Triple A: la historia no está cerrada

Kirchner y el PJ en apuros

“Si Perón viviera debería estar preso”. De esta frase anónima (pero muy justa) se quejó días atrás el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano. Este salió en defensa del fundador del PJ con un cartel con tono de amenaza: “No jodan con Perón”; una muestra más del incrementado clima de polarización social y política que seguramente se avecina.

Pero no se trata sólo de Maturano. También el jefe de las 62 organizaciones salió con los tapones de punta, y Moyano acaba de manifestarle su “preocupación” porque se “manche” la figura de Perón al propio Kirchner.

Quizá la burocracia sindical peronista busque con esto curarse en salud ante el hecho archiconocido de que fue parte integrante fundamental de las bandas paramilitares que asolaron el país bajo el tercer gobierno peronista.

Es que del país “oficial” (es decir, el país de los capitalistas) hay pocos que se salvan por lo ocurrido bajo Perón e Isabel. Pero estos hechos habían sido convenientemente barridos bajo la alfombra con el advenimiento de la “democracia” en 1983. Es que el “Nunca Más” y el juicio a las juntas militares impulsados bajo el gobierno de Alfonsin, buscaron (y casi lograron) dejar fuera de la “historia oficial” las responsabilidades tanto del PJ como de la UCR, de los grandes empresarios y la burocracia sindical en los arteros asesinatos anteriores al golpe (por no hablar de la complicidad de todos ellos con el golpe mismo).

Perón, Isabel, Luder, Ruckauf y Cafiero (por sólo nombrar algunos; los últimos cuatro fueron citados ahora por los jueces Acosta y Oyarbide); la UCR de Balbín, con su “no tengo soluciones” y sus diatribas contra la “guerrilla fabril”, y la ya señalada burocracia del PJ (con su complicidad en infinidad de asesinatos de activistas obreros),  todos ellos fueron cómplices de la obra de la liquidación de una generación de explotados y oprimidos que despertó en el Cordobazo y terminó por ser masacrada bajo la dictadura militar.

Argentinazo e impunidad

Sin embargo, hay que explicar por qué 30 años después de los acontecimientos y luego de dos décadas en la que funcionó casi a la perfección este pacto de impunidad, los casi 2.000 asesinatos de la Triple A y la responsabilidad en ellos no sólo de Isabel sino del propio Perón comienzan a salir a la luz.

En el fondo, no hay otra explicación posible y material que la que revela muchos de los acontecimientos de nuestro país en los últimos años: el “que se vayan todos”. Es decir, por detrás de toda una serie de determinaciones o elementos más menudos y concretos, lo que está es el hecho de que aún pervive la profunda conmoción que produjeron en el régimen político las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que pusieron en cuestión la democracia de los ricos y todas sus instituciones tal y como venían funcionando hasta ese momento.

Y si bien bajo el gobierno K (con mínimos retoques aquí y allá) este mismo régimen es el que ha seguido actuando, uno de sus puntos más débiles y evidentes, la impunidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos, es el que termina por saltar por los aires. Pero cuando este andamiaje se está viniendo abajo (aunque no de manera directa, sino mediada y “administrada” por la misma “justicia”), termina de ocurrir lo propio con la frontera puramente formal que se había trazado respecto de los acontecimientos anteriores al 24 de marzo del ’76: los horrendos hechos llevados adelante desde el propio aparato de Estado por el peronismo de Perón e Isabel en el poder.

Un gobierno en aprietos

¿Cómo queda y qué rol cumple el gobierno K en todo esto? Desde varios medios de comunicación se ha lanzado la teoría de que el gobierno estaría detrás de estas causas. Esto no está tan claro. Una cosa es que los jueces –que se mueven en función de lo que creen es la “bendición del poder”, pero también de los aires de la opinión pública– sientan que tienen un terreno fértil para incursionar con determinadas causas, y otra muy distinta es que la reapertura de estas causas haya provenido de una orden directa de K. Por ejemplo, según el diario La Nación, Moyano habría dejado trascender que a Kirchner “le parece un despropósito que se aprovechara la actuación de la justicia para poner en tela de juicio lo que significa Perón para todos los argentinos” (24-01-07).

En todo caso, hay algo que ya es un hecho: el gobierno ha quedado metido en un muy serio aprieto. Si bien eventualmente podría venirle bien con que la Justicia haga su trabajo intentando saldar algunas “cuentas del pasado” al servicio de la relegitimación de las instituciones de la “democracia” y sus partidos, no está muy claro como haría para trazar una raya que le permita poner límites a las consecuencias que la causa de la Triple A puede conllevar.

Insistimos: si como dicen algunos medios (aunque no es nuestra opinión) se trata de una jugada de Kirchner para fortalecer sus propias bases de sustentación con un PJ “refundado” (o incluso un nuevo partido K), hay que subrayar que, en todo caso, la causa se puede llegar a parecer a una caja de Pandora. Porque sus consecuencias podrían llegar, eventualmente, muchísimo más lejos de lo que el “aprendiz de brujo” gubernamental podría manejar.

Es que todo este proceso, como ya hemos señalado más arriba, pone en entredicho el principal partido del orden burgués, que es el rol que hoy por hoy sigue cumpliendo el PJ, así como a su principal dirigente histórico y fundador. Por otra parte, podría  liquidar del todo a lo que resta de la UCR, para no hablar del lodo con que enchastraría a burócratas y empresarios. Y esto sucedería cuando todavía NO es un hecho la aparición de un nuevo sistema de partidos y un régimen político (burgueses) remozados y/o alternativos al actual.

La clave es la movilización

En todo caso, desde ya que la vanguardia obrera y estudiantil, los organismos de derechos humanos y los partidos de izquierda que estuvimos entre los principales damnificados por las masacres perpetradas desde el Estado patronal bajo el PJ y los militares no podemos confiar ni por un minuto ni en la Justicia patronal y Oyarbide, ni mucho menos en el gobierno de Kirchner.

En todo caso, sólo intentan legitimar las instituciones maltrechas por el Argentinazo, y nunca podrían ir hasta el final en la verdadera justicia, el castigo y la verdad.

Presentarnos colectiva e individualmente como querellantes en estas causas (un punto de apoyo necesario y obligado) debe ir de la mano de la tarea principal para lograr que estas causas avancen: el impulso a la más amplia movilización y lucha obrera y popular, que es la que ha logrado, en última instancia, la reciente condena a Etchecolatz, la reaparición de Gerez y la que se debe profundizar hasta la aparición de Julio López.

En síntesis: la más amplia movilización para que se pudran en la cárcel Isabel y demás responsables políticos y materiales de la Triple A. Peronistas y no peronistas.