La voz del amo

Ley Antiterrorista K dictada por Bush

Entre gallos y medianoche, el Congreso argentino acaba de votar una ley que tiene como primera particularidad que fue literalmente dictada en EEUU a la señora Cristina Fernández de Kirchner por el Departamento de Estado y el Consejo Judío (norte)Americano, una de las principales entidades del lobby sionista en ese país.

La segunda peculiaridad es que fue aprobada por gran mayoría, tanto por el bloque oficialista como por diversas bancadas “opositoras”... lo que demuestra que en eso de arrodillarse ante el Gran Hermano del Norte no hay mayores diferencias entre los “progres” K y sus adversarios de “derecha”.

Como recompensa a tanta obediencia, Bush recompensaría a los argentinos generosamente. ¡Se podrá viajar a EEUU sin visa! Esto debe haber dejado indiferentes a los millones de viajeros que penan en el Roca o el Sarmiento, pero es un gran alivio para las señoras que viajan a hacer compras en las boutiques de Nueva York. Ahora no van tener que perder tiempo haciendo largas colas en la embajada.

Pero lo de la Ley Antiterrorista Bush-Kirchner no es broma. Es un hecho muy grave y de dimensiones internacionales. Veamos algunos de sus peores aspectos.

• Esta Ley se encuadra en la “guerra contra el terrorismo” declarada por Bush para invadir y masacrar al país que desee, en primer lugar a los del mundo árabe e islámico. Como señala un estudio de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) producido por Daniel Stragá, la Ley Antiterrorista deja inmunes a los terroristas Nº 1, los “terroristas de estado”. Por ejemplo, a los Bush, a los Blair (responsables de 650.000 víctimas sólo en Iraq), a los Olmert (cobarde masacrador de libaneses y palestinos), etc.

• Como sucede siempre con este tipo de leyes represivas, están redactadas en forma suficientemente ambigua para que puedan usarse contra las luchas sociales y políticas nacionales e internacionales que molesten al poder de turno. Para eso, la ley tiene como uno de sus pilares la tristemente célebre figura de la “coacción agravada”, que viene  de la legislación de la dictadura militar. Considera punible “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Este truco ha servido para procesar y/o encarcelar a infinidad de luchadores. Ha bastado que en alguna movilización se rompa un vidrio o se produzca un incidente con la policía (muchas veces desatado por provocadores), para que caiga el garrote legal de la “coacción agravada” y los luchadores vayan presos. Ahora se lo eleva a la décima potencia, porque se lo internacionaliza. Se apunta a proteger a cualquier gobierno criminal (como, por ejemplo, el de Bush, que asesina diariamente a centenares de personas desde Somalia a Afganistán, y que ha establecido una red de campos de detención y tortura, como el de Guantánamo). ¡Prohibido “obligar” a Bush a que deje de asesinar y torturar!

• Otro aspecto importante subrayado por Stragá: se castiga “estar organizados en redes operativas internacionales”. De esa manera, cualquier movilización internacional antiimperialista o anticapitalista en la que intervengan nacionales de diferentes países –como las recientes y multitudinarias manifestaciones en Rostock, Alemania contra el G8– caería bajo el garrote de nueva Ley K.

• La frutilla del postre es que legaliza que los servicios de las Fuerzas Armadas hagan nuevamente espionaje interno. El repudio popular a los crímenes de la dictadura obligó a prohibir por ley que estos servicios actuaran dentro del país. Pero, después de haber sido echados por la puerta, la nueva Ley Antiterrorista K les permite ahora volver por la ventana: legaliza el espionaje interno y autoriza a miembros de las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia y cumplir un rol policial.

Podríamos llenar este periódico con el recuento de las barbaridades de esta ley dictada desde Washington. Nos parece que los partidos de izquierda, las organizaciones de derechos humanos independientes del gobierno K y los activistas obreros, estudiantiles y sociales debemos tomar muy en serio esta amenaza. El primer paso podría ser el de una campaña para concientizar sobre los peligros de esta legislación que, en medios de los tumultos de los últimos meses, logró pasar casi inadvertida por el público.