay cifra confiable de inflación, es imposible medir con precisión la pobreza, ya que ese concepto hace referencia a la capacidad del ingreso de acceder a una canasta de bienes y servicios cuyo precio real no se conoce.

Sin embargo, estimaciones serias dan cifras alarmantes. Por ejemplo, que nunca antes los pobres fueron tan pobres. No es un juicio moral, sino estadístico. Artemio López (titular de la consultora Equis) explica que mientras la canasta familiar fue de $ 1.435, el ingreso promedio de los hogares pobres fue de $ 615. Es decir, pueden comprar apenas el 43% de los bienes de esa canasta. En el piso de la crisis, en 2002, el ingreso de los pobres alcanzaba para el 47% de la canasta familiar. A lo que se debe agregar otro dato: el 80% de los hogares pobres tienen como jefe de familia a un asalariado. Por otra parte, como ya señalamos, son justamente estos sectores los más golpeados por la inflación, ya que los hogares pobres e indigentes destinan un 40,9% y un 46,6% de su ingreso, respectivamente, al consumo de alimentos (estudio de Economía y Regiones, Clarín, 20-4)

La “redistribución” es entre los de arriba

Es innecesario aclarar, con este panorama, que la “redistribución” prometida por los K pertenece al reino de la más pura fantasía, a menos que se entienda por tal la rapiña del valor creado por la clase trabajadora (junto con la renta del suelo) y el reparto de esa torta entre distintas bocas capitalistas.

Por ejemplo, la caja que logra el Estado vía la recaudación impositiva (incluidas las retenciones) de ninguna manera vuelve a los trabajadores. Ni siquiera a “la nación” en general, como sería el caso de inversiones estatales serias en infraestructura energética, de transporte o de salud. La realidad es, en esto, sencilla. La parte del león se la llevan: a) los acreedores de la deuda pública; b) la caja política del Estado nacional, usada discrecionalmente para sostener gobernadores o empresarios “amigos”; c) las empresas concesionarias de servicios públicos (energía y transporte son los casos más conocidos), que reciben cada vez mayores subsidios por prestar servicios cada vez peores pero, al menos, sin tocar demasiado las tarifas. Veamos los dos rubros más significativos.

Los pagos de intereses de la deuda saltaron de 11.000 millones de pesos en 2006 a un proyectado de casi 20.000 millones este año. El periodista especializado Ismael Bermúdez calcula que, a semejante ritmo, este año seguramente el gasto del Estado por concepto de deuda pública va a ser igual o incluso superior a lo que paga en sueldos toda la administración pública nacional, de 330.000 empleados (Clarín, 5-5). Para que se vea que la “redistribución” definitivamente no empieza por los sueldos estatales, digamos que en 2003 el Estado gastaba en sueldos el 16,6%, y en jubilaciones, el 37% de sus ingresos. Las cifras estimadas para 2008 son 12,6 y 33,9%, respectivamente. Y se trata de una tendencia que llegó para quedarse: la cuenta intereses de deuda tiene erogaciones previstas por 6.100 millones de dólares en 2008, pero 6.900 millones en 2009 y 7.500 millones en 2010. Por supuesto, nada de esto significa que la deuda se reduce. Al contrario, subió 8.000 millones de dólares en un año (I. Bermúdez en Clarín, 15-3).

En cuanto a los subsidios, las cifras asustan. Se trata de una cuenta de gastos del Estado que viene creciendo sin parar desde 2003, pero ahora la cosa está casi llegando al descontrol. Si en 2006 los subsidios que “compran inflación baja” –porque son un reemplazo al aumento de tarifas– llegaban a 8.000 millones de pesos, en 2007 se duplicaron: 16.500 millones. Y para 2008 se estiman 27.000 millones de pesos. Para no hablar del faraónico, improductivo y delirante proyecto del tren bala a Córdoba, en el que ya están comprometidos varios miles de millones de dólares del Estado.

Ante semejante dispendio de los ingresos de la caja estatal –que, como es sabido, son récord– mientras salarios y jubilaciones caen en picada, la crisis energética sigue a la vuelta de la esquina y la educación y la salud pública se desploman, el cuento de la “redistribución del Bicentenario” que se lo hagan a Cornelio Saavedra.