Los antecedentes

Cuando la consigna es destruir al proletariado minero 

Por Martín Squatter, desde Huanuni para Socialismo o Barbarie

El conflicto se viene dando desde la misma “relocalización” de los mineros. En 1985, la ley 21060 despidió la flor y nata del proletariado minero: unos 27.000 obreros de la Comibol. Aquí nace la mayoría de las cooperativas, si bien el Fecomin se creó en 1968. La explotación de Huanuni se privatiza en el 2000, cuando Sánchez de Lozada la entrega a la empresa inglesa ADM.

En el 2003/4, la empresa es intervenida por incumplimiento de contrato y de inversión. Es allí que la Comibol empieza acciones legales solicitando la intervención judicial ante una suma de irregularidades y fraudes. Esto da pie a una intensa lucha de los mineros de Oruro para que los yacimientos vuelvan a manos de la empresa estatal. De esta lucha, se le arranca al gobierno neoliberal la ley 2400, que viene a revertir el artículo 91 del código minero, ley 1777.[1]

Pero lo escandaloso del caso es que (con fino “olfato de clase” antiobrero), el gobierno “popular” de Evo Morales no sólo no implementa esta ley (que devuelve el yacimiento a la Comibol), no sólo se desentiende de la misma, sino que da vía libre para que las cooperativas puedan comprar acciones de la empresa. El conflicto se agrava cuando Evo, recién asumido, empieza una campaña para liquidar los únicos centros combativos del proletariado minero y terminar de privatizar definitivamente las minas, dándoselas a los cooperativistas. Este es el sentido político estratégico de su acción.

No es casual entonces que, cuando el mes pasado, los cooperativistas cortaron las rutas a Chile y Argentina y presionaron al gobierno para que les entregue nuevas concesiones en centros de trabajo, equipos, créditos y facilidades tributarias, los bloqueadores ligados al MAS pretendían que se fortalecieran las pequeñas y medianas unidades productivas en vez de las unidades estatales.

Para “descomprimir el conflicto”, el vicepresidente Álvaro García Linera aceptó las demandas de los cooperativistas, uno de cuyos puntos fundamentales es “no aumentar los impuestos que se pagan al estado”. De 500 millones de dólares que produce la minería media (en manos de empresarios como… Sánchez de Lozada, aún dueño de COMSUR) y cooperativa, el Estado sólo recibe 11 millones. Un saqueo escandaloso, que sigue en marcha bajo Morales. Porque la política minera del gobierno es de lisa y llana privatización. Y Huanuni no se aparta de la norma. Así ocurrió con el Mutún, concedido a la compañía india Jindal. La concesión a las cooperativas beneficia solamente a las trasnacionales, que no dejan nada en el país más que muerte. Y el gobierno hizo todo lo posible por reventar el movimiento minero sindicalizado.

Juicio de Responsabilidades al gobierno

Los mineros asalariados de Huanuni respondieron al bloqueo de los cooperativistas con otro por 1.500 puestos de trabajo y más inversión del Estado para la mina. Esto pasaba a principio de octubre atrás. La nueva inversión es viable por los altos precios del estaño. Y es imperativa para explorar y bajar hasta los niveles –320 (este nivel sería el más rico en mineral), donde se presume que el yacimiento podría dar para cuarenta años.. Los nuevos contratados serían del mismo centro minero y de campesinos de la zona. En este caso, no fueron sólo los mineros los que salieron a bloquear: un sector de los campesinos los apoyaba. Y, para aumentar la presión, 300 amas de casa salieron a bloquear otro punto de la ruta de Machacamarca, cortando vías que van al sur del país. El gobierno, fiel a su doble discurso y a su duplicidad en el actuar, ha concedido a ambas partes reclamos que obviamente son antagónicos; sólo buscaba descomprimir y ganar tiempo para ver si las cosas se resolvían sin grandes concesiones...

Lo que pasó fue todo lo contrario: el sector hasta hace poco ligado al MAS, resolvió en una asamblea tomar por asalto la empresa minera, con las consecuencias que están a la vista. El presidente ahora dice que hubo “como quince reuniones y nunca se pudo llegar a un acuerdo con ambas partes”. La cuestión es que la propuesta de parte del gobierno era siempre “compartir los lugares de trabajo”, siendo que las políticas de trabajo entre los dos sectores son antagónicas.

El nuevo discurso del MAS, tras la tragedia, es revertir lo sucedido diciendo que “es prioritario nacionalizar la minería y refundar la Comibol”. Además, removió al ministro de Minería, Villarroel, que provenía del cooperativismo minero y que se dio el lujo de acusar, en el primer día de los hechos, “al sector asalariado”. Le duró poco: hoy, hasta su propia base, pide su cabeza.

Pero éste es el mismo gobierno que no puede sostener una Constituyente implantada pacto de por medio. O que anunció una “nacionalización” de los hidrocarburos que, hoy por hoy, no ha dado ni una luz de verdad, que se diga que de un día para el otro se “cambiará” su política no se lo cree nadie.

Por ejemplo, uno de los ejecutivos de la Federación de Mineros de Huanuni, Roberto Chávez, plantea que el gobierno “no puede lavarse las manos porque tenía conocimiento, horas antes de la arremetida, que planeaban los cooperativistas”.

Por su parte, la COB (Central Obrera Boliviana), en su último Ampliado Nacional de Emergencia, resolvió el inmediato inicio de un “juicio de responsabilidades a Evo Morales como responsable del equipo gubernamental y a sus Ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Alicia Muñoz; y del ex Ministro de Minería, Walter Villarroel, por haber protegido e incentivado las acciones de los cooperativistas mineros.

Notas:

1. Dice la ley: “La Corporación Minera de Bolivia asumirá la dirección y administración directa, plena y definitiva de las actividades mineras y metalúrgicas, consistentes en el derecho de prospección, explotación, exploración, concentración, fundición, refinación y comercialización. Cuando los contratos adjudicados mediante licitación, exceptuando sociedades cooperativas mineras, no puedan continuar en el marco contractual pactado y particularmente cuando se produzca quiebra, quiebra fraudulenta, impericia, incumplimiento legalmente comprobados, que atenten a los intereses del estado”.