La reforma previsional de Kirchner

Gatopardismo electoral

Por Marcelo Yunes

El término, tomado del escritor Tomaso de Lampedusa, designa la intención de hacer cambios de menor entidad para que la esencia permanezca. Es decir, “cambiar algo para que nada cambie”. En el terreno de la configuración neoliberal impuesta por Menem, se puede decir que el gatopardismo ha sido un sello de la política económica del gobierno de Kirchner. Así ocurrió con la legislación laboral –que se mantuvo en todo lo fundamental–, o con las compañías privatizadas, a las que el gobierno denuncia agitando la mano izquierda mientras que con la derecha les pasa jugosos subsidios. Con el anuncio del proyecto de ley de reforma previsional, se abre un nuevo capítulo del gatopardismo K.

Empecemos con una aclaración: el sistema jubilatorio perpetrado por Menem-Cavallo en los ‘90 constituyó y constituye una estafa monumental a trabajadores jubilados o en actividad que casi no tiene paralelo en el mundo, con la posible excepción de Chile. En efecto, casi en ningún otro país hubo una política tan sistemática de privatización del sistema previsional, que daba a los bancos y aseguradoras (en su amplia mayoría extranjeras) garantías totales de ganancias increíbles, a la vez que no daba ninguna certeza a los millones de aportantes de que su futura jubilación alcanzaría una cifra digna.

Pasada la euforia privatista de los ‘90 –con amplia venta de buzones que fueron comprados por muchos, desgraciadamente–, todos saben lo que pasó: los “genios inversores” de las AFJPs se dedicaron a prestarle plata al Estado, que emitía bonos con desesperación. Llegado el default, de la noche a la mañana los activos de los aportantes pasaron a valer mucho menos, salvo los de aquellos afiliados a las AFJPs administradas por bancos públicos. Poco a poco, todo el mundo fue intuyendo que el único verdadero garante de la futura jubilación seguía siendo el Estado, como siempre. A eso se agrega la experiencia de los pocos que se jubilaron en el sistema privado: sin el aporte estatal obligatorio, sus haberes serían directamente de indigencia, incluso inferiores al mínimo legal.

Este sistema jamás hubiera podido implementarse si los sucesivos gobiernos no le hubieran dado vía libre a este verdadero negociado, no sólo con instrumentos legales sino avalando la publicidad totalmente falaz de las AFJPs, a sabiendas de que todo era una montaña de mentiras.

Negocio capicúa para K: político - económico - político

El gobierno sabe perfectamente del descrédito de las AFJPs, que por otra parte era un área de la economía en la que todavía no había desarrollado la “intervención política” manifiesta en otras áreas (salarios, tarifas, impuestos, etc.). La reforma, por otra parte, es bien moderada: la medida principal consiste en eliminar la prohibición de pasarse a la caja jubilatoria del Estado (uno de los tantos costados escandalosos del sistema). Se trata de un período de 180 días, cada cinco años, en los que se podrán hacer traspasos que desde 1994 estaban vedados.

Otros aspectos irritativos que se cambiarían son: a) las comisiones de las AFJPs, que hoy son confiscatorias, deberán bajar; b) la ANSES reconocería a los que se jubilan en el estado un 1,5% del sueldo promedio de los últimos diez años por cada año aportado (hoy es un 0,85%); c) los “indecisos” (esto es, los que empiezan a aportar por primera vez y no eligieron sistema) pasarán automáticamente a la caja estatal, cuando hasta ahora pasaban a una AFJP.

Como se ve, no se patea ningún tablero ni nada por el estilo. De hecho, ni siquiera las AFJPs protestaron; mas bien deben haber sentido alivio, porque después de tanto curro durante una docena de años, el “castigo” oficial podría haber sido mucho peor: saben que están en una posición de debilidad. De todos modos, un cambio tan módico y elemental como que a uno no le prohíban pasarse al Estado fue suficiente para que todo el espectro de chupamedias de la prensa y de la burocracia sindical hablaran de “día histórico” (como exageró la CTA en un comunicado).

Por supuesto, el anuncio de Yasky y Cía.de que se trata de “un paso fundamental” para “terminar con la estafa de muchos bancos y sus AFJPs” (Clarín, 25-1-06) no tiene el menor fundamento y es pura campaña oficialista. La realidad es que Kirchner hace todo esto, entre otras cosas, para proteger “la estafa de muchos bancos y sus AFJPs”, sólo que advirtiéndoles que no deben currar demasiado porque se pueden quedar sin la gallina de los huevos de oro.

Además, este gobierno no da puntada sin hilo: parte del paquete de la reforma sería obligar a las AFJPs a que un 20% de la masa de aportes sea invertida en un fondo para obras públicas (recordemos que hace tiempo que más de la mitad de los fondos “administrados” por los buitres de las AFJPs se siguen invirtiendo en bonos del Estado).

De esta manera, el gobierno sale ganando a dos puntas: políticamente, queda como el que les “para el carro” a las insaciables AFJPs; en lo económico, le ahorra al fisco una erogación importante. Y para remachar, se trata de obras públicas, que es un vehículo muy apropiado para ganar votos en un año de elecciones presidenciales. El círculo cierra perfecto. Y todo sin tocar ninguno de los intereses fundamentales de los dueños de las AFJPs, que, por el contrario, están sumamente agradecidas de que la “reforma” sea tan inofensiva.

En resumen: una medida muy rendidora frente a la opinión pública (le pega a un blanco odiado), económicamente conveniente y sin pagar costos políticos ni pelearse con sectores capitalistas o imperialistas. ¿Beneficios reales para los jubilados actuales o futuros? Salvo la posibilidad de escapar a la estafa del siglo de las AFJPs, eso está por verse. Algunos especialistas ya observaron que el aumento del 0,85 al 1,5% que reconocería el sistema estatal podría quedar totalmente licuado por la inflación, porque el “salario promedio de los últimos diez años” NO se va a ajustar por el índice inflacionario. Pero claro, en el fondo lo que importa no son las jubilaciones de un futuro lejano, sino los votos del futuro cercano…