Condena a Etchecolatz, desaparición de López y patota en el Hospital Francés

Una crisis política latente y polarización

La desaparición de López ha dejado al gobierno K en una situación de crisis política latente o larvada; una crisis que no ha terminado aún de desplegarse plenamente. Luego de una primera semana de mirar para otro lado (para el ministro del Interior, López estaba “en la casa de su tía”...), el gobierno dio un giro. Desde arriba, puso en marcha un amplio operativo de búsqueda con el premeditado objetivo de convencer a amplios sectores de masas que el principal blanco del ataque es el propio Kirchner, que no tendría ninguna responsabilidad en los hechos. Y si bien luego de la desaparición del compañero ha seguido una andanada de amenazas y aprietes sobre cuyo origen el gobierno tampoco tiene idea, Kirchner ha evitado, hasta ahora, la apertura de una crisis política en toda la regla.

Sin embargo, la coyuntura está muy dinámica. Al cierre de esta edición, una patota (la barra brava de Chacarita, amparada por el interventor K), ha entrado al Hospital Francés repartiendo palos a diestra y siniestra. Esto ha generado un amplio repudio democrático que ha trascendido a los medios de comunicación nacionales. Los sentimientos democráticos se han ido sensibilizando y, en cualquier momento, podrían eclosionar en una amplia movilización o irrupción de masas que hasta ahora el gobierno ha logrado evitar.

Cualquier nuevo giro en la situación en lo que hace a la desaparición de López (por ejemplo, un hallazgo macabro) podría transformar esta crisis política latente o potencial en una abierta crisis política,  la más importante bajo el gobierno K.

¿Semana Santa K, giro reaccionario o coyuntura de polarización?

Dos interpretaciones, igualmente unilaterales, se han tirado a rodar desde la izquierda para caracterizar el actual momento político a partir de la desaparición del compañero López. Estaríamos o bien ante la “Semana Santa de K” (el caso del PO) o bien ante una “coyuntura reaccionaria” (entre otros, el PTS). Entendemos que ambas interpretaciones, aun teniendo elementos de verdad, son unilaterales.

Respecto de la primera, hay que constatar que, hasta ahora, el gobierno no ha dado un giro en su política inaugurada con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es decir, aún no ha capitulado ante los genocidas, como sí lo hizo Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987. Si bien es un hecho que los indultos no han sido anulados, es evidente que en el terreno de la política de “derechos humanos”, los elementos de ruptura de K con las orientaciones de los 90 todavía sobresalen por encima de los elementos de continuidad.

Hasta ahora, el gobierno no ha decretado un nuevo “punto final”. Por el contrario, por boca de Alberto Fernández, ha salido a rechazar los pedidos de amnistía vertidos en el acto derechista del 5 de octubre en la Plaza San Martín. Esto no quiere decir que no pueda hacerlo en el futuro, o que su ya limitada y en última instancia tramposa política “reformista” en el terreno de los DDHH no incorpore, después de estos hechos, aún más límites y tibieza.

Esta realidad es la que explica que, hasta ahora, estos hechos no signifiquen una “bisagra” categórica en la experiencia de las masas con el gobierno K, como sí lo fueron los de 1987 con el gobierno radical, que a partir de esa Semana Santa comenzó una caída en picada que no paró hasta su salida anticipada del poder.

Pero también es unilateral la interpretación simétrica y opuesta de que estaríamos ante un giro a la derecha de la situación política. Esto todavía no es así. Es evidente que se han ido acumulando una serie de elementos reaccionarios; el más grave, gravísimo, es la propia desaparición del compañero López. Pero creemos que este hecho expresa, centralmente, un zarpazo fascista pero defensivo, que no alcanza –por lo menos, no aún– a imponer un giro reaccionario en el conjunto de la situación política.

Ubicarse de esa manera es peligroso en un doble sentido. Por un lado, contribuye a hacer pasar una política que tiende a diluir la responsabilidad política de K en los actuales acontecimientos.[1] Y además, puede ayudar a plantear una orientación de “frente único con el gobierno”, lo que sería un error completo: de ninguna manera estamos ante las puertas de un golpe de estado ni nada que se le parezca, hecho que sí nos podría ante la obligación de defender incondicionalmente al gobierno K, aunque sin darle un gramo de apoyo político.

Una nueva coyuntura con elementos de polarización política

En todo caso, es un hecho que ha habido cambios en la coyuntura. Veníamos en un período muy “planchado” y con elementos defensivos en lo que hace a las luchas reivindicativas de los trabajadores. Pero la condena a Etchecolatz y la desaparición de López muestran la emergencia de un período político en el que pegan un salto elementos de polarización política, aun con continuidad del carácter defensivo de las luchas.

No se trata sólo de nuestro país. En las últimas semanas, en el conjunto de Latinoamérica parecen estar introduciéndose elementos de este tipo. Es el caso en México, con el fraude y el desarrollo de la comuna popular en Oaxaca, ahora bajo amenaza inminente de ser reprimida. O el enfrentamiento en Bolivia entre los mineros asalariados y los cooperativistas pequeños propietarios en Huanuni, que dejó 16 muertos y más de 60 heridos, al tiempo que sigue la crisis en la Constituyente y en la pseudo nacionalización del gas.

Toda esta evolución de la situación no es accidental: está inscripta en la lógica del ciclo político regional que estamos transitando. Lógica que combina condiciones de rebelión popular larvada con el surgimiento de gobiernos de mediación electoral “progresistas”, pero donde NO se han resuelto los problemas de fondo. Y comienzan a aparecer sectores de la propia burguesía –incluida la Iglesia– que buscan poner límites al arbitraje desde arriba que hacen estos mismos gobiernos de los intereses patronales y sociales. Es el caso de la derecha reaccionaria de Podemos en Bolivia, de haber cortado el acceso a la presidencia de Obrador en México, del ascenso electoral de la oposición a Chávez en Venezuela o, incluso, de la candidatura del obispo Pigna en Misiones.

La propia dinámica de la situación política está llevando a estos elementos de polarización: es el choque entre las tendencias reales (las contradicciones sociales no resueltas) y las mediaciones formales (el hecho de que, en última instancia, con la “democracia” en verdad “no se come, no se educa y no se cura”.

Pero se trata de un choque de tendencias no resueltas, de una situación completamente abierta que podría derivar –aquí y allá– en una reapertura de la crisis latente, más que un giro en redondo a la derecha, como se argumenta, de manera impresionista, desde una serie de organizaciones de la izquierda.

Es en este marco que hay que inscribir la desaparición de López. Este zarpazo fascista muestra el polo reaccionario de esta realidad de polarización de los enfrentamientos. Por esto mismo, hay que estar en la primera línea de combate contra este feroz ataque que no se puede dejar pasar.

¿Por qué no han entrado aún las masas en la pelea democrática?

Fundamentalmente, por responsabilidad del propio gobierno K. El “mega operativo” montado desde arriba dando a entender que “el Estado está haciendo de todo” para encontrar a Lopez, los mensajes de texto que llegan a los teléfonos móviles, la recompensa, etc., todo esto no prueba más que la inutilidad del propio aparato estatal y represivo para encontrar al compañero secuestrado por miembros de ese mismo aparato. Sin embargo, sí sirve para “adormecer” a los trabajadores y las masas que en su mayoría se ha interesado por el caso, pero no terminan de comprender su gravedad.

Es decir, la acción del gobierno ha estado enfocada, precisamente, a evitar que masivamente se pongan en acción. A esto contribuyen –como no podía ser de otra forma– los dirigente sindicales de la CGT y la CTA, a los que no se les ha pasado por la cabeza llamar a un paro general por la aparición del compañero.

Es por esto mismo que, si bien el llamado a la movilización debe ser unitario incluyendo a muchos de aquellos que aún confían en K, subrayar la responsabilidad del gobierno en la desaparición de Lopez es de inmensa importancia. No se puede ni se debe soslayar que el propio gobierno que impulsó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es el garante de la continuidad de las fuerzas represivas connaturales al carácter capitalista del Estado y del gobierno. Un aparato represivo que actúa una y otra vez, a instancias del propio gobierno, contra los trabajadores, como se ha podido ver con los petroleros de Las Heras o ahora, nuevamente, en el amparo a la patota del Hospital Francés.

Como aprendiz de brujo

No sería la primera vez que un gobierno capitalista como el de K oficie de “aprendiz de brujo”: es decir que desate con su acción desde arriba consecuencias por abajo que vayan más allá de sus intenciones. Es el caso de la anulación de las leyes de impunidad. Se trata del terreno más “reformista” del gobierno de Kirchner, en el cual, efectivamente, se dio un giro en redondo respecto de las políticas prevalecientes en la ultima década y media. Pero esto no quiere decir que haya sido el gobierno el que haya impulsado juicios como el sustanciado a Etchecolatz. Y, menos que menos, la imposición de la figura del genocidio. Si esto ha ocurrido es porque entre las brechas abiertas “en las alturas” estuvo la acción independiente de los sectores de organismos de derechos humanos que no han sido cooptados por el gobierno y que fueron los que impulsaron el juicio y la condena de este genocida a cadena perpetua. Ha sido la lucha popular y no el Estado la que obtuvo el inmenso triunfo del castigo a este asesino serial, como lo definió el propio López.

El caso es que la imputación de haber cometido delitos de lesa humanidad configurado dentro de la caracterización de “genocidio” planificado que se hizo de la dictadura militar implica la imprescriptibilidad de los delitos.[2] Y, por tanto, la eventualidad de la apertura de decenas de juicios a genocidas, que podrían alcanzar no sólo a personal retirado, sino a camadas más jóvenes en actividad.

En verdad, el gobierno, que sólo buscaba un terreno “gratis” desde el cual llevar a cabo la relegitimación de las instituciones de la “democracia” dañadas luego del “que se vayan todos”, ha contribuido a generar una dinámica de polarización política (crítica recurrente de la Iglesia y la oposición). En primer lugar, al constatarse que para los militares no hay “seguridades” ni una línea que separe claramente quiénes serán afectados y quiénes no por esta nueva ronda de juicios. El eventual efecto “derrame” del fallo a Etchecolatz puso en alerta a todos los genocidas. De ahí el zarpazo fascista del secuestro a López, que polariza y puede, eventualmente, radicalizar toda la situación política al introducir un elemento “setentista”.[3]

El acto derechista del 5 de octubre

¿Cuáles son los elementos “polares” de esta situación? Uno ha sido el triunfo que ha sentado un precedente histórico de la condena a perpetua de Etchecolatz. Y otro, como brutal respuesta, el secuestro del compañero López. Es en este marco que se debe inscribir el acto de la Plaza San Martín del pasado 5 de octubre.

Nos parece un error decir que de trata del mismo sector que secuestro a López. Sin duda, puede haber vínculos entre unos y otros. Pero los métodos puestos en práctica son distintos. La desaparición “muda” de López ha sido lisa y llanamente, una acción fascista. El acto del 5 fue una demostración política ultraderechista pero, hasta ahora, dentro de los marcos de la democracia burguesa. Es decir, se trata de un sector que no ha pasado –no aún– a la “acción”. De ahí también el programa del acto: la exigencia de una “amnistía”, que el gobierno gire 180 grados en su política, volviendo a los 90, y el pedido de la realización de una “consulta popular” alrededor del tema.

La puesta en marcha de una campaña política alrededor de estos reclamos reaccionarios y de la reivindicación de la dictadura militar y la “lucha contra la subversión” puede intentar crear las condiciones para pasar a la acción y transformarse en grupos fascistas. Pero todavía no se trata de esto, sino más bien de movimientos “defensivos” que apuntan a poner un límite, a evitar el “efecto derrame” de la condena a Etchecolatz y a asustar y “castigar” a los eventuales testigos.

Kirchner es responsable: paro general y movilización por la aparición de López

Ya hemos señalado que el responsable político de la desaparición de López y de la “desmovilización” es el propio gobierno. La mayoría de las corrientes de la izquierda y de los organismos de derechos humanos afirman que les parece “sectario” subrayar esta responsabilidad, como estamos haciendo desde el nuevo MAS. Pero sin señalarla no sólo no puede haber un castigo integral y efectivo a todos los genocidas –lo que necesariamente implica la disolución de los aparatos represivos– sino tampoco un impulso consecuente a la movilización obrera y popular.

El gobierno pretende “resolver” el problema desde arriba porque le teme como a la peste al ingreso a la lucha democrática de los trabajadores y las amplias masas. De ahí que la CGT y la CTA se han hecho bien los desentendidos a la hora de cumplir con una obligación elemental: convocar de inmediato a un paro general por la aparición de López.

Es esta la perspectiva por la que peleamos los socialistas revolucionarios. En última instancia, del ingreso de los trabajadores a esta pelea y de la masificación de la lucha democrática depende que se puedan parar en seco los zarpazos fascistoides. De no ocurrir así, necesariamente, van a tender a incrementarse y pueden, eventualmente, derivar en coyunturas reaccionarias. El ingreso de los trabajadores a la lucha democrática, la huelga general, la ocupación de lugares de trabajo y estudio y la masificación de esta pelea deben ser las palabras de orden de las corrientes revolucionarias.

Notas:

1. Por supuesto, la responsabilidad a la que aludimos es una responsabilidad política; de ninguna manera que Kirchner o su gobierno como tales estén involucrados en la desaparición de López.

2. En nota aparte se analizan las implicancias de esta figura jurídica.

3. Hay compañeros que creen que el grupo fascista que secuestró a López es semejante a la Triple A de los 70. Esto no es así. La Triple A bajo el último gobierno de Perón era una organización paramilitar alentada y amparada desde el propio gobierno. No es para nada el actual caso: Kirchner no alienta ni ampara a los secuestradores de López, ni éstos tienen la capacidad operativa de la Triple A. Más bien se trataría de sectores residuales y/o en actividad de la propia Bonaerense, lo que no quita la “profesionalidad” con la que han llevado a cabo el secuestro y eventual asesinato de López.