La tragedia de Aluar

Una radiografía de la Argentina K

Por Oscar Alba

A pocos días de cumplirse tres años de la tragedia minera de Río Turbio, en la que murieron catorce trabajadores del carbón, nuevamente la muerte se abatió sobre una decena de obreros, esta vez del gremio de la construcción. El miércoles 13 de junio se derrumbó un silo en construcción en el interior de empresa Aluminio Argentino en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

En las primeras horas de la tarde del 13 se desplomó el techo de un silo de cincuenta metros de altura, justo en momentos en que se encontraban trabajando en él un grupo de obreros. Fueron aplastados al caer la estructura sobre un andamio, quedando como triste saldo 13 trabajadores sin vida y tres gravemente heridos. Los trabajadores pertenecían a la subcontratista Cadel y de los diez muertos, no casualmente, nueve eran bolivianos y sólo uno nacionalizado argentino. Es decir, se trata de las franjas de la clase trabajadora más duramente superexplotada.

Según La Nación del jueves 21, “actualmente, Aluar cuenta en su planta con cuatro silos en operación. Dos son utilizados como depósito de alumina, materia prima para la producción de aluminio. Los obreros trabajaban en un quinto silo, que también sería utilizado para acopio de los materiales de la planta”. La obra iba a ser “bendecida” con la visita del presidente Kirchner en estos días. Lo cual también era motivo para que los trabajadores aumentaran sus ritmos de trabajo. La obra de ampliación de Aluar, de la cual era parte el silo cuyo techo se vino abajo, tiene un presupuesto de alrededor de 800 millones de dólares, lo cual le permitirá a la empresa de la familia Madanes Quintanilla pasar de 272.000 toneladas a 400.000 toneladas anuales.

Aluar rápidamente se lavó las manos emitiendo un comunicado donde informaba que “la obra estaba a cargo de una de una subcontratista”. Es decir, un burdo intento para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, los familiares acudían para informarse (entre la angustia y la desesperación) al Centro Nacional Patagónico, lugar adonde llevaron los cuerpos de los muertos... en bolsas de nylon.

Madanes y el gobierno son los responsables

En el mes de abril, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) celebró el “Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. Allí, Alfredo Conte Grand, en nombre del gobierno kirchnerista afirmó: “Promover la salud y la seguridad no es cosa de un día ni responsabilidad de algún sector sino que es responsabilidad de todos, porque el trabajo seguro y saludable tiene alta incidencia en la productividad y lo contrario tiene costos altísimos que se agregan al sufrimiento humano”.

Más allá de que en sus palabras (como en el de todo funcionario capitalista, por más “progresista” que se proclame), la productividad y los costos económicos valen más que el “sufrimiento humano” (por eso los nombra en primer lugar), no se puede dejar de señalar la hipocresía de un gobierno como el de K, derramando lágrimas de cocodrilo por esta tragedia cuando todo el mundo sabe que el grado de “siniestralidad” en el trabajo en nuestro país es récord mundial.

En este marco, la construcción es uno de los gremios que más accidentes registra, y éstos han venido creciendo en forma directamente proporcional al crecimiento económico de las empresas constructoras. Así, en marzo de este año la UOCRA informó que en 2006 se había producido la friolera de 72.130 accidentes. De estos, unos 9.000 correspondían a caídas de trabajadores desde la altura, y otros 27.400 eran golpes con y contra objetos con consecuencias diversas (Clarín). Los reclamos de los vecinos de algunos barrios de la Capital Federal, luego de varios derrumbes, pusieron al desnudo la precariedad y los bajos costos con que se manejan los empresarios de la construcción.

María José Insúa, en su trabajo “Boom inmobiliario es ¡boom y buuh!”, plantea: “Todo crecimiento inmobiliario conlleva tres cosas elementales en su receta: buena guita para el dueño de la constructora; gran cantidad de reclamos vecinales y obreros muertos en buena cantidad”. A estos tres elementos que Insúa sintetiza hay que agregar la complicidad del gobierno K y de la Justicia para cubrir la responsabilidad de los capitalistas en la muerte de miles de trabajadores. Después de tres años de la tragedia minera de Santa Cruz (la provincia K), sólo hay dos supervisores procesados. Nos preguntamos: esta tragedia ¿será otras tantas de las “tensiones del crecimiento” de la economía de las que suele hablar Kirchner, o estamos en presencia de una verdadera radiografía de la Argentina capitalista comandada por el gobierno?

Una lucha de vida o muerte

En muchos casos, fundamentalmente en las obras en construcción, los obreros deben resignar su obra social, sus aportes jubilatorios y los elementos de seguridad para poder acceder a un puesto de trabajo y ganar un salario de miseria. En el caso de Puerto Madryn, la mayoría de los muertos eran bolivianos. La comunidad de trabajadores bolivianos es numerosa en el gremio de la construcción y muchos de ellos son indocumentados. Así recorren nuestro país, muchas veces hacinados en galpones para vivir y sometidos a largas y extenuantes jornadas de trabajo. Es la condición de extranjeros en necesidad, de la cual se aprovechan las patronales para darles los trabajos más duros y superexplotarlos. Para esto cuentan con la complicidad de Gerardo Martínez y sus pares de la burocracia de la UOCRA, que en Puerto Madryn se limitaron a adherir a los tres días de duelo que decretó el gobernador de Chubut. ¡Una vergüenza nacional!

En síntesis, en circunstancias como ésta se puede visualizar que la pelea por mejores condiciones de trabajo se convierte no sólo en una pelea meramente reivindicativa, sino que es una verdadera lucha de vida o muerte que se inscribe en la lucha global contra la política del gobierno y el capitalismo en nuestro país. Está planteada la necesidad del control de los trabajadores de la seguridad y la salubridad en los lugares de trabajo. Debe ser un aspecto fundamental de los convenios y acuerdos laborales vigentes y reclama el apoyo del conjunto de los trabajadores y las organizaciones de la izquierda revolucionaria.

En lo inmediato, hay que levantar bien alto las banderas por el juicio y castigo a todos los responsables de esta tragedia.