Después de San Vicente

El gobierno de las patotas

En nuestra edición anterior decíamos que estábamos ante una crisis política latente o larvada, y que ésta no había terminado de desplegarse plenamente. En estos últimos quince días, estos elementos no pararon de desarrollarse y se siguen acumulando nuevos hechos que golpean al gobierno, a sus más importantes aliados y a sus más importantes iniciativas políticas. En poco más de un mes, se ha pasado de una situación de relativa estabilidad social y política a una coyuntura que, por primera vez desde que asumió Kirchner, tiene al gobierno a la defensiva. A esto puede agregarse la posibilidad de una derrota electoral en Misiones, donde el protegido de Kirchner, Carlos Rovira que hace uso del peor clientelismo pejotista, ve amenazada una victoria que creía segura en las elecciones para reformar la Constitución y permitir su reelección indefinida.

La “relegitimación institucional”, bajo fuego

La desaparición de López cuestiona toda la política del gobierno en derechos humanos por derecha, pero no lo convierte en víctima sino en responsable directo. La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final tuvieron como objetivo fundamental cerrar el “que se vayan todos” del Argentinazo por la vía institucional.  La política de derechos humanos de K fue una de las avanzadas del gobierno “progresista” para relegitimar las instituciones y congraciarse con la sociedad. Pero es desde las propias instituciones, de los aparatos de seguridad o por lo menos con su complicidad que se cuestiona esa política y se intenta golpear a la vanguardia independiente.

La gravedad de la desaparición de López es mucho mayor de lo que admite el gobierno, con la ayuda de los medios que, gradualmente, van barriendo el caso debajo de la alfombra. No se trata sólo de que la vida del compañero está en peligro cierto y las expectativas son más pesimistas a medida que pasan los días (cosa que normalmente a los gobiernos patronales les importa poco). Hubo además una sucesión de agresiones y amenazas a militantes de los organismos de derechos humanos y de la izquierda, a lo que se suman otras a jueces y fiscales. Nada de esto ha sido esclarecido ni existe un solo acusado por estos hechos. Siquiera el menor indicio.

De esta manera, toda la política del gobierno de relegitimación “por izquierda” vía los “nuevos juicios” está en entredicho: ¿cómo van a continuar los juicios programados si hay continuas amenazas a fiscales y testigos sin que nadie identifique ni mucho menos frene a los intimidadores? ¿Qué garantías ofrece K de que no va a haber un nuevo caso como el de Julio López, si a más de un mes de su desaparición debe reconocer que no tiene la más mínima pista? ¿En qué posición quedaría el gobierno si hay un hallazgo macabro al respecto?

Todas preguntas sin respuesta que le abren al gobierno un potencial frente de profundización de la crisis.

“Descansando en paz”

El traslado de los restos de Perón al Mausoleo, a cargo de la CGT, es parte de un operativo mayor que viene haciendo la burguesía y este gobierno: lavar la imagen de la burocracia sindical para que pueda cumplir su rol traidor en forma eficiente. Es decir, su rol de carcelero de la clase trabajadora. Los “gordos” más allá que mantengan en buena medida el control sindical, son impresentables para la sociedad y no puedan cumplir esa función fundamental para la burguesía: tener controlados a los trabajadores.

El operativo “lavada de cara” estuvo centrado en Moyano y en su sector, que habían mantenido cierto perfil opositor al menemismo y cierta aura luchadora. El acto en las puertas de la CGT y el final en San Vicente era parte de esta política de consolidación de la burocracia y su acuerdo con el gobierno. Este operativo relegitimador quedó fuertemente herido por los hechos de San Vicente. El gobierno, en defensa de la burocracia y en defensa propia, salió a esgrimir un supuesto complot señalando hacia Duhalde. Pero el juez de la causa aseguró que “el tema del complot hace un par de años que lo vengo escuchando en distintos momentos políticos: parecería que es algo grave, pero nadie aporta pruebas para poder investigarlo”.

Las consecuencias del escandalete del 17 están todavía por verse. Kirchner ha dicho a algunos medios internacionales, que el hecho le costó “un millón de votos”. Pero al mismo tiempo, hace todo lo posible para que Moyano no sea desplazado de la CGT y salga lo menos debilitado posible porque lo necesita para que intente en 2007 lo que hizo en 2006: es decir, ser el garante de que el movimiento obrero en su conjunto acepte la pauta de techo salarial. Si este año el aumento fue del 19%, para 2007 se baraja no más del 12 ó 13%. Y Kirchner necesita un Moyano lo más fuerte posible para hacer pasar esa miseria y mantener la conflictividad obrera más o menos bajo control.

La “base política activa” que sustenta a Kirchner

Hace rato que el gobierno encontró una base político/material que lo sostenga: el aparato del PJ y el aparato de la burocracia, junto con el asistencialismo clientelar de D’ Elía (FTV), Pérsico (MTD Evita) y otros por el estilo. La imagen del presidente, el día después de los hechos de San Vicente, diciendo “que intentan frenar el cambio”, mientras a su lado estaba el impresentable intendente de José C. Paz Mario Ishii y entre los concurrentes destacados estaba el aún más impresentable Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, entre otros varios personajes por el estilo, hubiera sido cómico si no fuera patético. Más allá del discurso de la “nueva política” y de la “transversalidad”, la realidad es que su capacidad de movilización real se asienta sobre aparatos descompuestos hasta la médula.

Los lamentos de las figuras de la oposición reflejan una paradoja: los defensores de la “institucionalidad” política no tienen partido (el ARI de Carrió no califica, el PRO de Macri es más una marca comercial que una organización real y de la UCR, para qué vamos a hablar), pero el único partido nacional burgués digno de ese nombre es un antro de mafias descompuestas e incontrolables. Lo que establece, por ahora, otro límite insuperable para la relegitimación del régimen.

El gobierno de las patotas

En la desaparición de López el gobierno es responsable por omisión por no proteger a un testigo clave de las patotas procesistas y por haber mantenido las continuidad de esas patotas en los organismos de seguridad.

En el Hospital Francés la responsabilidad del Ejecutivo es directa. Fue el gobierno nacional quien intervino el Hospital hace casi cuatro meses y la intervención entró con la patota del “Tuto” Muhamad desde el primer día. El 10 de octubre, la patota de Salvatierra-Muhamad-Kirchner desató una brutal agresión contra los trabajadores del hospital. Hasta el día de hoy no sólo la mantiene sino que la defiende a capa y espada, a pesar de que el repudio a la patota entre los trabajadores y sectores populares fue masivo.

Si faltaba algo para terminar de convencer hasta a los más incrédulos de que este gobierno es un gobierno de patotas, la burocracia montó el espectáculo de San Vicente.

El impacto negativo que significa para el gobierno quedar pegado –la necesidad tiene cara de hereje– a un Moyano que sacó patente de organizador de mafiosos parece empezar a tener impacto en su imagen positiva. 

Cuentan que Kirchner, durante las peleas del 17, se agarraba la cabeza pensando en el costo que tendría el hecho para su reelección. Esto empezaría quedar confirmado por las últimas encuestas.

El gobierno ahora intenta posar de “duro” y de “hacer caer todo el peso de la ley” sobre los lúmpenes del aparato que quedaron más en evidencia. Pero por más esfuerzos que haga el gobierno para echar tierra al asunto, es indudable que los coletazos del 17 no terminaron, y el costo político a pagar todavía es incierto.

Rodear de apoyo al Francés para que ganen los trabajadores

En este marco de una coyuntura de crisis política latente o larvada y donde cualquier hecho podría terminar, finalmente, de hacerla explotar, comienza a despuntar una serie de luchas entre los trabajadores ocupados. El paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires fue masivo y refleja la bronca por el retraso salarial. Los trabajadores de las terciarizadas de Telefónica y Telecom han vuelto a la carga para que se los incorpore al convenio telefónico. Pero sobre todo, el hecho central, es que sigue la lucha de los trabajadores del Hospital Francés, lucha que se proyectó nacionalmente y es una parte integrante fundamental de la nueva coyuntura abierta marcada por la crisis política gubernamental (cuestión que siquiera los propios trabajadores del hospital llegan muchas veces a visualizar). Hasta el cierre de esta edición, el impresentable interventor Salvatierra sigue ahí. Redoblar el apoyo a la lucha de los compañeros, el sostenimiento de su fondo de huelga, y la realización de de actos para arrancarle otro triunfo a un gobierno que atraviesa un momento de cierta debilidad imponiéndole el retiro de la intervención patotera y la estatización bajo control de los trabajadores del Hospital.