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María Eugenia Sampallo Barragán
Valiente
pelea contra sus apropiadores
Por
Ana Vázquez
En
las últimas semanas ha habido una serie de novedades en el
terreno de la lucha contra la impunidad. La justicia española
está a punto de expedirse por si o por no a la extradición
de Isabel Perón. Por otra parte, en una resolución por demás
aberrante, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la
injusta condena a Romina Tejerína (ver artículo en esta
edición) y como si esto fuera poco, de “yapa” ordenó
que Luís Abelardo Pati sea restituido en su cargo y ahora
ha quedado en libertad. En este contexto, acaba de culminar
el juicio al entregador y a los apropiadores de María
Eugenia Sampayo Barragán, hija de un matrimonio secuestrado
en 1977.
Con
la sentencia que condena a los tres acusados culmina una
etapa de su lucha incansable por su identidad y por el
castigo a los responsables de su apropiación. Pelea que se
fue engendrando en el robo de los brazos de su madre
secuestrada, en el maltrato de sus apropiadores, en la
certidumbre de que no era hija del matrimonio que la estaba
criando y en la incertidumbre sobre su verdadera filiación.
Pero
María Eugenia no bajó los brazos. En su transcurso tuvo
muchos escollos. Mentiras y malos tratos por parte de sus
falsos padres, un test de identidad que le dio resultado
negativo a los 11 años porque los datos de sus padres
desaparecidos no estaban registrados aún en el Banco
Nacional de Datos Genéticos.
Cuando
finalmente, al realizarse el segundo test, confirmó su
origen en el 2001, se encontró con su familia e inició el
primer juicio de una nieta contra sus captores como
querellante y como testigo.
Debió enfrentar una contracausa por falso testimonio
contra ella y otros testigos abierta por Osvaldo Rivas (su
padre apropiador) y José Enrique Berthier (el militar que
la entregó) como respuesta a su denuncia.
En
el inicio del juicio, en medio de amenazas y persecuciones a
ella, a otros testigos, y al mismo secretario del juzgado
actuante, sus supuestos “padres”, Osvaldo Rivas y
Cristina Gómez Pinto, quedan detenidos y el militar
Berthier se fuga. Confiando tal vez en que la impunidad lo
protegería de por vida, estuvo un mes y medio prófugo,
hasta que una patrulla de la Policía Federal lo detiene.
El
año pasado, después de 6 años de juicio, fue cuestionado
su ADN y debió reiterarlo junto a su familia.
Fueron
7 años donde no tuvo tregua, en una pelea permanente por
imponer la verdad y lograr castigo para sus captores.
Los
delitos de lesa humanidad deben tener condenas acordes a su
gravedad
La
sentencia fue de 10 años de prisión para Berthier, 7 y 8
para la madre y el padre apropiador, respectivamente. Tanto
la Fiscalía como la querella había pedido la pena máxima,
de 25 años, prevista en la ley 24.4410 del año 1994.
Dependerá
de los fundamentos, que serán expuestos el próximo
viernes, si el militar queda libre. Está detenido desde
poco más de 5 años y dependerá del Tribunal si considera
que hasta que la condena quede firme, no vuelva a prisión,
además de que se está considerando un pedido de
excarcelación.
Los
supuestos padres estuvieron cuatro años presos, fueron
excarcelados y pueden volver a prisión si, cuando la
condena quede firme, no tienen cumplido los dos tercios de
la misma.
Con
este resultado, se asemejan, con poca diferencia en el monto
de las condenas a otros casos resueltos. En éste sin
embargo, es la primera vez que se logra una condena de
tantos años (7) para la mujer que usurpó su identidad. En
los casos previos no se la culpó o tuvo penas mínimas.
¿Esto
significa que María Eugenia y los que la acompañaron
lograron justicia plena en sus reclamos?
Tanto
su abogado, Tomás Ojea Quintana, como las Abuelas de Plaza
de Mayo consideraron las penas un logro, aunque insuficientes
sus montos.
El defensor lo explica así en declaraciones a Página 12: “Porque
esta apropiación se cometió en el marco de la dictadura
militar, en el marco de un plan sistemático para el robo
de bebés, y porque la supresión de identidad se prolongó
durante décadas, fue un delito continuado. Pero los
jueces tomaron los delitos en forma individual, con penas
que son iguales o menores a las que se aplican para los
delitos contra la propiedad. Es decir, los tribunales
condenan con mayores penas a quienes violan la propiedad
(el que roba un auto con armas tiene entre 5 y 15 años,
en el secuestro extorsivo, si la víctima es un menor, la
pena máxima es de 25 años) (1) que a quienes vulneran la
identidad de una persona durante décadas. Para nosotros
tiene además una gravedad en términos de que se trata de
delitos de lesa humanidad, lo que en principio parece que
el tribunal no consideró.”
Estos
delitos, aunque se consideran de lesa humanidad desde el
punto de vista que son imprescriptibles (de acuerdo a la
ley de Obediencia y Punto Final que excluye a los
represores del perdón en estos casos), el abogado se
refiere a la falta de consideración de la gravedad de los
mismos al momento de considerar los años de prisión.
La
misma foja de servicios de este señor Berthier, que actuaba
como represor de un centro clandestino, según consta en los
archivos de la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición
de Personas), confirma la validez de esta afirmación del
defensor. No fueron delitos aislados ni cometidos por fuera
del ámbito de las fuerzas que manejaban los hilos
represivos. Quitarle la identidad a los hijos de los
“desaparecidos”, robárselo a su familia, era también
el intento de hacer desaparecer su “memoria”, el vínculo
con sus raíces, para que no quedara testimonio vivo de
ellos en su descendencia.
Que sean condenados con la mayor pena
La
Justicia tardó años en considerar delitos de lesa
humanidad a las desapariciones forzadas de personas
cometidas por la dictadura. Más aún a los crímenes
cometidos por la Triple A, tipificados recientemente de esta
forma.
¿Por
qué no lo son aún, a pesar de todas las evidencias, la
apropiación de bebés arrancados a las madres secuestradas
por esos mismos represores?
Para
lograr que entregadores y apropiadores vayan presos, la
restitución a sus familiares de los más de 400 jóvenes aún
sin identidad, debemos seguir la lucha por la unificación
de las causas, por considerarlos delitos en el marco del
genocidio. Con propagandizar solamente que quien dude de su
identidad, recurra al Banco de Datos Genéticos, como hace
el gobierno a través de los medios de comunicación, no se
va a conseguir.
“Que
sean condenados con la mayor pena”, declaró María
Eugenia durante el desarrollo del proceso. Nos hacemos eco
de sus palabras y abogamos porque su caso y accionar, emblemático
y valiente, ayude a continuar la movilización para imponer
el juicio y castigo a los victimarios.
Nota:
1-
Afirmación del mismo abogado en otra parte del reportaje
citado.
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