La reforma penal de Solá está escrita en inglés

Por judiciales del MAS

Hacia fines de los 90 se implementó en toda América Latina un nuevo modelo procesal penal, centralizado en el establecimiento de un sistema oral en reemplazo del procedimiento escrito y el cambio de facultades de las fiscalías, que de funciones mas bien formales de acusación penal pasan a tener la facultad de perseguir los delitos, dirigir la investigación y sustentar la acusación frente a los jueces.

Si creyéramos en coincidencias, podríamos pensar que en forma simultánea distintos países decidieron enfrentar los mismos problemas contratando especialistas que les indicaron el mismo plan.

Sólo que después de una década de neoliberalismo importado por toda la región para entrar al Primer Mundo, ya sabemos los objetivos y resultados de esta “coincidente” ayuda de “expertos académicos”.

El organismo técnico que diseñó la reforma y monitoreo el proceso de implementación del nuevo modelo es del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, creado en la Segunda Cumbre de las Américas. Y ahora es el que establece los pasos necesarios para seguir avanzando en “mejorar la justicia” para “la legitimación del sistema democrático”

Algo sorprendente ha resultado la inclusión de la Venezuela chavista en esta reforma, con su nuevo Código Orgánico Procesal Penal, que por lo visto piensa construir el “socialismo del siglo XXI”, por lo menos en este aspecto, con las “desinteresadas” recetas yanquis.

En su Informe comparativo 2004 del Seguimiento de la reforma judicial en América Latina, CEJA destaca el diseño homogéneo del contenido de la reforma penal y los problemas observados:

1. El defectuoso funcionamiento de los Juzgados de Garantías, completamente nuevos en Latinoamérica, no ha podido evitar que se continúe con el uso masivo de la prisión preventiva, lo que provoca crisis recurrentes de presos sin sentencia y el cuestionamiento social del poder judicial.

2. Las fiscalías han tendido a imitar los métodos tradicionales y formulas burocráticas. La investigación hasta la acusación supera en la mayoría de los países los 150 días, considerando que un número elevado de casos se da en situación de flagrancia y en los juicios orales se generan enormes demoras, con alto porcentaje de fracaso. En Buenos Aires se realiza el 43% de los juicios agendados, en Venezuela el 17%) y un elevado tiempo entre la acusación y la realización del juicio oral (425 días promedio en Buenos Aires.

Como no es posible reducir la tasa de criminalidad, entonces hay que reducir el número de cierto tipo de delitos y mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia.

El Informe no dice qué tipo de delitos hay que “atacar”, pero la experiencia llevada a cabo en el Fuero Penal de Mar del Plata por Convenio entre la Provincia y el CEJA destaca la notable agilización de las causas en los delitos flagrantes [1], estableciendo su generalización para toda la provincia bajo la asistencia técnica del CEJA, “transfiriendo tecnología y experiencias ya probadas en otros lugares de América Latina”.

La reforma ahora impulsada por Solá es la extensión de esa experiencia de un solo golpe, pensada para juzgar y condenar rápidamente a los ladrones de gallinas, poniendo todos los recursos y cambiando la organización interna del Poder Judicial en función de ese objetivo, sin cuestionar un milímetro las atribuciones de la Bonaerense, que en los hechos es la que lleva adelante las investigaciones penales. ¿Y los demás delitos? ¿Las estafas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito? ¿Y los delitos que comete la propia Policía? Bueno, había que elegir, y la elección es la de siempre, reforzando la selectividad del sistema penal.

Las causas armadas por la policía para mostrar “estadística” o para proteger a los verdaderos autores de delitos provocan que al llegar el juicio oral se caiga la acusación, basada a menudo en testigos de identidad reservada aportados y presionados por la policía, recolección de pruebas sin los mínimos requisitos técnicos, confesiones forzadas a golpes y peritajes dudosos. Pero hasta ese momento, personas inocentes han pasado dos, tres y hasta cuatro años detenidas. Para evitar el escándalo, la solución salomónica es condenar por el tiempo de prisión preventiva cumplido y así el “condenado” sale libre. Estos métodos potenciados por la anterior reforma penal contribuyen a explicar el crecimiento explosivo de la tasa de encarcelamiento de la provincia Buenos Aires a 215 detenidos cada 100.000 habitantes, sólo superada por Estados Unidos (700 cada 100.000), habiéndose duplicado desde el 2000 el número de detenidos.

La facultad conferida, además de trasladar a los jueces anualmente, muestra que se intenta avanzar en un camino en que no se tolerará el menor atisbo de independencia de ningún descolgado, y que el cuento de la “independencia del poder judicial”, ya que no es creíble, no es útil, y no quedará ni siquiera para los discursos.

Si después de todo son los intendentes del Gran Buenos Aires quienes se encargan de pagar el funcionamiento del las Fiscalias Descentralizadas, incluyendo personal, resultaría sorprendente que esas fiscalías, por ejemplo, investigaran a Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, procesado por fraude contra su municipio, siendo que les proveyó el edificio donde funcionan.

El último Congreso Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense resolvió rechazar la reforma penal por su carácter reaccionario, impulsando la formación de una comisión multisectorial para evitar su implementación, que violará las condiciones laborales de los judiciales, empezando por la extensión del horario de trabajo.

Allí planteamos que la lucha salarial, que después del congelamiento orientado por la Comisión Directiva Provincial para todo el 2006 se volverá a discutir en las asambleas convocadas para el 1º de febrero de 2007, no puede ni debe ser separada de la lucha contra la reforma penal, explicando al conjunto de los compañeros sus objetivos y alcances, y que debemos luchar contra ella no sólo porque nos perjudica como trabajadores judiciales, sino también porque en el fondo está pensada para profundizar un modelo social de exclusión y explotación.

Sabemos, sin embargo, que para la dirección del gremio las cuestiones que excedan lo salarial son temas “exclusivos” de los dirigentes, y a lo sumo se informan a la base las decisiones tomadas, del tipo “el gremio resolvió oponerse a la reforma penal”. Y punto. Por lo que será responsabilidad de la oposición informar e involucrar al conjunto de los compañeros, empezando por lo más elemental, repartiendo el texto y combatiendo las falsas ilusiones de ascensos y mejoras personales que cada reforma trae, y que terminan siendo lo opuesto.

Es una pelea que será política contra la Corte y el Gobierno, y que por eso, de ningún modo, como lo viene demostrando diariamente, la Comisión Directiva Provincial, alineada a la CTA está dispuesta a dar. Su política de conciliación tiene un límite muy preciso: los discursos, por más virulentos que sean, nunca se trasladan a los hechos.

Nota:

1. Son los delitos que la policía descubre en la calle, en general delitos menores (punguistas, pequeños dealers, rateros).