México - Oaxaca

Sigue la campaña por la defensa de
la comuna popular

Por Isidoro Cruz Bernal

La situación política existente en este estado mexicano se hace más compleja con el correr de los días. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) continúa su pelea por la destitución del gobernador, al tiempo que sufre fuertes presiones políticas para que capitule. Estas presiones implican tanto la amenaza de represión directa como los intentos de dividir a los maestros para que abandonen su conflicto.

El gobierno de Fox ha vuelto a afirmar la alianza entre su partido (el PAN) con el PRI, al haberse negado ambos partidos a declarar la “desaparición de poderes” en el estado de Oaxaca. Esta figura jurídica, que analizaremos más adelante, implicaba de hecho el cese del poder para el gobernador Ulises Ruiz. Las razones para esta convergencia son obvias: el fraude contra López Obrador necesita, para sostenerse, de la alianza entre el PAN y el PRI. Sin esto, se viene abajo. Por supuesto que un partido como el PRI no trabaja gratis, por mero “patriotismo” en favor del México capitalista. Exige el pago por sus favores. En este caso, que el PAN se comprometa y lo apoye en la defensa de una gobernación más para ellos. Al mismo tiempo el PAN sabe que restarle apoyo a Ulises Ruiz en Oaxaca podría significar escupir al cielo, ya que el recientemente ungido Felipe Calderón es tan ilegítimo como el sátrapa oaxaqueño. Con la consecuencia de que, en ese caso, el marco sería nacional, y no acotado al plano de un estado.

Sin embargo, lo que dejó claro la escaramuza en el Senado el 19 de octubre pasado fue que la alianza PAN-PRI dista bastante de ser un bloque monolítico. Hubo varios síntomas que lo manifiestan. Por ejemplo, los tres senadores del PRI que hablaron en la cámara jamás defendieron al gobierno de Ulises Ruiz, sino que recurrieron a nobles abstracciones como el “estado de derecho”. También un senador del PAN planteó en su exposición que “por el bien de Oaxaca” sería mejor que Ulises Ruiz renunciara. Después votó junto con el PRI, por supuesto. El argumento que dio el PAN para no votar la “desaparición de poderes” fue que excedía las facultades del Senado. Es decir los beneficiarios del fraude en las elecciones nacionales se convirtieron súbitamente en defensores del “equilibrio de poderes”. Lo cual, en México, es más que humor negro.

Resumiendo: un Senado unido por alianzas obligadas más que por una voluntad política concreta sanciona el status de impunidad para un gobernador que desató una amplia rebelión popular, y al que su partido ni siquiera defiende explícitamente. La acción cae sobre un gobierno al que le queda poco más de un mes. Fox, si bien ha reprimido ferozmente una serie de conflictos obreros (con muertos como en el caso de los mineros y otros), duda en despedirse del poder con una masacre en contra de toda una comunidad. En todo caso, una masacre abierta, ya que no hay que olvidar que desde mediados de año a esta parte las bandas del gobernador Ruiz han asesinado a ocho miembros de la APPO. Esta guerra de “baja intensidad” es tolerable para los cálculos del gobierno mexicano. Lo que ya provoca muchas más dudas es que la situación nacional soporte la suma del fraude en las elecciones nacionales y una represión abierta en Oaxaca.

La cuestión institucional

La “desaparición de poderes” es una figura jurídica existente en México a la que se recurre en conflictos que, como en este caso, mediaticen el poder estatal. Una parte de la población de Oaxaca puso sus esperanzas en que mediante esta figura se pudiese sacar a Ulises Ruiz, ya que su aplicación traería el nombramiento de un gobernador interino por parte del Senado y la convocatoria a nuevas elecciones en el estado.

La aplicación de la “desaparición de poderes” legitima la rebelión oaxaqueña pero también lo hace, parcialmente, con el régimen, ya que hubiese hecho a un lado a Ulises Ruiz.

Esta vía hubiese significado alejar la posibilidad de una represión abierta por parte del estado burgués mexicano, pero también implica una política de reabsorción de la situación de doble poder en Oaxaca. Es decir, instituye entre los dos poderes en pugna a un nuevo poder delegado del estado, que es provisorio pero que también implica un grado de legitimidad mayor al del anterior. Para ser claros en este punto: la “desaparición de poderes” a la que apostó el PRD para sacar provecho de Oaxaca y a la que apostó una parte de la población oaxaqueño es una estrategia de reabsorción. Implica encarrilar dentro de la institucionalidad existente a una lucha popular que la desbordó. Puede ser lícito recurrir a ella en un plano táctico, pero no puede ser el centro de una estrategia obrera y popular. Por supuesto, a la distancia no abrimos juicio sobre cuestiones tácticas, sino que nos referimos a un aspecto más general del problema, que hace una cuestión de vida o muerte para cualquier proceso de estas características: actuar con una perspectiva independiente del régimen existente.

Se impide la traición

Paralelamente a la discusión en el Senado, en la instancia regional del sindicato de maestros se registró un importante acontecimiento. Rueda Pacheco, principal dirigente sindical del magisterio local, impulsó una consulta a las bases docentes sobre si continuar la huelga o no. Inicialmente, este planteo estaba vinculado a que el Senado sancionase la “desaparición de poderes”, cosa que no ocurrió. La dirección regional de los maestros, de esta forma, quería hacer un “gesto de buena voluntad” en un momento en que era perjudicial. Sin ir más lejos, el miércoles 18 había sido asesinado Pánfilo Hernández, maestro de educación indígena y miembro de la APPO.

Aun a la distancia que tenemos con respecto al terreno de la acción, sabemos que es frecuente que en conflictos tan largos y duros como el que protagonizan hace meses los maestros de Oaxaca haya sectores de la base que quieran largar la pelea antes de que llegue a su punto de definición. Las burocracias sindicales de todo pelaje siempre se suben a ese colectivo para llevar adelante su política de convivencia con el estado burgués.

Sin embargo, a Rueda Pacheco la cosa no le salió bien. Porque por más que la dirección sindical quería hacer su “gesto” a cambio de nada, el resultado de la consulta (que mostraba una mayoría a favor de levantar la huelga) fue impugnado por la asamblea estatal de secretarios generales, formada por centenares de miembros y que es el segmento sindical más claramente conectado con la base. Rueda Pacheco había llevado adelante un fraude muy desprolijo en el que las cifras de votos no coincidían con las de votantes. Esto generó una situación de repudio entre los activistas docentes, las organizaciones de mujeres oaxaqueñas y los miembros de la APPO. Rueda Pacheco tuvo que escapar disfrazado y escondiéndose de la ira popular.

Cabe recordar que a pesar de los manejos de la dirección sindical, en el magisterio mexicano existe una muy importante tradición de organización por abajo que ha tenido continuidad a lo largo de décadas.

Los maestros, la huelga y la APPO

Por otra parte, la relación entre el sindicato de maestros y la APPO introduce una cuestión estratégica a la que no hay que sacarle el cuerpo. El sindicato de maestros es la organización más importante y poderosa de la APPO. En el número anterior de SoB subrayamos que este componente de trabajadores daba una enorme importancia a la lucha de la Comuna de Oaxaca y un matiz diferenciado respecto de la lucha contra el fraude o el escenario de Chiapas.

El hecho de que existan sectores de los maestros que piensen que es el momento adecuado de abandonar la lucha no desmiente esa afirmación, sino que obliga a ver la realidad en toda su complejidad. En esto hay dos aspectos: uno estructural, que hace a la lógica de los sujetos sociales, y otro estratégico.

El primero muestra a los maestros divididos en relación a la perspectiva de su lucha. Se advierte, sin embargo, la presencia de una vanguardia gremial que impulsa el proceso con todo y que se encuentra perfectamente integrada a la APPO. También existe un sector confundido por la dirección sindical, aunque es difícil dar cuenta de su entidad. A esto hay que sumar el fuerte impacto militante que genera el accionar de los demás sectores de la APPO en todo el estado de Oaxaca. Se ve a pobres urbanos, jóvenes, indígenas, comunidades campesinas, excluidos que no han tomado la vía de emigrar a EEUU, etc., hacerse cargo de tareas de abastecimiento de alimentos en los campamentos de la APPO en todo el estado, así como de la vigilancia de los barrios populares contra los delincuentes (incluidos muchos recientemente liberada por Ulises Ruiz para usarla contra la APPO). Es decir, se ve al componente de tipo más popular, que está por fuera de la relación salarial, tomando un papel quizás más activo que el sector de trabajadores. Esto no debe asombrar, ya que en momentos de agitación política estos sectores suelen salir muy abruptamente de su pasividad y, como tienen menos que perder que el sector estructurado, toman una acción más radicalizada.

Y aquí entramos a la segunda cuestión, la estratégica. Los socialistas revolucionarios somos partidarios de realizar todo tipo de consultas a las bases en medio de una lucha sindical (incluso, en ciertas condiciones, con voto secreto). Pero no somos puramente sindicalistas. Y además la pelea en Oaxaca va más allá de lo sindical, aunque haya empezado por un conflicto de este tipo. Desde nuestro punto de vista, puede haber consultas a la base, pero la dimensión que ha tomado la lucha oaxaqueña impide que encuentre un punto de resolución en un mero referéndum interno sindical. Ésta sería una política sindical completamente corporativa y reaccionaria. En el caso concreto de Oaxaca, cualquier decisión por parte de los maestros respecto a su conflicto tiene que procesarse en una instancia mayor que es la APPO, que tiene características de organismo de poder dual. Esto puede implementarse de muchas formas. Pero de lo que no cabe duda es de que los trabajadores no pueden convertirse en caudillos de los sectores oprimidos si llevan adelante una política sindical corporativista que vota si sigue o levanta sin tener en cuenta al resto de los sectores en lucha, que al fin y al cabo entraron en la pelea impulsados por la represión a los maestros.  

Defendamos la comuna oaxaqueña

Continuando con el llamado de nuestra anterior edición, proponemos una campaña en defensa de la lucha de Oaxaca. Hay que dar a conocer la situación entre todo el activismo sindical, estudiantil, de derechos humanos y entre toda la población trabajadora. Las organizaciones de la izquierda anticapitalista latinoamericanas tenemos que coordinar una campaña en común frente a las dependencias consulares del estado mexicano para dejar a la vista que la pelea en Oaxaca excede el marco nacional y cuenta con el apoyo de millares de latinoamericanos. Esto incluye exigir a los gobiernos sedicentemente izquierdistas de la región, especialmente al de Hugo Chávez, que se comprometan en acciones concretas para evitar cualquier represión al pueblo oaxaqueño.