La Plata

Ejecutado en un patrullero

Una nueva víctima del gatillo fácil viene a engrosar la extendida lista de personas asesinadas a manos de las fuerzas represivas del Estado. Esta vez le tocó a Darián Barzábal, un joven de 17 años perteneciente a la localidad de Los Hornos, quien fuera golpeado y ejecutado de un tiro en la nuca el 10 de enero mientras era trasladado en un patrullero a la comisaría 3ª de esa localidad, tras haber sido detenido por un “presunto” robo en la casa del policía Luis Dorato perteneciente a esa dependencia.

La muerte del joven, perpetrada por los efectivos policiales Santiago Regalía y Cristian Gutiérrez alrededor de las 2 de la madrugada, y encubierta por los demás efectivos de la seccional, fue comunicada con un retraso de 14 horas a los familiares de la víctima, tiempo necesario para montar una escena donde se inculpaba al joven asesinado. Harto conocidos son los artilugios utilizados por las fuerzas policiales para encubrir los casos de gatillo fácil (alteración de la escena del crimen, incriminación de la víctima plantando armas, drogas, adulteración de los registros, etc.). En el caso particular de Darián, se le plantó un arma a la víctima y se intentó hacer pasar el hecho como un accidente después de un forcejeo dentro del móvil policial. Una vez fracasado este intento de inculpar al joven asesinado, el gobierno intervino de la mano del ministro de seguridad, Arslanián, con el claro objetivo de calmar las aguas, ordenando la cesación y detención de los implicados en el caso y la intervención de la comisaría.

La reacción de los familiares, amigos y vecinos de la víctima no tardó en llegar. Al día siguiente de lo sucedido, realizaron una concentración frente a la comisaría 3ª repudiando el accionar policial y reclamando por el esclarecimiento del caso. La concentración fue acompañada por un centenar de jóvenes, los organismos de DDHH, como Hijos La Plata, Correpi, La Multi-sectorial de La Plata y organizaciones sociales y políticas, entre ellas el MAS, el PTS y el PO.

La respuesta del gobierno no dio lugar a dudas de a quién defiende: se montó un operativo policial que contó con unos 400 efectivos apostados tras las vallas que rodeaban a la comisaría, y otros tantos en los alrededores esperando la señal para intervenir ante cualquier posible desborde. Esta provocación causó indignación en los manifestantes que comenzaron a arrojar piedras sobre los efectivos, mientras gritaban “asesinos”. El final es conocido; la concentración terminó con la represión, persecución y encarcelamiento de once manifestantes, que fueran retenidos y soltados al día siguiente.

Las declaraciones de la vicegobernadora Graciela Giannettasio son claras en definir la política del gobierno: “se procuró evitar que el dolor producido por estos hechos desgraciados generaran desbordes de parte de grupos radicalizados” (El Día, 12-01). Pareciera que para la vicegobernadora el asesinato de Darián, llevado adelante por la fuerza policial, es sólo un “hecho desgraciado”; y para colmo llama “grupos radicalizados” a los pibes que reaccionan indignados ante tanta represión sufrida cotidianamente por las fuerzas represivas.

Pero la política del gobierno no puede contentarse con cuidar a los policías implicados en casos de gatillo fácil, con vallados a las comisarías, operativos policiales, represión y criminalización de la protesta. Debe, además, hacer creer que estos crímenes se deben a la existencia de “malos policías” a los cuales hay que limpiar de la institución para que todo funcione “mejor”. En este sentido, el ministro de Seguridad Arslanián sostuvo que “el grueso de la fuerza [la Bonaerense] funciona muy bien” y que sólo “hace falta depuración” (El Día, 19-01). Pero mientras el ministro hacía estas vergonzosas declaraciones, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata otorgaba la excarcelación a cuatro policías de la comisaría de Los Hornos acusados de intentar encubrir el asesinato (capitán Carlos Morales, teniente Lucas Oyarzábal, teniente primero Iván Martínez, y sargento Christian Gutiérrez). Las palabras sobran.

La propuesta del gobierno de “depuración de las fuerzas policiales” que deja libre a asesinos y encubridores es, en última instancia, una medida que intenta legitimar, a sangre y fuego, las fuerzas represivas del estado tan necesarias para mantener el control social de la población. Para llevar adelante la lucha contra el “gatillo fácil” de manera consecuente, debemos denunciar esta política y exigir el juicio y encarcelamiento a los asesinos de los casos de “gatillo fácil” y el desmantelamiento del aparato represivo; sólo de esa manera podremos conseguir la justicia para Darián y las demás víctimas de las fuerzas de seguridad.